Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, se convertirá en el primer exjefe de Estado de un país de la Unión Europea en cumplir condena en prisión, y el primer líder francés de la posguerra en ser encarcelado.

“No tengo miedo de la cárcel. Mantendré la cabeza en alto, incluso ante las puertas de la prisión”, declaró a La Tribune de Dimanche. El exmandatario, de 70 años, deberá presentarse en la prisión de La Santé, al sur de París, la mañana del martes. Aseguró que no ha pedido “ningún privilegio” durante su reclusión.

En declaraciones a Le Figaro, Sarkozy comentó que ha empacado fotos familiares y tres libros, entre ellos El conde de Montecristo y dos volúmenes de la biografía de Jesús de Jean-Christian Petitfils. Será mantenido en reclusión solitaria por razones de seguridad, en una celda de unos nueve metros cuadrados, sin teléfono móvil pero con un pequeño televisor y una línea controlada para comunicarse con su familia y abogados.

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La decisión fue tomada este jueves en una audiencia realizada en el Segundo Distrito Judicial, que abarca las provincias de Coclé y Veraguas. La sesión inició a las 11:00 a. m. y concluyó a las 12:30 p. m., cuando el tribunal, tras escuchar a las partes, determinó que Magallón debe ingresar a un centro penitenciario para cumplir la condena de 15 años que le fue impuesta en 1994 por su participación en los hechos que rodearon la desaparición forzada de Gallego.

El fallo representa un hito en el largo camino hacia la justicia por este caso. La Fiscalía Regional de Veraguas, encabezada por la fiscal Tania Sterling, había solicitado expresamente que Magallón cumpliera su sanción en prisión, argumentando que durante décadas logró evadir a las autoridades y el peso de la ley.

Magallón fue finalmente localizado y capturado el pasado 4 de mayo por funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes lo encontraron en su residencia en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Al día siguiente de su detención, un juez de cumplimiento ordenó su reclusión, decisión que fue apelada por su defensa. Sin embargo, esta nueva audiencia ha confirmado que el tiempo de fuga no lo exime del cumplimiento efectivo de su condena.

La condena que hoy se ratifica no fue exclusiva para Magallón. En 1994 también fueron sentenciados dos militares, Melbourne Walker y Nivaldo Madriñán, por su implicación en la desaparición y homicidio de Héctor Gallego. Este sacerdote colombiano se había ganado el respeto y cariño de las comunidades campesinas de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, por su incansable labor social y su defensa de los más humildes, lo cual incomodó al régimen militar.

La noche del 9 de junio de 1971, Gallego desapareció sin dejar rastro. Según testigos, fue llamado a la puerta de su rancho y, tras salir, nunca más volvió. Investigaciones posteriores, entre ellas las realizadas por la Comisión de la Verdad creada en 2001 para esclarecer crímenes de la dictadura (1968–1989), revelaron que Gallego fue herido durante su detención y trasladado al cuartel de Los Pumas, en Tocumen, donde se presume fue asesinado.

En 2002, la misma Comisión de la Verdad encontró restos humanos en los terrenos del cuartel de Los Pumas, específicamente en el área de un antiguo taller de mecánica. Una de las osamentas fue identificada como la de Heliodoro Portugal, también desaparecido en 1971. No se hallaron entonces restos confirmados de Gallego, aunque se sospecha que pudo haber sido enterrado en esa misma zona o en algún otro terreno utilizado por los militares para ocultar cuerpos.

Más recientemente, el pasado 6 de mayo, la Fiscalía realizó una inspección ocular en un área del Instituto Nacional de Agricultura (INA), ubicado en Divisa, provincia de Herrera, donde se habría recibido información sobre la posible ubicación de restos humanos que podrían corresponder al sacerdote desaparecido. Esta nueva pista ha reavivado las esperanzas de encontrar la verdad completa sobre el destino de Gallego.

El ingreso a prisión de Eugenio Magallón representa un avance simbólico y judicial hacia la justicia, aunque para muchos llega con décadas de retraso. La herida que dejó la desaparición de Héctor Gallego sigue abierta, pero este paso podría significar un inicio para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia panameña reciente.

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En respuesta a esta decisión, el exalcalde denunció una supuesta persecución política en su contra y afirmó que aún tiene opciones legales para apelar la sentencia. «Este proceso lleva más de 10 años persiguiéndonos, pero no hay nada concreto. Hoy ni siquiera estuve en ninguna audiencia. Todo esto es una farsa», expresó García.

El caso en cuestión se originó tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que reveló un desfalco de casi 60 mil balboas al Estado. Según la investigación, entre enero de 2009 y junio de 2010, García habría nombrado a 19 personas que no se presentaban a trabajar, pero que recibían su salario regularmente. El exalcalde se defendió argumentando que la responsabilidad recae en el jefe de personal y no en él, quien solo firmaba los contratos. «Es increíble que de 19 personas involucradas, solo yo termine en el expediente», añadió.

El Ministerio Público presentó cargos contra estas 19 personas por corrupción de funcionarios públicos, conocidos popularmente como «botellas». No obstante, el Juzgado Segundo de Circuito Penal de Colón declaró prescrita la acción penal en abril de 2018, archivando el sumario a favor de los acusados.

Ante este panorama, García ha señalado que no se dará por vencido y que agotará todas las instancias legales disponibles para revertir su condena. «Tenemos muchos recursos por presentar. Esta lucha no ha terminado», concluyó.

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