Presidente Mulino reversa restricciones de acceso a Información sobre arbitrajes del Estado

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha ordenado la inmediata derogación de tres resoluciones que restringían el acceso a información relacionada con procesos de arbitraje en los que el Estado panameño es parte. Las resoluciones, publicadas el viernes 13 de septiembre en la Gaceta Oficial, habían sido emitidas por los ministerios de Presidencia, Ambiente, y Comercio e Industrias, y limitaban la transparencia en temas arbitrales, tanto a nivel nacional como internacional.

Estas resoluciones clasificaban como reservados todos los documentos, memorias, correspondencia y cualquier información relacionada con los procesos de arbitraje en los que Panamá estuviera involucrado. Basándose en el artículo 15 de la Ley de Transparencia de 2002, las autoridades argumentaron que este tipo de expedientes debían ser tratados con confidencialidad, al igual que los judiciales y otros bajo la jurisdicción del Ministerio Público.

Sin embargo, Mulino ha reafirmado su compromiso con la apertura y la transparencia, y ha solicitado que las medidas restrictivas sean eliminadas para garantizar el acceso a la información pública. El mandatario recordó que, durante su administración, se han dado pasos importantes hacia una mayor transparencia gubernamental. Como ejemplo, mencionó la apertura de las actas de los Consejos de Gabinete, el acceso a información sobre las becas del Ifarhu, los subsidios agrícolas, y las contrataciones estatales que anteriormente eran opacas.

El presidente subrayó que espera que este lunes 16 de septiembre se formalice la derogación de estas resoluciones, lo que permitirá a los ciudadanos y medios de comunicación conocer los detalles de los procesos arbitrales que involucren al Estado.

Uno de los temas más relevantes en este contexto es el arbitraje iniciado por First Quantum y sus socios tras el cierre de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón. Este caso, junto con otras nueve reclamaciones activas contra el Estado, suma más de seis mil millones de dólares en demandas. Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de junio de este año, actualmente hay siete arbitrajes de inversiones en curso y dos más en procesos de anulación.

La decisión de Mulino busca equilibrar el derecho a la información con la confidencialidad necesaria en algunos procesos, manteniendo la transparencia como una de las prioridades de su gobierno.