Durante la sustentación de sus propuestas, Gómez advirtió que la corrupción es un “cáncer que corroe los cimientos del Estado de derecho” y deteriora la confianza ciudadana en las instituciones públicas. El primer proyecto plantea modificaciones al Código Penal para aumentar las penas en delitos como el cobro de salario sin trabajar, enriquecimiento injustificado, alteración de procesos de contratación pública y corrupción judicial.

Entre las reformas destacadas, se propone modificar el artículo 349 del Código Penal, que actualmente solo impone una multa de entre 150 y 300 dólares a los funcionarios que cobran sin laborar. Con la nueva redacción, esta conducta se castigaría con prisión de 4 a 6 años. En el caso del enriquecimiento injustificado (art. 351), se propone subir la pena de 3-6 años a 4-8 años.

El artículo 364 también sería modificado para sancionar con 4 a 8 años de prisión a quienes alteren actos de contratación pública o difundan información falsa relacionada con dichos procesos. La pena por actos de corrupción, en general, se elevaría a un rango de 4 a 8 años (art. 347) y hasta 10 años en el caso de funcionarios judiciales.

Nueva Ley General Anticorrupción

Además de las reformas penales, Gómez presentó un segundo proyecto: una Ley General Anticorrupción que introduce medidas estructurales para facilitar la investigación, enjuiciamiento y reparación en casos contra la administración pública.

Una de las novedades es que las auditorías realizadas por instituciones estatales, universidades públicas, fuerzas de seguridad y entes técnicos podrán ser utilizadas como pruebas válidas sin necesidad del refrendo de la Contraloría.

La iniciativa también permite a los fiscales ordenar investigaciones patrimoniales, aprehensión de bienes y declarar causas como complejas y reservadas por un periodo de hasta 30 días. Asimismo, se establece el uso de acuerdos reparatorios, a través de los cuales el acusado puede colaborar, devolver bienes y recibir beneficios procesales como reducción de penas, supresión de identidad y medidas de protección.

El proyecto incluye una cláusula que duplica el plazo de prescripción penal para delitos como peculado, enriquecimiento injustificado y corrupción, cuando el funcionario permanezca en el cargo. Además, impide que exjueces y exfiscales actúen como abogados en causas penales en las que hayan tenido participación previa.

Contexto: más de 3,800 causas activas

Gómez fundamentó la necesidad de estas reformas señalando que actualmente el Ministerio Público mantiene activas 3,840 investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública.

“Estos cambios buscan cerrar las brechas legales que han permitido que la corrupción evolucione con sofisticación, afectando la prestación de servicios esenciales y perpetuando la impunidad”, concluyó el procurador.

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La opinión, fechada el 19 de febrero de 2025, responde a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia y está vinculada a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta el 3 de febrero por los ciudadanos Norman Castro y Julio Fidel Macías. En su análisis, el procurador Gómez sostiene que la negociación del contrato implicó una transferencia indebida de derechos privativos del Estado panameño, afectando el bienestar social y el interés público, además de restringir la libre competencia.

Uno de los puntos clave de la crítica se centra en la cláusula 2.1 del contrato, que faculta a PPC para explotar estructuras adicionales a las inicialmente concesionadas. Según Gómez, esta disposición vulnera varios artículos constitucionales (1, 2, 19, 32, 50, 159 y 29), al permitir que se entreguen terrenos para la ampliación futura del centro portuario. Este mecanismo otorgaría a PPC un amplio margen de derechos exclusivos sobre la gestión portuaria, facilitando una expansión sin costo extra y con prioridad sobre otros competidores.

El procurador también destaca que el contrato concede prerrogativas excesivas y fueros especiales a PPC en materia fiscal y aduanera, protegiéndola de la competencia en zonas estratégicas. Estas condiciones, argumenta, limitan el ejercicio soberano del Estado, pues condicionan la administración de bienes públicos a la aprobación de un concesionario privado, lo que representa una renuncia implícita a la soberanía estatal.

Otro aspecto que Gómez denuncia es la restricción a la competencia que impone el contrato, ya que le otorga a PPC un derecho preferencial para futuras concesiones en la Base Naval de Rodman. Esta ventaja le confiere una posición dominante en el sector portuario sin que exista una justificación basada en el interés público.

Además, el procurador subraya que el contrato otorga facilidades y acceso a instalaciones en la isla Telfers (Colón) y en Diablo (Panamá) sin la debida supervisión estatal, en contraposición al artículo 50 de la Constitución, que establece que el interés público debe prevalecer sobre el privado. Esta situación impide que el Estado pueda reasignar estos recursos a otros operadores que potencialmente generarían mayores beneficios para el país.

La Corte Suprema de Justicia ha dispuesto la publicación del edicto No. 241, que abre un plazo de 10 días para que los ciudadanos y demás interesados presenten sus opiniones sobre la demanda de inconstitucionalidad. Este término comenzará a contar tras la difusión del edicto en diarios de circulación nacional durante tres días.

Esta decisión marca un momento crucial en el debate sobre el manejo de los bienes públicos y la protección de los intereses generales frente a privilegios excesivos para empresas privadas.

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