Las primeras imágenes difundidas por la prensa local mostraron al exfuncionario de 63 años reducido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), mientras en paralelo se procedía a la destrucción de un laboratorio de cocaína. En el lugar se incautaron 2.000 litros de acetato, 200 litros de gasolina, 50 kilos de carbón activado, 50 kilos de bisulfito, 40 litros de ácido y 50 kilos de permanganato, insumos suficientes para la producción a gran escala.

La Felcn únicamente confirmó la captura, sin emitir un reporte oficial. Cáceres permanece en celdas de la Policía de Chimoré, a la espera de una audiencia de medidas cautelares que definirá su futuro inmediato.

La figura del exviceministro ha estado siempre rodeada de luces y sombras. Durante su paso por el gobierno de Morales (2006-2019), enfrentó cuestionamientos por el súbito incremento de su patrimonio, que pasó de 1,9 millones de bolivianos a más de 9 millones (equivalentes a 1,2 millones de dólares). Él siempre defendió su fortuna como producto del “trabajo familiar, honesto y transparente”. Dejó el cargo tras la caída de Morales en noviembre de 2019, en medio de protestas y denuncias de fraude electoral.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, reaccionó con desconcierto ante la detención de su antiguo colaborador. Aseguró que las versiones son contradictorias: “Algunos afirman que el laboratorio estaba dentro de un predio suyo, otros sostienen que en su terreno solo había una fábrica de áridos y que la instalación ilícita estaba cerca”. Romero pidió una investigación seria para aclarar la situación.

Mientras tanto, Evo Morales no ha hecho declaraciones. Sí lo hizo el senador cocalero y dirigente de confianza, Leonardo Loza, quien denunció un supuesto plan para vincular al exmandatario con el narcotráfico. “Como no pueden derrotarnos electoralmente, socialmente, democráticamente, a toda costa pretenden involucrarnos, particularmente al hermano Evo, en temas ilegales”, afirmó.

Las dos capturas consecutivas en el corazón del Chapare, bastión político y sindical de Morales, han encendido las alarmas en la política boliviana. Para unos, representan un golpe al narcotráfico en la zona; para otros, un movimiento que busca socavar la imagen del expresidente en un territorio clave para su influencia.

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El ex presidente Evo Morales, inhabilitado para competir, reiteró su llamado a votar nulo como protesta política. Desde Villa 14, su tradicional bastión en el Trópico de Cochabamba, Morales aseguró que ningún candidato representa al “pueblo boliviano” y denunció que el proceso electoral busca “el retorno de la derecha”. Según las encuestas, el voto nulo alcanza un 14,6%, lo que refleja la influencia del evismo pese a su ausencia en las papeletas.

En paralelo, el actual mandatario Luis Arce acudió a votar en La Paz y garantizó un “tránsito democrático”, descartando su reelección con el Movimiento al Socialismo (MAS). El oficialismo, que postula al exministro Eduardo del Castillo, llega debilitado y con riesgo incluso de perder su personería jurídica si no alcanza el 3% de los votos. Del Castillo votó en Santa Cruz e insistió en que el MAS “sigue siendo la mejor opción para superar la crisis sin afectar a los más pobres”.

Las encuestas ubican como favoritos al empresario Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y al ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, de Libre. Ninguno, sin embargo, alcanza la ventaja suficiente para imponerse en primera vuelta, lo que anticipa la posibilidad de un balotaje por primera vez en la historia democrática del país.

El Tribunal Supremo Electoral informó que más de 3.000 observadores internacionales supervisan los comicios, calificados como “los más observados de la historia de Bolivia”. La OEA, por su parte, llamó a garantizar un proceso pacífico y rechazó cualquier intento de obstaculizar la jornada.

Las urnas abrieron a las 8 de la mañana hora local y cerrarán a las 16, aunque los electores que permanezcan en fila podrán sufragar. Mientras tanto, el país sigue bajo la tensión de denuncias de presiones, advertencias de sabotaje y un clima de polarización política que podría definir el rumbo de Bolivia en los próximos cinco años.

