La decisión fue adoptada bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez y corresponde a la resolución No. 312-2025-Leg/PJ, emitida el 23 de septiembre de 2025. Aunque el fallo tiene fecha del 23 de diciembre, se conoció públicamente este lunes a través del edicto 228 fijado en la Secretaría de la Corte. En el documento no se explican las razones jurídicas que sustentan la inadmisión, pero se deja constancia del salvamento de voto del magistrado Cecilio Cedalise, cuyo período concluyó el mes pasado.

La acción legal había sido interpuesta por los diputados Janine Prado, Yamireliz Chong, Luis Enrique Duque, Lenín Alberto Ulate, Alexandra Brenes, Roberto Zúñiga, Jorge González, Jonathan Vega, Miguel Ángel Campos y Yarelis Rodríguez. En su demanda alegaban que el reglamento de la Contraloría excede los límites constitucionales al atribuirle funciones que, a su juicio, corresponden exclusivamente a órganos con potestad jurisdiccional.

Los diputados sostenían que la Constitución, en sus artículos 280 y 281, define a la Contraloría como un ente de fiscalización y control, encargado de examinar cuentas y presentar denuncias, pero no de juzgar ni imponer medidas cautelares. En ese sentido, argumentaban que las nuevas facultades invaden competencias propias del Tribunal de Cuentas, órgano que sí tiene atribuciones para decretar secuestros y retenciones.

Estas atribuciones generaron críticas desde distintos sectores jurídicos. Exmagistrados como Edgardo Molino Mola y Esmeralda de Troitiño advirtieron que la ley no le confiere a la Contraloría ese tipo de poderes. En la misma línea, el exprocurador Rigoberto González señaló que ni siquiera los fiscales pueden ordenar secuestros sin control judicial, y que el Sistema Penal Acusatorio reforzó precisamente ese filtro para evitar abusos.

Con la inadmisión de estas demandas, la resolución de la Contraloría se mantiene vigente, dejando abierto el debate sobre hasta dónde pueden llegar las facultades administrativas sin cruzar el terreno reservado al control judicial. Además de esta demanda, la Corte tampoco admitió otras tres acciones similares presentadas por los abogados Ángel Álvarez, Maciel Ramos Cogley y Gonzalo Walker Caballero, todas dirigidas contra la misma resolución.

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Ambos candidatos comparecieron el pasado 13 de octubre ante la Comisión de Credenciales del Legislativo, donde recibieron el aval unánime de sus miembros luego de exponer sus planes y criterios sobre temas relacionados con la administración de justicia.

Gisela Agurto ocupará la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise, mientras que Carlos Villalobos asumirá la Sala Primera de lo Civil en sustitución de la magistrada Ángela Russo. Ambos ejercerán por un período de diez años a partir del 2 de enero de 2026, fecha en que concluyen los periodos actuales de los magistrados salientes.

Durante la sesión plenaria, la diputada Janine Prado, integrante de la Comisión de Credenciales, destacó la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial. Citó el informe del Latinobarómetro 2024, que señala que el 67 % de los panameños no confía en el Órgano Judicial, cifra que calificó de “preocupante”. Prado instó a los nuevos magistrados a trabajar por una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía, en especial en los procesos civiles que suelen extenderse por largos períodos.

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La decisión, firmada por el Pleno de la Corte, establece que el acuerdo —aprobado el 18 de julio de 2024 y publicado en la Gaceta Oficial Digital el 8 de agosto de 2025— queda sin vigencia inmediata.

Según la comunicación oficial, la medida responde a la coyuntura económica que atraviesa el país, la cual no consideran propicia para implementar un beneficio de este tipo. No obstante, el fallo recalca que la reversión no significa renunciar a los principios de autonomía presupuestaria y financiera del Órgano Judicial.

El fondo de compensación había sido objeto de críticas desde distintos sectores políticos y sociales, que cuestionaban su pertinencia en el actual contexto económico. La Corte reconoció dichos señalamientos y señaló que, aunque mantiene la validez constitucional de su autonomía administrativa, resolvió revertir el acuerdo “entendiendo que el actual escenario económico no es el más idóneo”.

Con esta decisión, el tema queda suspendido, aunque la Corte dejó abierta la posibilidad de retomar iniciativas similares en un futuro bajo condiciones más favorables.

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La decisión fue adoptada la tarde de este martes 12 de agosto de 2025, durante una sesión plenaria. En un comunicado leído por la secretaria general de la CSJ, Yanixa Yuen, se indicó que la medida responde a la “voz de los ciudadanos”, que en días recientes manifestaron su rechazo a dicho beneficio.

Con la suspensión, los magistrados mantendrán el régimen de jubilación vigente hasta la fecha. Sin embargo, la compensación seguirá aplicándose para los jueces de tribunales superiores, de circuito y municipales, quienes continuarán recibiendo este beneficio al momento de su retiro.

El acuerdo original, aprobado el año pasado, había generado un amplio debate público y cuestionamientos de diversos sectores que lo consideraban un privilegio excesivo en contraste con la realidad económica del país.

