David Ochy Diez, copropietario de la empresa constructora Transcaribe Trading, S.A. (TCT), llegó este martes a Panamá extraditado desde Costa Rica, tras la autorización de la Corte Suprema de ese país, para que enfrente cargos por presunto blanqueo de capitales relacionados con el caso New Business.

Ochy arribó a las 10:55 a.m. al Aeropuerto Internacional de Tocumen en el vuelo de Copa Airlines, proveniente de San José. Viajó bajo custodia de Interpol Costa Rica, cuyos agentes lo entregaron a sus pares panameños. Una vez en suelo panameño, fue trasladado directamente a la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de investigar a los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), como es su caso.

A su llegada, lo esperaban su abogado, Roberto Moreno, y los diputados del Parlacen Dorindo Jayan Cortés y Carlos Outten, ambos del partido Realizando Metas (RM). Ochy figura como suplente de Jayan Cortés, lo que le otorga fueros parlamentarios, y por ello su proceso corresponde a la Corte Suprema.

En el mismo vuelo también fue deportado el ciudadano panameño Yaukiol Núñez, acusado de homicidio, aunque se desconocen mayores detalles sobre su caso.

La detención de Ochy se produjo en Costa Rica el 5 de diciembre de 2023, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, de la cual fue sobreseído. No obstante, permaneció detenido tras la solicitud de extradición presentada por las autoridades panameñas debido a su presunta implicación en el caso New Business.

Este caso involucra el uso de la sociedad New Business como vehículo para la compra de acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), presuntamente con fondos públicos desviados durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Por este esquema ya han sido condenados Daniel y Dina Ochy Diez, hermanos del recién extraditado, así como el propio Martinelli —quien se encuentra asilado en Colombia— y varios empresarios y exfuncionarios.

Tras su comparecencia en la Corte Suprema, se espera que se celebre una audiencia de garantías para definir la situación procesal de David Ochy y las posibles medidas cautelares en su contra.

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La decisión fue comunicada mediante el edicto No. 84, publicado el pasado lunes en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, en el que se ratifica la validez de la orden de aprehensión contra Ochy, quien permanece detenido en Costa Rica desde mayo de 2023.

Panamá solicitó su extradición en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, más de un año después, el proceso no ha sido concretado, debido a una serie de recursos legales y porque Ochy enfrenta un proceso penal abierto en territorio costarricense.

La defensa del empresario alega que, al haber sido electo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Realizando Metas, le corresponde fuero penal y, por tanto, la competencia del caso debe recaer en la Corte Suprema de Justicia. No obstante, fuentes vinculadas al caso aseguraron que la orden fue emitida antes de que Ochy asumiera formalmente su curul en el Parlacen.

El pasado 19 de agosto de 2024, el Tribunal Superior también confirmó una decisión previa de la jueza Águeda Rentería, que negó una solicitud para que se reconociera el fuero del Parlacen y se dejara sin efecto la alerta roja emitida por Interpol.

En esa resolución, el tribunal sostuvo que no existía certificación de que Ochy hubiera sido juramentado como diputado, por lo que el proceso debía continuar su curso en el Juzgado Primero Liquidador.

Hasta ahora, David Ochy continúa detenido en Costa Rica, mientras las autoridades panameñas mantienen activa la solicitud de extradición y avanzan en el proceso judicial por el caso New Business, uno de los escándalos más sonados vinculados al presunto uso indebido de fondos públicos.

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La Juez Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez, ha emitido una orden de detención contra el expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrenta una condena de 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. La decisión fue comunicada por el Órgano Judicial el pasado jueves 22 de febrero.

Martinelli, quien ya tiene una sentencia firme por el caso New Business, se enfrenta ahora a una medida cautelar de detención, junto con una multa considerable y el decomiso de acciones de EPASA, como parte de las repercusiones legales de sus acciones.

La condena por el caso New Business fue ratificada previamente en julio del año pasado y nuevamente en octubre. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación el pasado 2 de febrero, lo que confirmó la sentencia condenatoria.

La orden de detención se basa en el Auto Vario n.°26 del 21 de febrero de 2024, donde el tribunal consideró que «existen suficientes elementos que fundamentan la aplicación de una medida cautelar distinta a la que mantiene el sentenciado». Se destacó además que ciertas evidencias presentadas por la defensa no cumplían con los requisitos legales para ser consideradas como prueba.

Se subrayó en la decisión que el expresidente ha incumplido sus obligaciones procesales desde su última comparecencia el 15 de enero de 2024, lo que aumenta el riesgo de fuga. Además, se mencionó la necesidad de garantizar la efectividad del proceso judicial y el incumplimiento de la medida cautelar de reporte como factores que respaldan la detención.

En resumen, la orden de detención contra el expresidente Martinelli se considera proporcional y necesaria para asegurar su comparecencia ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de recusación presentada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

La petición buscaba apartar a la magistrada María Eugenia López Arias del caso New Business. A través del Edicto 18 de este 24 de enero, se notifica a las partes sobre la decisión adoptada por los magistrados Juan Francisco Castillo (suplente de Ariadne García) y Maribel Cornejo, de la Sala Penal.

