«Para mí no tiene mucho sentido que una elección sea honesta y libre si la población no creyó que los resultados son los que fueron», afirmó Barroso en conversación con Edwin Cabrera a través de Arcamidia. Su énfasis en la credibilidad como pilar fundamental refleja una preocupación que trasciende lo técnico: la legitimidad del proceso electoral mismo.

La polémica de los votos y el «ungido»

Barroso tuvo que aclarar una frase que generó especulación en redes sociales. Cuando se le preguntó si tenía los votos para ser elegido, respondió afirmativamente. Esa respuesta fue interpretada por algunos como arrogancia o como evidencia de que era «el seleccionado del Ejecutivo». El magistrado electo rechazó ambas lecturas.

«No fue un acto de soberbia ni fue un acto de querer dar a entender otras cosas que no fueron», explicó. Según su relato, había conversado con el 80% de los diputados de todas las bancadas antes de la votación, lo que le permitió sentir que contaba con el apoyo necesario. Sin embargo, los números finales cuentan otra historia: obtuvo solo tres votos de la bancada Vamos (Samaniego, Zamora y Bloise), lo que generó lo que Barroso describió como una «hecatombe» interna en esa agrupación.

Cuando se le preguntó directamente si había hablado con toda la bancada Vamos, admitió que no. Intentó coordinar con el jefe de bancada, quien le pidió esperar hasta el 20 del mes. Logró conversar con seis o siete diputados de forma individual, pero claramente eso no fue suficiente para consolidar un bloque.

¿Qué pidió el PRD a cambio?

Una de las preguntas más incisivas fue sobre el costo político de su elección. El PRD, históricamente, no otorga votos sin contrapartida. Barroso fue directo: «A mí no me pidió nada, salvo la garantía de que las elecciones van a ser honestas».

Según su versión, diputados de varias bancadas —no solo del PRD— le hicieron la misma petición: que no permitiera que les robaran las elecciones. Su respuesta fue categórica: «No permitiré que te roben las elecciones a ti ni a nadie, porque yo no llegué para ser cómplice de nada ni de nadie en el tribunal electoral».

Las reformas electorales: terreno minado

El tema más delicado de la entrevista fue el de las reformas al Código Electoral que se discuten para las elecciones de 2029. Aquí, Barroso mostró una cautela estratégica: evitó comprometerse públicamente con posiciones que luego tendría que debatir con los otros dos magistrados del tribunal.

Se le preguntó sobre varios puntos específicos: la eliminación de los circuitos plurinominales, la regulación del voto plancha, la renuncia tácita de miembros de partidos que firmen por candidatos independientes, y el aumento de firmas requeridas para que un independiente se postule.

En cada caso, Barroso respondió con la misma fórmula: está analizando, necesita hablar con los otros magistrados, y no quiere «adelantarse a los hechos» porque eso podría comprometerlo después. «Sobre hechos concretos que ya existen en el código electoral o van a existir luego las reformas, yo no puedo exteriorizar desde ahora una opinión porque puedo ser vetado para opinar después sobre eso», explicó.

Sin embargo, sí ofreció algunos criterios generales. Sobre el voto plancha, que se extendió en las últimas elecciones, dijo que «hay que reglamentarlo» y que las reformas electorales ya lo están tocando. Pero aclaró un punto crucial: el Tribunal Electoral solo emite sugerencias; es la Asamblea Nacional, con sus 71 diputados, quien decide qué entra en la ley final.

La tensión entre partidos e independientes

Uno de los debates más complejos que enfrentará Barroso es el de los candidatos de libre postulación (independientes). Varias bancadas, como Vamos, están presionando para cerrar espacios a esta figura. Se le preguntó si estaba de acuerdo con el aumento de firmas requeridas para que un independiente se postule.

Barroso no respondió directamente. Insistió en que está analizando el tema con expertos en derecho electoral y que primero necesita consenso con los otros magistrados. Pero reconoció la complejidad: «Las reformas al código electoral deben ser unas reformas donde todos nos sintamos satisfechos».

