Tres niños estadounidenses deportados a Honduras: uno de ellos, con cáncer

Bajo el cielo gris de Luisiana, lo impensable sucedió la semana pasada: tres niños nacidos en Estados Unidos fueron deportados a Honduras junto a sus madres, en un operativo que defensores de derechos civiles califican como un “grave atropello al debido proceso”.

Entre ellos, un pequeño de apenas cuatro años, que hasta hace unos días recibía tratamiento médico por un cáncer metastásico en un hospital local.

Según denunciaron organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración (NIP), las madres —quienes carecían de estatus migratorio regular— habían acudido a citas rutinarias de verificación ante el programa ISAP (Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva) en Louisiana. Asistieron confiadas, llevando consigo a sus hijos, sin imaginar que ese mismo día serían arrestadas, separadas de sus abogados y deportadas sin oportunidad real de defensa.

La abogada Gracie Willis, quien representa a la niña de 2 años involucrada en uno de los casos, describió el procedimiento como «una erosión brutal del debido proceso». “Esto debería alarmar a toda persona que crea en el estado de derecho”, enfatizó.

Arrestos durante citas de rutina

El primer caso involucra a una madre y sus hijas de 2 y 11 años, detenidas por agentes del ICE el martes pasado, mientras cumplían con su obligación de presentarse a una revisión de rutina. En un intento desesperado por frenar la deportación de la niña más pequeña, identificada como V.M.L. en documentos judiciales, su representante legal presentó una petición de emergencia en un tribunal federal. Aunque el juez reconoció que deportar a un ciudadano estadounidense es ilegal e inconstitucional, la niña fue enviada a Honduras antes de que pudiera celebrarse la audiencia prevista para el 16 de mayo.

En un caso paralelo, una madre que ha vivido más de una década en el sur de Louisiana fue arrestada el jueves junto a sus dos hijos, de 4 y 7 años, también ciudadanos estadounidenses. Erin Hebert, su abogada, denunció que pese a tener preparada una suspensión de deportación, no se le permitió acompañar a su cliente a la cita, ni se le informó del paradero de la familia. En menos de 24 horas, la madre y sus hijos ya estaban en un avión rumbo a Centroamérica.

“El nivel de opacidad, la negación de acceso al abogado, la rapidez de las deportaciones… todo viola los principios más básicos de justicia”, declaró Hebert.

«No pidieron llevarse a sus hijos»

Funcionarios del gobierno, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al zar de fronteras Tom Homan, sostienen que las madres solicitaron llevar consigo a sus hijos. Apuntan como evidencia a una nota manuscrita en español.

Sin embargo, los abogados de las familias niegan categóricamente esta versión. Willis sostuvo que la nota «no puede interpretarse como un consentimiento informado», y aclaró que ambas mujeres, incluida una de ellas que está embarazada, deseaban que sus hijos permanecieran en Estados Unidos, donde tienen familiares y acceso a atención médica crítica.

La deportación del niño de 4 años, quien estaba recibiendo tratamiento oncológico, constituye uno de los aspectos más dolorosos del caso. “Dejar a un niño con cáncer sin continuidad médica es una crueldad que no tiene justificación legal ni humana”, lamentó Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU de Louisiana.

Un precedente alarmante

Los defensores advierten que estos hechos no son incidentes aislados, sino el reflejo de una política migratoria bajo el Gobierno de Trump cada vez más implacable, donde incluso los ciudadanos estadounidenses pueden verse atrapados por errores o decisiones arbitrarias.

“Si ICE puede hacer esto con bebés, con madres embarazadas, con niños enfermos, ¿quién puede pensar que está a salvo?”, se preguntó Odoms.

Mientras tanto, las familias afectadas ahora luchan desde Honduras —y desde los tribunales estadounidenses— por el derecho a regresar a su hogar legítimo: Estados Unidos.