El diputado Zamora reaccionó al comunicado de la CSJ señalando que le preocupan varios aspectos del anuncio. Criticó que se hable de “suspensión” y no de una eliminación definitiva del beneficio, que solo se haga referencia a los magistrados cuando el régimen seguirá vigente para cargos judiciales de menor rango, y que la única justificación presentada sea la presión pública, sin considerar la crisis económica y social que enfrenta el país. “Con el respeto que merece este órgano, quienes hoy lo dirigen demuestran una preocupante desconexión con la realidad nacional”, afirmó.

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Chapman, quien participaba en el XXIX Congreso Hemisférico Panamá 2025 sobre prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, calificó la medida como “inconveniente” y advirtió que también se opone a cualquier equiparación salarial para los magistrados del Tribunal Electoral (TE).

“Acabo de ver a la presidenta magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Le he comunicado por escrito, tanto a los miembros de la Corte como a los magistrados del Tribunal Electoral, que estoy en total desacuerdo y pienso que esto no es cónsono con el mensaje de prudencia fiscal y manejo riguroso de las finanzas públicas que estamos enviando al país”, señaló.

El pronunciamiento del titular de Economía se produce después de que gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos exigieran a la Corte rectificar la medida. Según Chapman, la decisión de ajustar jubilaciones y salarios envía un mensaje negativo y no responde a las prioridades ciudadanas, que apuntan al control del gasto público.

“Envié un mensaje respetuoso pidiendo a los dos órganos que reconsideren ambas acciones, la del aumento de salario y la de las jubilaciones”, recalcó.

El ministro recordó que el pasado viernes se reunió con analistas de las principales calificadoras de riesgo para exponer el plan gubernamental de disciplina fiscal, reducción del gasto y control del déficit. En ese contexto, consideró que las decisiones recientes de la CSJ y el TE no son compatibles con dichos objetivos.

En el evento, Chapman coincidió en la primera fila con la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, así como con representantes del sector financiero y de seguridad.

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Ambos gremios coincidien en que el beneficio es un privilegio injustificado y alejado de la realidad económica del país. Apede lo calificó de “imprudente, inoportuno y éticamente cuestionable”, recordando que Panamá enfrenta altos niveles de desempleo, tensiones fiscales y un déficit que no logra reducirse.

La organización criticó que las pensiones se financien con fondos públicos, restando recursos que —a su juicio— deberían destinarse a mejorar el sistema judicial. Como alternativa, propuso un fondo especial de ahorro pagado por los propios magistrados.

El Conep fue más allá. Señaló que la medida no solo beneficiaría a los magistrados, sino también a otros cargos judiciales, y advirtió que “en Panamá no deben existir fueros ni privilegios para un grupo específico de servidores públicos”. Ambos gremios pidieron a la CSJ reconsiderar la decisión y dar una señal de responsabilidad.

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El documento, hecho público el viernes 8 de agosto de 2025, fue calificado de “improcedente” por diversos actores políticos y sociales, entre ellos los diputados Ernesto Cedeño y Neftalí Zamora, así como el asesor presidencial Miguel Antonio Bernal.

Bernal, asesor del presidente José Raúl Mulino, no escatimó en críticas y lo describió como “un golpe de Estado técnico jamás visto”, cuestionando el rumbo institucional del país.

El diputado Cedeño, por su parte, sostuvo que la decisión es “claramente inconstitucional”, recordando que el artículo 267 de la Constitución establece que es competencia del Órgano Ejecutivo presentar el proyecto de Presupuesto General del Estado, mientras que el Legislativo debe revisarlo, modificarlo o aprobarlo. Hizo un llamado a la Comisión de Presupuesto para que no apruebe “un solo centavo” para este fondo.

En la misma línea, el diputado Zamora advirtió en su cuenta de X que el beneficio “no es independencia judicial, es un privilegio insostenible”, instando a seguir el ejemplo de países como Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú y Brasil, que han limitado pensiones de altos cargos con topes, mayores aportes y regímenes comunes.

El exdiputado Juan Diego Vásquez también se pronunció en redes sociales, reconociendo la labor de jueces y magistrados honestos como “pilares de la justicia y la democracia”, pero advirtió que “profundizar la desigualdad” con beneficios desproporcionados “no es dable en la situación financiera nacional actual”.

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La documentación, recibida la semana pasada, incluye transcripciones y otros elementos relacionados con la presunta implicación de Pineda en actividades vinculadas a una red criminal. Arrocha dejó claro que su análisis estará enfocado exclusivamente en determinar si existe una conexión directa entre el aforado y los hechos investigados, evitando implicaciones sobre otras personas mencionadas en los expedientes.

Uno de los puntos clave de este caso radica en la información contenida en los audios y sus transcripciones. En julio pasado, el tribunal había devuelto el expediente al MP debido a irregularidades en la cadena de custodia de los registros de audio, un aspecto que había retrasado el proceso. Sin embargo, tras recibir las transcripciones corregidas, la investigación fue retomada.

