La decisión fue tomada este jueves en una audiencia realizada en el Segundo Distrito Judicial, que abarca las provincias de Coclé y Veraguas. La sesión inició a las 11:00 a. m. y concluyó a las 12:30 p. m., cuando el tribunal, tras escuchar a las partes, determinó que Magallón debe ingresar a un centro penitenciario para cumplir la condena de 15 años que le fue impuesta en 1994 por su participación en los hechos que rodearon la desaparición forzada de Gallego.

El fallo representa un hito en el largo camino hacia la justicia por este caso. La Fiscalía Regional de Veraguas, encabezada por la fiscal Tania Sterling, había solicitado expresamente que Magallón cumpliera su sanción en prisión, argumentando que durante décadas logró evadir a las autoridades y el peso de la ley.

Magallón fue finalmente localizado y capturado el pasado 4 de mayo por funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes lo encontraron en su residencia en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Al día siguiente de su detención, un juez de cumplimiento ordenó su reclusión, decisión que fue apelada por su defensa. Sin embargo, esta nueva audiencia ha confirmado que el tiempo de fuga no lo exime del cumplimiento efectivo de su condena.

La condena que hoy se ratifica no fue exclusiva para Magallón. En 1994 también fueron sentenciados dos militares, Melbourne Walker y Nivaldo Madriñán, por su implicación en la desaparición y homicidio de Héctor Gallego. Este sacerdote colombiano se había ganado el respeto y cariño de las comunidades campesinas de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, por su incansable labor social y su defensa de los más humildes, lo cual incomodó al régimen militar.

La noche del 9 de junio de 1971, Gallego desapareció sin dejar rastro. Según testigos, fue llamado a la puerta de su rancho y, tras salir, nunca más volvió. Investigaciones posteriores, entre ellas las realizadas por la Comisión de la Verdad creada en 2001 para esclarecer crímenes de la dictadura (1968–1989), revelaron que Gallego fue herido durante su detención y trasladado al cuartel de Los Pumas, en Tocumen, donde se presume fue asesinado.

En 2002, la misma Comisión de la Verdad encontró restos humanos en los terrenos del cuartel de Los Pumas, específicamente en el área de un antiguo taller de mecánica. Una de las osamentas fue identificada como la de Heliodoro Portugal, también desaparecido en 1971. No se hallaron entonces restos confirmados de Gallego, aunque se sospecha que pudo haber sido enterrado en esa misma zona o en algún otro terreno utilizado por los militares para ocultar cuerpos.

Más recientemente, el pasado 6 de mayo, la Fiscalía realizó una inspección ocular en un área del Instituto Nacional de Agricultura (INA), ubicado en Divisa, provincia de Herrera, donde se habría recibido información sobre la posible ubicación de restos humanos que podrían corresponder al sacerdote desaparecido. Esta nueva pista ha reavivado las esperanzas de encontrar la verdad completa sobre el destino de Gallego.

El ingreso a prisión de Eugenio Magallón representa un avance simbólico y judicial hacia la justicia, aunque para muchos llega con décadas de retraso. La herida que dejó la desaparición de Héctor Gallego sigue abierta, pero este paso podría significar un inicio para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia panameña reciente.

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La Fiscalía de Chiapas confirmó en un comunicado que el cuerpo del religioso fue hallado sin vida dentro del automóvil tras el ataque. Este lamentable suceso ha conmocionado tanto a la comunidad religiosa como a los defensores de derechos humanos, quienes han recordado el trabajo incansable de Pérez en favor de la paz y la justicia.

El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, expresó su profundo dolor por la pérdida, subrayando que la Iglesia no cesará en su búsqueda por la paz con verdad y justicia. Los funerales de Marcelo Pérez tendrán lugar en su parroquia, donde era ampliamente querido por los feligreses y las comunidades indígenas a las que servía.

Pérez, originario del pueblo indígena de San Andrés Larráinzar, no solo fue un guía espiritual, sino que también se destacó por su papel como promotor de los derechos humanos. Su labor fue reconocida por varias organizaciones internacionales debido a su firme postura contra la violencia en la región, gran parte de ella vinculada al narcotráfico.

En 2021, Pérez se vio involucrado como mediador en el levantamiento armado del grupo Autodefensas del Pueblo El Machete, en el municipio de Pantelhó, donde actuó como enlace entre el gobierno y el grupo armado. Sin embargo, su mediación también lo llevó a enfrentar acusaciones, ya que en julio de ese mismo año fue señalado de estar vinculado al secuestro de 21 personas, cargos que siempre negó categóricamente.

A pesar de las amenazas y de los intentos de criminalización en su contra, apoyados por algunos sectores, organizaciones como Amnistía Internacional y ACAT-France alzaron la voz en su defensa, condenando cualquier intento de enjuiciar a Pérez por su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Este trágico suceso se suma a una serie de asesinatos de religiosos en México, un país donde la violencia, principalmente relacionada con el narcotráfico, ha cobrado miles de vidas. Cabe recordar que en junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar también fueron asesinados dentro de su iglesia en el estado de Chihuahua.

Desde que el gobierno mexicano lanzó una operación militar contra el narcotráfico en 2006, más de 450.000 personas han muerto de manera violenta, además de los miles de desaparecidos, según datos oficiales.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, declaró que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer el crimen y garantizar que no quede impune.

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