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La tensión política en Bolivia escaló este jueves con nuevos enfrentamientos entre la policía y simpatizantes del expresidente Evo Morales, en el cuarto día consecutivo de protestas en demanda de que se permita su candidatura en las elecciones presidenciales de agosto. Al menos 20 personas fueron detenidas durante los disturbios registrados en las inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz.

Miles de seguidores de Morales se movilizan desde el inicio de la semana exigiendo que el líder indígena, de 65 años, sea habilitado para postularse, pese a que un fallo judicial de 2023 prohíbe a cualquier ciudadano ejercer la presidencia por más de dos mandatos. Además, el plazo oficial para inscribir candidaturas venció el pasado 19 de mayo.

Según reportes de medios locales, los choques de este jueves comenzaron cuando manifestantes intentaron forzar el ingreso de una delegada del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) al TSE para presentar una lista de candidatos encabezada por Morales. El ingreso fue bloqueado por las autoridades electorales, que consideran que la candidatura no fue registrada formalmente a través de la plataforma digital habilitada. El partido sostiene que envió la documentación a tiempo por correo electrónico y exige que sea aceptada.

Durante los disturbios, los manifestantes arrojaron piedras y petardos contra los agentes, quienes respondieron con gases lacrimógenos. «Son 20 arrestados», confirmó el coronel Roger Montaño, jefe policial a cargo del operativo. Añadió que los detenidos portaban «pinturas, globos, petardos y otros materiales contundentes». Además, tres efectivos policiales resultaron heridos.

Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ha sido impedido de postular a un nuevo mandato por la sentencia judicial que limita la reelección presidencial. Sin embargo, sus seguidores mantienen la presión en las calles, lo que ha elevado la tensión política en el país a pocos meses de los comicios.

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La pugna en el sistema judicial boliviano se intensifica tras la decisión del juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien determinó suspender temporalmente los efectos de una controvertida resolución que favorecía al expresidente Evo Morales. Esta medida deja en suspenso la anulación de la orden de aprehensión y la imputación en su contra por un caso de presunta trata de personas con agravantes.

La resolución cuestionada fue emitida el pasado miércoles por la jueza Lilian Moreno, de Santa Cruz, quien resolvió a favor de Morales en una acción de libertad. Su fallo causó conmoción y generó una inmediata reacción institucional. En respuesta, el juez Zabaleta ordenó una medida cautelar que congela cualquier determinación relacionada con el caso hasta que se resuelva una queja formal.

Zabaleta otorgó un plazo de tres días hábiles para que la jueza Moreno y el también involucrado Nelson Alberto Rocabado Romero informen detalladamente sobre los fundamentos de su decisión. La controversia se produce en el marco de una acción de libertad iniciada por el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi), que ha cuestionado la actuación de las autoridades judiciales de Santa Cruz.

Aún más, la situación de la jueza Moreno se tornó aún más delicada luego de que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, anunciara este viernes la revocatoria parcial de la licencia que ella tenía concedida por cinco días. La orden fue que Moreno debía reincorporarse a sus funciones a partir del mediodía del mismo día, aunque hasta el cierre de esta edición su presencia en el tribunal no había sido confirmada.

“La coyuntura exige una respuesta institucional firme. No podemos permanecer al margen frente a hechos que comprometen la credibilidad del sistema judicial. Por eso, esta Presidencia ha decidido revocar parte de la licencia concedida a la jueza Moreno”, declaró Quezada en conferencia de prensa.

Mientras tanto, desde el ala más cercana al expresidente Morales, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, defendió enérgicamente la resolución de Moreno, calificándola como justa y apegada a la verdad. “El Gobierno ha activado una persecución abierta contra esta jueza. Nosotros vamos a defender esta resolución a toda costa”, advirtió, agregando que el Ejecutivo “está llorando” tras el fallo favorable a Morales.