Cuando se le señaló que el magistrado Juncaliente había sido crítico con los partidos políticos por votar a favor de estas restricciones, Barroso elogió el trabajo de su colega pero aclaró que tienen «criterios y enfoques diferentes» en algunos aspectos. No es una crítica velada; es una advertencia de que el tribunal no será monolítico.

El organismo colegial y sus límites

Un punto que Barroso enfatizó varias veces es que el Tribunal Electoral es un organismo colegial. Las decisiones se toman por unanimidad o por mayoría de dos de tres magistrados. Uno representa al Ejecutivo, otro al Judicial, y otro al Legislativo. Esto significa que, aunque Barroso tenga opiniones personales, sus decisiones finales serán el resultado de negociaciones internas.

Esto también explica su cautela. No quiere quedar atrapado entre sus convicciones personales y las presiones políticas que enfrentará una vez que se siente en el tribunal en enero de 2027.

La credibilidad como misión

Lo que quedó claro en la entrevista es que Barroso entiende su rol como una misión de restauración de confianza. Las elecciones panameñas han estado marcadas por la desconfianza, los cuestionamientos y, en algunos casos, acusaciones de fraude. Su compromiso es que eso cambie.

«Lucharé en conjunto con los otros dos magistrados para lograr o recobrar esa credibilidad de la población y cuando se anuncien resultados sean creíbles, además de todas las otras características que tiene que debe tener», dijo.

Esa es su promesa. Si la cumple, podría ser el legado de su gestión. Si no, será recordado como otro magistrado que llegó con buenas intenciones pero que fue capturado por las dinámicas políticas que pretendía evitar.

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Barroso, actual fiscal general de Cuentas, era considerado desde hace meses como uno de los aspirantes con mayor respaldo dentro del Órgano Legislativo. Durante el proceso de entrevistas ante la Comisión de Credenciales, el propio candidato aseguró contar con los votos necesarios para alcanzar la designación.

La votación en el pleno reflejó ese respaldo. Barroso fue escogido con 52 votos, distribuidos entre distintas bancadas: 14 de Realizando Metas (RM), 12 del Partido Revolucionario Democrático (PRD), nueve de Cambio Democrático (CD), ocho del Partido Panameñista, además del apoyo de diputados de la coalición Vamos, la bancada mixta y un voto adicional del exintegrante de Vamos, Carlos Saldaña.

Por su parte, el actual magistrado Alfredo Juncá, quien aspiraba a la reelección, obtuvo 18 votos, provenientes principalmente de la coalición Vamos, la bancada Seguimos y el Partido Popular.

El proceso de selección inició el 14 de abril con la fase de entrevistas a los aspirantes. En total se presentaron 27 candidatos, aunque durante el proceso dos retiraron sus postulaciones, entre ellos la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño. Otro aspirante fue excluido por no cumplir con los requisitos establecidos, según el informe final de la Comisión de Credenciales.

La candidatura de Barroso fue presentada en el pleno por el diputado Eliécer Castrellón, de la bancada Mixta, mientras que la postulación de Juncá fue impulsada por la diputada Grace Hernández, de la bancada Seguimos.

Con más de tres décadas de trayectoria en el ejercicio del Derecho, Barroso asumió en septiembre de 2024 el cargo de fiscal general de Cuentas. A lo largo de su carrera ha ocupado diversas posiciones en el sector público, incluyendo roles en el Órgano Ejecutivo y en gobiernos locales.

Entre sus credenciales académicas destacan diplomados en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Administrativo, así como una maestría en Derecho de Familia. También ha ejercido como docente universitario en áreas como Derecho Civil, Procesal Civil y de Familia, además de desempeñarse como magistrado suplente y consejero jurídico del Tribunal de Cuentas, asesor en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) y alcalde del distrito de Arraiján.

La designación de Barroso se produce en un contexto en el que el Tribunal Electoral enfrenta el reto de fortalecer su institucionalidad de cara a los próximos procesos electorales del país.

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La inspección abarcará el período comprendido entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de verificar si los bienes y recursos del Estado asignados a la institución fueron administrados de manera correcta.

La Contraloría recalcó que la medida se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución y la Ley, que le confieren la tarea de vigilar el uso transparente y responsable de los recursos públicos.