Carlos Carrillo, del equipo de abogados de Martinelli, presentó la solicitud de recusación contra López el pasado 12 de enero, argumentando que la magistrada tenía una enemistad con su cliente y, por tanto, no podía participar en la discusión del recurso de casación presentado para impedir que quede en firme la condena impuesta al expresidente por blanquear los fondos públicos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010.

La condena es de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones, dictada en julio pasado por la juez penal Baloisa Marquínez y ratificada en octubre por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. La recusación sostiene que Martinelli presentó varias denuncias contra López (la última se presentó este mismo miércoles) ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Ninguna de esas denuncias ha progresado o se ha decidido a favor de Martinelli.

Además de la recusación, la defensa de Martinelli también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2439 del Código Judicial, que especifica los requisitos para anular una sentencia.

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La juez penal Baloisa Marquínez ha dictaminado que el recurso de apelación anunciado por el Ministerio Público contra la sentencia que condenó a cinco personas, incluido el expresidente Ricardo Martinelli, y absolvió a otras 10 en el caso denominado New Business, no procederá. La juez consideró que el fiscal de la causa, Emeldo Márquez, presentó el recurso fuera del plazo establecido por la ley, por lo que lo declaró «extemporáneo».

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El fundamento para la decisión de Marquínez se basó en un informe que establece que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada anunció la apelación a través de un correo electrónico enviado al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales el viernes 21 de julio a las 6:53 p.m. Luego, el lunes 24 de julio, la fiscalía presentó la misma solicitud por escrito, la cual fue recibida en el juzgado después de la insistencia del fiscal.

Por otra parta, la defensa de los cinco condenados también anunció su intención de apelar las sentencias.

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ELIZABETH V. PÉREZ  | Panamá en Directo

La sentencia contra el expresidente Ricardo Martinelli ha generado diversas reacciones en diferentes sectores de la sociedad. Guido Rodríguez, exdirector de Panamá América, ha expresado su opinión sobre la posibilidad de que Editora Panamá América pase a ser propiedad del Estado.

Rodríguez afirmó: «Este escenario, contemplado en la sentencia de primera instancia, ocurrirá una vez que la sentencia sea firme y se ejecute correctamente. Es la consecuencia natural de bienes adquiridos de manera ilegítima, utilizando recursos públicos. Según la legislación penal vigente, el Estado tiene la facultad y la responsabilidad de intentar resarcirse».

Además, Rodríguez destacó que, en su opinión, la medida más adecuada para el resarcimiento sería que el Estado procediera a subastar los bienes una vez que la sentencia y el decomiso hayan sido confirmados.

Elecciones Generales 2024

Al contactar con la oficina de comunicaciones del Tribunal Electoral, el director Humberto Castillo declaró que el Tribunal no emitirá un pronunciamiento, ya que el caso aún se encuentra en la esfera judicial y no hay una sentencia firme al respecto.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Osman Valdés, director de organización electoral, explicó: «La norma establece que una persona con una condena mayor a 5 años por delito doloso en todos los cargos no podrá ser postulada».

Respecto a la posible candidatura presidencial de Ricardo Martinelli en caso de una sentencia ejecutoriada, Valdés afirmó: «Para el Tribunal Electoral, él es un candidato presidencial. Hasta el momento, no hay nada que indique lo contrario. Él aparecerá en las boletas presidenciales. Tendremos que esperar a que ocurra algo que no podemos anticipar y tendremos el tiempo necesario para ello».

El equipo legal del exmandatario Ricardo Martinelli ha anunciado que agotarán los recursos legales que establece la ley ante esta sentencia.

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El abogado defensor de Ricardo Martinelli, Carlos Carrillo, anunció que apelarán el fallo de la jueza Baloisa Marquinez, ya que asegura que no hay delito alguno.

Añadió que no es es posible que se condenara una persona por blanqueo de capitales si los fondos tienen un origen lícito.

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El acusado y su objetivo de adquirir un medio de comunicación con fondos estatales: el caso Epasa

OLMEDO RODRÍGUEZ para Panamá en Directo

Al analizar la conducta del acusado en relación a los hechos comprobados en los que participó, y con el fin de determinar la pena adecuada, se observa lo siguiente: en cuanto a la gravedad de la lesión o peligro y la intención de causar daño, se demostró que el acusado planificó y llevó a cabo acciones a través de intermediarios con el propósito de obtener beneficios provenientes de delitos contra la administración pública. Posteriormente, trató de disfrazar estos fondos ilícitos, perjudicando así el sistema financiero de Panamá. En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los actos delictivos se llevaron a cabo mientras el acusado ocupaba el cargo de presidente de la República de Panamá. Utilizó diversas técnicas y metodologías para ocultar, encubrir y evadir los controles legales establecidos en el sistema financiero. Esta conducta se mantuvo de forma continua en el tiempo.

