Presupuesto para 2024 prioriza educación y justicia, pero necesita eficiencia en el gasto según la CCiAP

Presupuesto para 2024 prioriza educación y justicia, pero necesita eficiencia en el gasto según la CCiAP

La Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá  (CCiAP) considera que el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal 2024 se presenta como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos panameños. En medio del proceso electoral, surge la urgencia de revisar exhaustivamente el gasto de funcionamiento, con el objetivo de optimizar recursos y priorizar la inversión pública en áreas clave como la Educación y la Justicia.

Uno de los puntos de mayor preocupación para la CCiAP es el gasto en planilla estatal, que en los años 2020 al 2023 acumuló la cifra alarmante de B/. 15,341 millones. Se hace necesario analizar detalladamente esta área y reducir posiciones innecesarias y duplicidades en la administración pública para lograr una mayor eficiencia.

Asimismo, es vital revisar las leyes especiales que generan aumentos en el gasto de planilla sin una evaluación de desempeño que los respalde. Durante el mismo periodo mencionado, se destinaron B/. 2,532 millones a este concepto, lo que hace esencial una evaluación de aquellas leyes que no contribuyen al desarrollo de la sociedad.

La inversión en sectores estratégicos como la Educación es una apuesta acertada, y se plantea asignar el 7% del PIB en el presupuesto de 2024 para fortalecer este sector. Sin embargo, se enfatiza que el objetivo no es solo aumentar el gasto, sino mejorar significativamente la calidad del sistema educativo para beneficiar a la población.

En el área de la Justicia, es alentador que el presupuesto de 2024 contemple el 100% del monto solicitado para garantizar la efectividad de los programas y actividades. Se resalta la importancia de la independencia, seguridad y calidad de la justicia para consolidar el Estado de Derecho y proteger los derechos de los ciudadanos.

Un punto crítico a abordar es el cumplimiento de las obligaciones de cuentas por pagar a proveedores por parte del Estado, ya que las prolongadas demoras en los pagos afectan negativamente a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, generando incertidumbre en el sector privado y afectando a la población en general.