El anuncio también precisó que se llevarán a cabo todas las diligencias necesarias, en coordinación con el personal del Tribunal Electoral, y que, de ser necesario, se reforzará el equipo de trabajo con auditores especializados para garantizar que el proceso se desarrolle de forma ágil y sin contratiempos.

Con esta decisión, el ente fiscalizador busca dar seguimiento a uno de los principios centrales de su mandato: asegurar que cada institución del Estado rinda cuentas claras sobre la administración de los recursos puestos a su disposición.

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Chapman, quien participaba en el XXIX Congreso Hemisférico Panamá 2025 sobre prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, calificó la medida como “inconveniente” y advirtió que también se opone a cualquier equiparación salarial para los magistrados del Tribunal Electoral (TE).

“Acabo de ver a la presidenta magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Le he comunicado por escrito, tanto a los miembros de la Corte como a los magistrados del Tribunal Electoral, que estoy en total desacuerdo y pienso que esto no es cónsono con el mensaje de prudencia fiscal y manejo riguroso de las finanzas públicas que estamos enviando al país”, señaló.

El pronunciamiento del titular de Economía se produce después de que gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos exigieran a la Corte rectificar la medida. Según Chapman, la decisión de ajustar jubilaciones y salarios envía un mensaje negativo y no responde a las prioridades ciudadanas, que apuntan al control del gasto público.

“Envié un mensaje respetuoso pidiendo a los dos órganos que reconsideren ambas acciones, la del aumento de salario y la de las jubilaciones”, recalcó.

El ministro recordó que el pasado viernes se reunió con analistas de las principales calificadoras de riesgo para exponer el plan gubernamental de disciplina fiscal, reducción del gasto y control del déficit. En ese contexto, consideró que las decisiones recientes de la CSJ y el TE no son compatibles con dichos objetivos.

En el evento, Chapman coincidió en la primera fila con la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, así como con representantes del sector financiero y de seguridad.

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Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a múltiples servicios tanto del sector público como privado. En su primera etapa, los usuarios podrán realizar trámites vinculados a la Dirección del Registro Civil, Cedulación y Organización Electoral. Entre los certificados que podrán ser emitidos a través de la aplicación figuran los de nacimiento, matrimonio y defunción.

El magistrado Juncá destacó que la implementación de la cédula digital reducirá los tiempos y costos asociados a la gestión de documentos físicos y los desplazamientos hasta las oficinas del TE, brindando a los ciudadanos la posibilidad de llevar consigo sus documentos de identidad en sus dispositivos móviles y realizar gestiones desde cualquier lugar.

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El Tribunal Electoral (TE) emitió un comunicado en el que reafirma que aún no ha recibido documentación oficial por parte del Órgano Judicial referente a la condena del ex presidente Ricardo Martinelli.

«La institución continúa sin contar con documentación alguna proveniente del Órgano Judicial relacionada con la condena de Ricardo Martinelli Berrocal, quien se postula como candidato presidencial para las elecciones de 2024», afirmó el magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá.

Juncá subrayó que «el TE, en apego a la Constitución y la ley, no puede anticipar las implicaciones electorales de la sentencia condenatoria que pesa sobre el candidato».

«Una vez que se recepcione la documentación correspondiente, el TE procederá de manera expedita y conforme al debido proceso para pronunciarse al respecto», agregó Juncá.

Finalmente, el magistrado destacó que «el Plan General de Elecciones continúa desarrollándose según lo establecido, con el objetivo de garantizar la transparencia, honestidad y eficacia del ejercicio del sufragio popular».

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El Tribunal Electoral (TE) de Panamá ha anunciado hoy, 19 de febrero, que el primer debate presidencial se llevará a cabo el próximo lunes 26 de febrero. Esta discusión política será exclusivamente para los candidatos a la presidencia de la República de Panamá.

Según detalles proporcionados por el tribunal, solo los candidatos presidenciales tendrán derecho a participar en el debate, en conformidad con lo establecido en el artículo 275 del Código Electoral. Aquellos candidatos que decidan no asistir verán vacío el espacio asignado para ellos, de acuerdo con las reglas establecidas para cada debate.

