Presentan demanda contra el ministro Jorge Rivera del MICI por retraso en acciones ambientales

Presentan demanda contra el ministro Jorge Rivera del MICI por retraso en acciones ambientales

El abogado y ambientalista Harley Mitchel presentó una denuncia administrativa contra el ministro Jorge Rivera Staff del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) debido a un presunto retraso en la gestión ambiental de la mina de cobre en Molejón. La demanda fue interpuesta ante la Procuraduría de la Administración, argumentando una «inexplicable actitud de retraso» del ministro ante la situación de riesgo ambiental en la zona, tras el cese de operaciones de la mina.

Mitchel señaló que, según una consulta realizada por el propio ministro el año pasado, el procurador de la administración, Rigoberto González, respondió en enero de este año sobre las acciones posibles con el material remanente en la mina. El procurador estableció que la empresa minera podía negociar para costear el cuidado y mantenimiento del sitio.

En una entrevista con Telemetro Reporta, Mitchel afirmó que toda persona tiene el deber de controlar y evitar la contaminación ambiental, conforme al título VIII de la ley general del ambiente. Subrayó que, a pesar de la nulidad del contrato ley por parte de la Corte Suprema de Justicia, las normativas ambientales, mineras y administrativas necesarias para resolver la situación siguen vigentes.

La denuncia también advierte sobre un inminente riesgo de contaminación que amenaza a las comunidades cercanas, así como a la flora y fauna de la región. Además, critica que el informe del MICI, basado en una inspección al proyecto, carece de fundamentos legales y científicos adecuados.

Mitchel argumentó que la situación puede convertirse en «una bomba de tiempo» para la próxima administración gubernamental si no se toman medidas urgentes. Aunque el MICI inició en abril un proceso de licitación para una auditoría ambiental como parte del cierre de la mina, aún no se han divulgado detalles al respecto.

El MICI, por su parte, aseguró mediante un comunicado que no existe tal retraso en las acciones del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS). Indicó que se han solicitado los servicios de un laboratorio internacional para analizar el concentrado de cobre almacenado, con el objetivo de determinar su cantidad, calidad y características geoquímicas.

La controversia surge luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Minera Panamá, lo que llevó a la suspensión de las actividades de extracción y al cierre de la mina.