La notificación recibida marca un hito importante en la resolución del prolongado desacuerdo entre el Estado y la multinacional minera, y abre las puertas a posibles conversaciones futuras para definir el rumbo del proyecto minero más ambicioso del país en las últimas décadas.

Según lo informado por el MICI, First Quantum ha suspendido el arbitraje iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mientras que su filial Minera Panamá ha desistido del proceso que había planteado ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Esta decisión ocurre tras meses de negociaciones y en respuesta a una exigencia clara del gobierno del presidente José Raúl Mulino: no iniciar diálogo alguno mientras los arbitrajes contra Panamá continuaran activos. Como recordó el propio mandatario en febrero pasado, “para iniciar cualquier tipo de conversación con First Quantum, los seis o siete arbitrajes contra Panamá tienen que suspenderse”.

El proceso legal se remonta a finales de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley que sustentaba la operación minera, obligando al cese de actividades en la mina Cobre Panamá y generando una reacción inmediata por parte de First Quantum y su filial.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, había adelantado el lunes 7 de abril que, aunque se tenía conocimiento informal de la intención de suspender los arbitrajes, aún no se había recibido la documentación oficial. Ahora, con esta confirmación, el Gobierno podrá avanzar en las siguientes fases del proceso, que incluyen auditorías ambientales y técnicas sobre la operación minera.

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En una sesión realizada este martes 27 de agosto, Carrizo confirmó la recepción de estos recursos en la cuenta única del tesoro, pero declaró que su entidad no posee la facultad de auditar o detallar el uso específico de los fondos una vez ingresados al sistema general del estado. “Nosotros no auditamos la cuenta del tesoro. Yo no estoy en capacidad de dar el detalle”, aseguró Carrizo.

Esta situación ha generado una denuncia penal por parte del abogado Heraclio Bustamante, quien cuestiona la administración y el paradero de estos millones. Bustamante destacó la necesidad de investigar quién autorizó el uso de estos recursos y en qué proyectos fueron utilizados, especialmente tras declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre la inexistencia actual de los fondos.

La polémica surge en un contexto en que el expresidente Cortizo había solicitado la liberación de estos recursos, que estaban inicialmente restringidos. El Ministerio de Economía y Finanzas ha indicado que una vez los fondos ingresan al tesoro, se complican los esfuerzos para rastrear gastos específicos debido a que se integran con otros para cubrir gastos corrientes del estado.

Betserai Richards, diputado de la coalición Vamos, concluyó su intervención con una exigencia directa hacia Carrizo: “Exigimos un informe al país de cómo se gastaron los recursos que ahora le pertenecen a los panameños”.

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La denuncia fue interpuesta en las oficinas del Ministerio Público en Calidonia, luego de que el presidente José Raúl Mulino anunciara la semana pasada en una conferencia de prensa que estos fondos no están disponibles, lo que hace imperativo investigar su paradero. Bustamante destacó que el dinero, supuestamente depositado en la cuenta del Tesoro Nacional, debe ser rastreado para identificar quién autorizó su uso y en qué proyectos o actividades fueron invertidos.

Según el abogado, la desaparición de estos recursos ocurrió poco después de la campaña electoral del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que realizó un considerable gasto en un intento por mantener el poder. Esto refuerza la necesidad de esclarecer si hubo un manejo irregular de estos fondos, lo cual podría constituir un delito de peculado.

La denuncia también subraya la importancia de investigar a todos los funcionarios relacionados con la administración de estos fondos, incluyendo al expresidente Laurentino Cortizo, el exministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y otros miembros del gobierno anterior. Bustamante advirtió que, si la condición de diputado del Parlamento Centroamericano de Cortizo impide la investigación, se procederá a buscar las instancias legales necesarias.

José Antonio Moncada, quien acompañó a Bustamante en la presentación de la denuncia, enfatizó que estos fondos pertenecen al pueblo y que es crucial determinar si fueron utilizados de manera adecuada o si deben ser restituidos a las arcas públicas.

La situación ha causado gran inquietud, ya que durante la administración de Cortizo se informó que el dinero había sido depositado en una cuenta de ahorros, según declaraciones del propio exmandatario. Ahora, con las recientes revelaciones, se plantea la necesidad urgente de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos $562.8 millones, pagados por Minera Panamá en noviembre de 2023 por obligaciones fiscales correspondientes a los periodos entre diciembre de 2021 y octubre de 2023.

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| FOTO Antonio Ortega

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, en un breve mensaje a la nación  anunció que pedirá al Tribunal Electoral (TE) convocar una consulta popular para el 17 de diciembre de 2023. El propósito de esta consulta es permitir que el pueblo panameño decida el destino de la Ley 406 de 2023, que establece el contrato entre el Estado  y Minera Panamá.

