Proceso de cierre de la mina de Donoso genera dudas sobre costos y financiamiento

Proceso de cierre de la mina de Donoso genera dudas sobre costos y financiamiento

El proceso de cierre de la mina de Donoso, que podría extenderse por al menos 8 años y cuyo costo ronda los 800 millones de dólares, sigue siendo un tema nacional rodeado de incertidumbres, especialmente sobre quién y cómo se financiará. Luego de que el presidente electo José Raúl Mulino planteara el concepto de «abrir para cerrar» la mina, surgieron críticas y dudas sobre la viabilidad y detalles de este plan.

El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, abordó la compleja situación de la mina de cobre operada por Minera Panamá. Actualmente, la mina está cerrada y fuera de operaciones de extracción. En su más reciente declaración, realizada en TVN, Rivera Staff explicó que el concepto de «abrir para cerrar», propuesto por Mulino, no es nuevo en el mundo minero y podría ofrecer una solución temporal para mitigar los costos de mantenimiento y estabilidad de la mina.

Rivera Staff indicó que mantener la mina en condiciones ideales para evitar riesgos tanto físicos como químicos tiene un costo aproximado de 20 millones de dólares. «El concepto de abrir para cerrar la mina sería bueno, mientras se permite la explotación de minerales hasta un límite que cubra los costos de mantenimiento», comentó.

Este enfoque permitiría que la mina genere ingresos suficientes para cubrir sus propios costos de mantenimiento y un cierre ordenado, evitando que el Estado panameño asuma estos costos. Sin embargo, el abogado ambientalista Harley Mitchell advirtió que esta propuesta podría no ser suficiente y resaltó la necesidad de un amplio debate y participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el futuro de la mina.

El panorama legal alrededor de la mina también es complejo, con un proceso de arbitraje comercial en desarrollo y varias intenciones de arbitraje de inversión por parte de los accionistas de la empresa, basadas en cláusulas del contrato que fue declarado inconstitucional. Actualmente, el gobierno está en proceso de contratar firmas para apoyar al país en estos litigios.

En cuanto al plan de cierre de la mina, el ministro destacó la importancia de un enfoque ordenado y científico, guiado por un panel de expertos y con la inclusión de veedurías ciudadanas para garantizar la transparencia. Se ha elaborado un borrador de decreto ejecutivo para establecer este panel, que contará con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

El proceso de cierre, estimado en 800 millones de dólares, busca minimizar los impactos ambientales y sociales, y aprovechar el conocimiento científico local para una gestión adecuada. No obstante, el último informe de inspección indicó que el almacenamiento prolongado del concentrado de cobre representa riesgos ambientales y de seguridad, y su manejo queda pendiente para el próximo gobierno.

Mitchell concluyó que la situación actual de la mina, incluida la gestión del concentrado de cobre almacenado, representa una «bomba de tiempo» para la nueva administración, advirtiendo que entre más tiempo esté almacenado el material, mayores serán los riesgos y costos asociados.