Venezuela denuncia bloqueo naval y advierte impactos en la seguridad energética global

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos volvieron a escalar esta semana tras la decisión de Washington de imponer un bloqueo naval a buques petroleros sancionados que ingresen o salgan del país, una medida que Caracas considera una violación del derecho internacional y una nueva fase en la política de presión económica aplicada contra su principal industria estratégica.

La reacción del Gobierno venezolano quedó plasmada en una carta del presidente Nicolás Maduro dirigida a la comunidad internacional y leída por el canciller Yván Gil, en la que se advierte que el bloqueo podría afectar el suministro energético global y profundizar la inestabilidad en los mercados internacionales. El documento denuncia la intercepción en altamar de dos buques que transportaban cerca de cuatro millones de barriles de crudo venezolano, acciones calificadas como “secuestro y apropiación ilícita” de recursos pertenecientes a un Estado soberano.

Según el Ejecutivo venezolano, estas operaciones constituyen actos de fuerza incompatibles con principios fundamentales del orden jurídico internacional, como la libertad de navegación y la prohibición del uso unilateral de la fuerza. La misiva subraya que la utilización de la energía como herramienta de coerción política genera efectos que trascienden el ámbito bilateral y repercuten en la seguridad energética global.

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Maduro exhortó a los gobiernos de la región y a los organismos multilaterales a pronunciarse frente a lo que describió como una normalización de prácticas coercitivas al margen del sistema multilateral. En ese contexto, advirtió que la tolerancia a acciones como la piratería, el saqueo de recursos naturales y la ejecución de civiles podría erosionar gravemente los mecanismos de gobernanza internacional y derivar en escenarios de confrontación de consecuencias imprevisibles.

El anuncio del bloqueo se produjo la semana pasada, cuando el expresidente estadounidense Donald Trump ordenó una restricción “completa” a los buques petroleros sancionados vinculados a Venezuela, con el objetivo de limitar los ingresos del país. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, los dos tanqueros interceptados tenían como destino final mercados en Asia.

Los efectos de la medida comenzaron a reflejarse de inmediato en la operatividad del sector petrolero venezolano. Datos marítimos indican que la actividad de carga cayó a su nivel más bajo, con numerosos buques limitando sus desplazamientos a rutas internas o suspendiendo su navegación hacia la costa venezolana. En paralelo, los precios internacionales del crudo Brent y WTI registraron alzas superiores al 2 %, en un contexto de creciente preocupación por posibles interrupciones del suministro.

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Antecedentes de sanciones y bloqueos

Las actuales restricciones se inscriben en una política de sanciones económicas aplicada por Estados Unidos contra Venezuela desde 2015, cuando Washington declaró al país sudamericano como una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional. Desde entonces, las medidas se han intensificado, particularmente a partir de 2017, con sanciones financieras, petroleras y comerciales dirigidas a limitar el acceso de Caracas a los mercados internacionales.

El endurecimiento del cerco sobre la industria petrolera —principal fuente de divisas del país— incluyó, en distintos momentos, prohibiciones a la exportación de crudo, restricciones a la importación de diluyentes y sanciones a empresas y buques vinculados al comercio petrolero venezolano. Caracas ha denunciado reiteradamente estas medidas como un “bloqueo económico” y ha sostenido que sus efectos se asemejan a los de un embargo de facto.

En la historia reciente de América Latina, los bloqueos y sanciones unilaterales han sido objeto de controversia jurídica y política, particularmente en casos como Cuba, sometida durante décadas a un embargo estadounidense, y Nicaragua, que en distintos períodos ha enfrentado restricciones económicas. En el ámbito multilateral, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reiterado en numerosas resoluciones su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales por considerarlas contrarias a los principios de la Carta de la ONU.

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En ese marco, el Gobierno venezolano sostiene que el actual bloqueo naval representa una escalada cualitativa en el uso de instrumentos de presión, al involucrar acciones directas en altamar que, según afirma, vulneran normas del derecho internacional público y del derecho del mar.

La carta también cuestiona el despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde agosto, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, al considerar que constituye una amenaza explícita del uso de la fuerza. Asimismo, condena operaciones del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según Caracas, han dejado más de un centenar de civiles muertos, hechos que describe como una práctica sistemática de empleo de la fuerza fuera de los marcos legales internacionales.