La Ley 406 ha sido objeto de extensas críticas y protestas en todo el país, con manifestantes argumentando que representa un acuerdo perjudicial para los intereses nacionales. En respuesta a estas preocupaciones, Cortizo expresó su respeto por quienes se oponen al contrato y enfatizó su creencia en la democracia. Dijo: «Creo en la democracia y como presidente entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular».

El resultado de la consulta ciudadana será vinculante, lo que significa que la decisión del pueblo tendrá un efecto legal obligatorio. Cortizo subrayó la importancia de la participación ciudadana en el proceso democrático, afirmando que a través del voto, se legitimará la voluntad del pueblo, ya que «el pueblo es el soberano».

Además informó que el Gobierno elevará a ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional. Esta medida está destinada a poner un alto a la concesión de nuevas licencias para la minería metálica, incluyendo la controvertida concesión otorgada a Minera Panamá para la extracción de cobre en Donoso.

Consultado el análista político y director de este medio, Edwin Cabrera, Señaló que «el presidente Cortizo y su equipo de gobierno han decidido trasladarle a la ciudadanía la responsabilidad/decisión de qué hacer con el contrato con Minera Panamá/FQ. A primera vista parece una medida válida luego de los niveles de protestas que se han dado en todo el país».
Y agrego que «Cortizo, Carrizo y todo el PRD tienen que saber que un alto porcentaje de la población emitirá un voto más que contra el contrato contra la gestión de gobierno casi que una elección anticipada a la de mayo de 2024».

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En un comunicado oficial emitido el día de hoy, la Unión de Prácticos del Canal de Panamá ha hecho un llamado urgente a las autoridades de justicia y al Órgano Ejecutivo del país para abordar de manera prioritaria las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Contrato Ley No. 406, firmado el 20 de octubre de 2023. Este llamado respetuoso busca garantizar una discusión real, directa y transparente sobre el futuro de la actividad minera en el territorio nacional.

En su comunicado, los Prácticos del Canal también instan al Órgano Ejecutivo a tomar medidas necesarias que reflejen el clamor popular que se manifiesta en las calles, con el objetivo de llevar al país hacia una discusión democrática sobre la minería a cielo abierto. Sugieren que se presente una propuesta de Ley ante el Órgano Legislativo que suspenda toda actividad minera de este tipo a través de una moratoria, hasta que el país decida su rumbo de manera democrática.

Además, la Unión de Prácticos del Canal de Panamá destaca la urgente crisis de agua que enfrenta el Canal, una situación sin precedentes que requiere medidas inmediatas para garantizar la sostenibilidad de esta vía marítima vital. La crisis minera actual pone en entredicho el compromiso de las autoridades con el recurso hídrico y retrasa las decisiones necesarias para garantizar la operación segura, rentable e ininterrumpida del Canal de Panamá.

En el comunicado, se hace hincapié en que es fundamental escuchar la voz del pueblo por encima de intereses particulares, destacando que el verdadero patriotismo radica en actuar en beneficio de todos los panameños. Se resalta que las decisiones tomadas en este momento histórico afectarán a las futuras generaciones, y se insta a la toma de acciones concretas para abordar tanto la crisis minera como la crisis hídrica que enfrenta el Canal de Panamá.

La Unión de Prácticos del Canal de Panamá concluye su comunicado enfatizando que Panamá no puede prescindir del agua, pero sí puede prescindir de la minería. La llamada a la acción es clara, subrayando la importancia de abordar de manera efectiva estos desafíos críticos que enfrenta el país en este momento crucial de su historia.

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En la sesión del Consejo de Gabinete llevada a cabo este miércoles 14, se autorizó al ministro Federico Alfaro a firmar en representación del Estado el nuevo contrato con la empresa Minera Panamá. Según Federico Alfaro el acuerdo representa un triunfo histórico para Panamá y ofrece mejoras significativas en comparación con el Contrato-Ley No. 9 de 1997.

El nuevo contrato establece una regalía que oscila entre el 12% y el 16% de la ganancia bruta, además de un pago mínimo garantizado de B/. 375,000,000 a favor de Panamá. Estas condiciones aseguran una compensación justa por el aprovechamiento de los recursos naturales del país.

El ministro Alfaro señaló que, como resultado de la consulta pública realizada entre el 22 de marzo y el 24 de abril de 2023, se incluyó al distrito de La Pintada como beneficiario del Fideicomiso, junto con Donoso y Omar Torrijos. Aclaró que se realizaron modificaciones en la forma de designación de los Directivos y en la duración de su periodo.

Tras la aprobación por parte del Consejo de Gabinete, se procederá a la firma del contrato en los próximos días por parte del ministro Alfaro y Manuel Aizpurúa, representante legal de Minera Panamá. Luego, el contrato será remitido a la Contraloría General de la República para su refrendo y, posteriormente, será presentado ante la Asamblea Nacional para su debida aprobación.

En caso de obtener la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, el contrato ley será presentado al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, para su sanción y promulgación como ley.

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