La oficialización de esta información se realizó mediante el Decreto N°13, emitido el 19 de febrero de 2024, el cual convoca a la Elección General del próximo 5 de mayo y establece otras disposiciones relevantes. Este decreto ha sido publicado en el Boletín Electoral N° 5573-A.

La decisión del TE de fijar la fecha del primer debate presidencial se produce después del reciente cambio en la programación de los debates, motivado por la controversia suscitada por la inclusión de José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, en lugar de Ricardo Martinelli, candidato presidencial por esos mismos colectivos, quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá debido a una condena por blanqueo de capitales.

Esta nueva determinación podría dejar fuera a José Raúl Mulino si su estatus de candidatura no cambia antes de la fecha del primer debate.

Las fechas de los otros dos debates permanecen sin cambios: el segundo debate presidencial se llevará a cabo el miércoles 13 de marzo, mientras que el tercero está programado para el miércoles 17 de abril. Todos los debates están programados para las 7:50 p.m. y serán transmitidos por televisión y en cadena nacional.

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La anticipación y preparación para las elecciones generales del próximo 5 de mayo de 2024 en Panamá están siendo meticulosamente evaluadas por un grupo de avanzada de observadores electorales internacionales. La Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) ha desplegado esta primera misión para adentrarse en los detalles de la organización electoral del país.

Encabezados por distinguidos representantes de diversos países de la región, la delegación fue recibida por el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá. Este encuentro sirvió como plataforma para ofrecer acceso completo a la información electoral relevante, destinada a proporcionar una visión exhaustiva del proceso electoral panameño.

El magistrado Eduardo Valdés Escoffery, coordinador del Plan General de Elecciones (Plagel), tuvo a su cargo la explicación detallada de las innovaciones implementadas en el proceso electoral. Desde la recolección de firmas para la libre postulación hasta la participación de la juventud y los debates presidenciales, se compartieron aspectos clave que delinean el panorama electoral de Panamá.

Además, el grupo se reunió con el director nacional de Organización Electoral, Osman Valdés, para abordar aspectos relacionados con la organización del proceso y la participación de los partidos políticos en el mismo.

La composición diversa y experimentada de la misión de Uniore refleja el compromiso con la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales. Entre los integrantes se encuentran Vanessa Santo Domingo, representante de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico; Rafael Riva Palacio, director de Vinculación y Cooperación Internacional del Instituto Nacional Electoral (INE) de México; Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú; Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral de Uruguay; Tasheena Obando, asesora internacional de CAPEL; y José Thompson, director de CAPEL.

La presencia activa de estos observadores internacionales subraya la importancia de garantizar la integridad y la legitimidad de las próximas elecciones en Panamá, consolidando así la confianza en el sistema democrático del país.

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CAMPAÑA | RICARDO LOMBANA

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El Tribunal Electoral (TE) anunció la instalación del Organismo Consultivo Permanente del Pacto Ético Electoral en su sede en Ancón. Este órgano tiene la responsabilidad de evaluar denuncias, quejas, sanciones morales y analizar situaciones que puedan considerarse incumplimientos de las normas del Pacto Ético Electoral, en preparación para las elecciones generales del 5 de mayo.

El Organismo Consultivo Permanente está compuesto por representantes del Comité Ecuménico de Panamá, partidos políticos signatarios, candidatos presidenciales por libre postulación, Defensoría del Pueblo, Comisión de Justicia y Paz, Consejo Nacional de Periodismo, Sindicato de Periodistas de Panamá, Colegio Nacional de Periodistas, Asociación de Periodistas de Chiriquí, Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, Forum de Periodistas, Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos.

Durante una reunión con los representantes de estas organizaciones, el Comité Ecuménico de Panamá y el Organismo Consultivo Permanente recibieron observaciones que se agregarán para la aprobación de su propio reglamento y metodología para evaluar denuncias.

Se anticipa que el próximo encuentro de la entidad está programado para el lunes 19 de febrero, con reuniones ordinarias quincenales y extraordinarias según sea necesario. Este paso refleja el compromiso del Tribunal Electoral para asegurar un proceso electoral ético y transparente.

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