El caso, que forma parte de la “Operación Jericó”, se remonta al 30 de junio de 2023, cuando las autoridades desmantelaron una organización criminal, logrando la captura de 37 personas y el decomiso de tres toneladas de sustancias ilícitas. Según el MP, los documentos ahora en manos del tribunal apuntan a posibles actividades de blanqueo de capitales en las que estaría involucrado Raúl Pineda, quien además es padre de Abraham Rico Pineda, también señalado en la investigación.

Arrocha destacó que el análisis de los tomos es fundamental para determinar la responsabilidad del diputado en los hechos señalados, enfatizando el carácter técnico y riguroso que requiere este proceso judicial. Las declaraciones del magistrado fueron emitidas durante un evento del Órgano Judicial enfocado en el nuevo Código Procesal Civil, donde aprovechó para reiterar el compromiso de la Corte en garantizar un proceso transparente y apegado a la ley.

Por el momento, la investigación sigue en curso, marcando un nuevo capítulo en un caso que ha captado la atención pública por su impacto en la lucha contra el crimen organizado y la implicación de figuras políticas.

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El caso, vinculado a la operación Jericó, incluye la reciente entrega de evidencias por parte del Ministerio Público (MP). En esta ampliación, enviada el pasado 7 de noviembre, se detallan nuevas pruebas que incluyen interceptaciones telefónicas, conversaciones y audios que mencionan al diputado. Entre los hallazgos se destaca el uso presunto de fondos para actividades relacionadas con la campaña electoral de mayo, como pagos a colaboradores y la movilización de votantes en áreas con baja participación.

Las interceptaciones apuntan también a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado, quien presuntamente habría manejado dinero para estos fines. Las autoridades consideran que estas acciones podrían constituir un esquema de lavado de activos, en el que recursos de origen ilícito se habrían utilizado para fines políticos.

Esta no es la primera vez que el nombre del diputado Raúl Pineda se menciona en investigaciones relacionadas con el caso Jericó. Sin embargo, en un fallo emitido en julio, también bajo la ponencia del magistrado Arrocha, se determinó que el MP no había presentado una relación clara de los hechos que involucraban al parlamentario.

Además, otra denuncia presentada por la excopartidaria Zulay Rodríguez contra Pineda, en octubre pasado, también será revisada por Arrocha, dado que menciona hechos y personas relacionados con la operación Jericó. Rodríguez acusa al diputado de tener participación en actos delictivos investigados en el caso.

La transferencia del caso a un solo magistrado busca centralizar las investigaciones y asegurar que todas las pruebas y denuncias sean analizadas de forma coherente. Por ahora, el país sigue atento al desarrollo de este proceso que podría tener implicaciones significativas en el ámbito político y judicial.

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Durante su comparecencia, Orobio informó que existen dos denuncias formales contra Pineda. La primera proviene del Ministerio Público, mientras que la segunda fue presentada por la exdiputada Zulay Rodríguez. El abogado subrayó que ambas denuncias deberían ser desestimadas, argumentando que el Ministerio Público carece de la autoridad constitucional para realizar escuchas telefónicas a un diputado, competencia que, según él, corresponde exclusivamente a la Corte Suprema.

Orobio destacó que su cliente no ha participado en los hechos que se le imputan y no mantiene relación alguna con las personas involucradas en la denominada Operación Jericó. Añadió que, aunque pudiera haber tenido conversaciones con su hijo, Abraham Rico Pineda, esto no constituye evidencia suficiente para establecer una conexión con delitos de blanqueo de capitales u otros ilícitos.

La Operación Jericó es una investigación amplia que involucra a 37 individuos, incluyendo a Abraham Rico Pineda, quien actualmente se encuentra recluido en el centro penitenciario La Nueva Joya. Recientemente, el Ministerio Público presentó a la Corte transcripciones de conversaciones entre Abraham y personas presuntamente relacionadas con la red de blanqueo, mencionando indirectamente a su padre, Raúl Pineda.

Además de abordar las denuncias relacionadas con el blanqueo de capitales, Orobio mencionó un caso paralelo que involucra al diputado de Darién, Isaac Mosquera, quien enfrenta cargos por delitos relacionados con drogas. Sin embargo, en el caso de Mosquera, el proceso se encuentra en una etapa de apelación tras haber sido absuelto en primera instancia. Curiosamente, Mosquera se presentó en el Órgano Judicial el día anterior a la comparecencia de Orobio.

Durante su visita a la Corte Suprema, Orobio también procedió a formalizar el poder de representación de su cliente, asegurando que todas las acciones legales necesarias se estén llevando a cabo para proteger la integridad y reputación del diputado Pineda frente a las acusaciones actuales.

La defensa de Raúl Pineda continúa trabajando en estrecha colaboración con la Corte Suprema para esclarecer cualquier malentendido y demostrar la inocencia de su cliente en las investigaciones que lo involucran.

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