La jueza también señala que se comprobó que el propósito de Martinelli al cometer el delito era adquirir un medio de comunicación escrito (Epasa) utilizando fondos estatales, lo cual se ha cuantificado en $9.6 millones. Además, se ocultó como el beneficiario final y poseedor mayoritario de las acciones de dicho medio periodístico. En relación a la conducta del acusado antes, durante y después del delito, se evidencia que llevó a cabo actos de planificación, coordinación y emitió instrucciones para estratificar los fondos ilícitos. Posteriormente, intentó ocultar la titularidad de los bienes adquiridos con dichos fondos mediante el uso de testaferros y otras personas intermedias, así como a través de la manipulación de sociedades anónimas y la omisión de emitir certificados de acciones correspondientes al medio de comunicación adquirido durante las transacciones económicas.

Al evaluar el valor o importancia del bien jurídico violado, se destaca que el acusado evadió los mecanismos de control del sistema bancario y financiero en general de la república de Panamá. Esto resulta especialmente preocupante debido a su posición como el funcionario de más alto rango del Estado panameño, ya que se espera que cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes. En cuanto a la relación de inferioridad o superioridad y las ventajas y desventajas entre el acusado y la víctima, al mantener el cargo de presidente de la República en el momento de los hechos, el acusado tenía la capacidad de ejercer control y manipulación sobre personas que tenían la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero local. Asimismo, pudo beneficiar y presionar a empresas contratistas que tenían contratos de obras públicas con el Estado para que colaboraran con él a través del pago de comisiones. Estas comisiones se utilizaron para adquirir el medio de comunicación y cancelar deudas de terceras personas como parte de un acuerdo verbal de compra de su participación accionaria.

Esta explicación se encuentra en el fallo emitido.

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El fiscal Alejandro Márquez presentó ante el tribunal su solicitud de condena para 13 imputados, entre ellos el ex presidente Ricardo Martinelli, por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales. En su petición, el fiscal argumentó que se trata de un delito continuado y pidió que se aplique la pena máxima en este caso.

Sin embargo, el fiscal también solicitó una sentencia absolutoria para Jack Btesh y Salomón Btesh. Según Márquez, ambos imputados no estaban al tanto de las circunstancias bajo las cuales se realizaron las transferencias de dinero, y actuaron a petición de sus familiares sin ningún tipo de intención dolosa en su participación.

En relación a Ricardo Martinelli, el fiscal Márquez lo señaló como autor del delito de blanqueo de capitales. De acuerdo con la acusación, Martinelli personalmente, y a través de terceros, transfirió fondos a la cuenta de New Business, a sabiendas de que dichos montos correspondían a contratos del Estado. Estas acciones generaron múltiples investigaciones por delitos como peculado y delitos financieros. Además, alega que Martinelli es el beneficiario final y ejerce control sobre Epasa.

El caso ha generado gran atención en el país debido a la relevancia de los implicados y a la gravedad de los delitos que se les imputan. El tribunal ahora deberá evaluar las pruebas presentadas por el fiscal y los argumentos de la defensa antes de tomar una decisión final sobre el caso.

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El juicio del caso «New Business» por blanqueo de capitales ha llegado a una etapa crucial, el fiscal Emeldo Márquez anunció que presentará la narrativa de los hechos probados y solicitará las condenas correspondientes al tribunal. El fiscal destacó que, junto con el fiscal Uris Vargas, han logrado determinar las tres fases del delito de blanqueo de capitales y han presentado pruebas contundentes de la estratificación del dinero proveniente de diversas sociedades.

Márquez expresó su confianza en que la explicación proporcionada durante el juicio ha sido suficiente para demostrar la comisión del delito y establecer la participación de los acusados. El fiscal afirmó que han recopilado pruebas sólidas que respaldan sus argumentos, lo que permitirá solicitar las condenas correspondientes en base a la gravedad de los delitos cometidos.

El caso de blanqueo de capitales involucra a diversas personas, entre ellas el expresidente Ricardo Martinelli, quien ha sido acusado de estar vinculado a esta actividad ilícita. El fiscal Márquez indicó que han logrado establecer la estratificación del dinero proveniente de diferentes sociedades, lo que respalda la acusación contra los implicados.

Con la presentación de la narrativa de los hechos probados y la solicitud de condenas, se espera que el juicio continúe avanzando hacia una resolución definitiva. El proceso ha captado la atención del público y de los medios de comunicación, debido a la relevancia de las acusaciones y la implicación de figuras políticas y empresariales destacadas.

El juicio continuará el cierre de los alegatos de la fiscalía y luego con los abogados defensores teniendo la oportunidad de presentar sus argumentos en respuesta a las acusaciones de la Fiscalía. Se espera que el tribunal tome en consideración todas las pruebas presentadas y emita un veredicto basado en la evidencia presentada durante el proceso judicial.

El desarrollo de este proceso representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en Panamá, y su resolución podría tener un impacto significativo en el sistema de justicia del país. La sociedad panameña está atenta a los acontecimientos y espera que se haga justicia en este caso de gran relevancia.

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