En la misma línea, el abogado Wilfredo Chávez, vinculado al entorno político de Morales, rechazó la intervención del juez Zabaleta. Para él, esta nueva medida contradice principios jurídicos básicos y podría desencadenar un conflicto mayor en el sistema legal. “Una acción de libertad no puede ser anulada por otra. La decisión de Santa Cruz es de cumplimiento inmediato”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Justicia, César Siles, fue tajante al calificar de “aberrante” la decisión de la jueza Moreno. Afirmó que el proceso contra Morales debe continuar en la jurisdicción de Tarija y que la orden de aprehensión sigue vigente. Desde la Fiscalía también se confirmó que la imputación contra el exmandatario continúa en pie, y se desarrollará en la jurisdicción competente.

Este episodio profundiza la percepción de un sistema judicial fragmentado y con tensiones políticas en Bolivia, mientras el país observa con atención los próximos pasos en un caso que involucra a uno de los personajes más influyentes de su historia reciente.

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El caso, que data de 2015, adquirió relevancia debido a las serias acusaciones que implican a Morales en una relación con la adolescente, quien habría tenido una hija en 2016. La fiscal Gutiérrez señaló que la imputación presentada este lunes incluye a la madre de la presunta víctima, bajo la sospecha de que los padres facilitaron el acercamiento con el expresidente a cambio de beneficios políticos.

Aunque la orden de captura fue firmada inicialmente el 16 de octubre, la fiscal explicó que la complejidad del caso y la relevancia del acusado retrasaron su divulgación pública. Esta es la segunda vez que Morales enfrenta una orden de aprehensión por el mismo caso. Una medida anterior, emitida en septiembre, fue anulada tras un recurso judicial presentado por la defensa del líder político.

La línea de investigación actual se centra en el delito de trata de personas, dejando atrás la figura penal de estupro que se utilizó en denuncias previas. Según el Ministerio Público, esta decisión responde a la evidencia de que el contacto inicial entre Morales y la menor fue facilitado por terceros con fines de lucro o ventaja política.

Por su parte, Evo Morales ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones, calificándolas como una estrategia de persecución judicial orquestada por el gobierno de Luis Arce. El expresidente sostiene que este proceso busca apartarlo de la escena política de cara a las elecciones presidenciales de 2025, donde mantiene aspiraciones a ser candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS).

El caso ha generado una fuerte división en el escenario político boliviano, reavivando tensiones entre Morales y su antiguo aliado, el actual presidente Luis Arce. Mientras tanto, la Fiscalía aseguró que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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El ataque ocurrió en la madrugada del domingo cuando un grupo de personas, en al menos dos vehículos, disparó repetidamente al automóvil en el que se encontraba Morales, hiriendo al conductor. A pesar de la gravedad del incidente, los agresores lograron escapar, aunque el ataque fue grabado.

Luis Arce, a través de la red social X, reafirmó su rechazo a la violencia como herramienta política, señalando que «no es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas». Además, confirmó haber dado instrucciones para que se realice una investigación exhaustiva que esclarezca lo sucedido.

La dirección del partido Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales, responsabilizó al propio presidente Arce y a varios miembros de su gabinete por el ataque. Esta acusación se da en un contexto de tensiones políticas, exacerbadas por el bloqueo de carreteras que los seguidores de Morales han mantenido durante dos semanas. Las demandas de estos grupos incluyen el retiro de los cargos judiciales contra Morales por trata de personas y estupro, que consideran parte de una persecución política.

Además de este conflicto, las protestas han surgido en medio de una crisis económica, con problemas en el suministro de combustibles y el encarecimiento de alimentos. En respuesta a la creciente agitación, el presidente Arce ha renovado el alto mando militar, pidiéndoles que protejan el orden público y la democracia en el país.

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