Nuevas restricciones de visas y entrada a EE. UU. a personas identificadas en el informe sobre actores corruptos y antidemocráticos

Nuevas restricciones de visas y entrada a EE. UU. a personas identificadas en el informe sobre actores corruptos y antidemocráticos

En un informe sobre actores corruptos y antidemocráticos presentado al Congreso de los Estados Unidos, se identificaron y sancionaron a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua por su participación consciente y voluntaria en en casos de corrupción.

Según la Ley de Compromiso Reforzado de los Estados Unidos – Triángulo Norte establece la obligación de presentar un informe que identifique a personas extranjeras que se considera que han participado conscientemente en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstaculización de investigaciones sobre actos de corrupción en los países mencionados. Estas acciones corruptas incluyen corrupción relacionada con contratos gubernamentales, sobornos, extorsión, lavado de dinero, facilitación o transferencia de los beneficios de la corrupción, así como actos de violencia, hostigamiento o intimidación dirigidos a investigadores de la corrupción gubernamentales y no gubernamentales.

El informe se envía a los Comités de Asuntos Exteriores y Judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado. Las personas extranjeras identificadas en el informe no son elegibles para visas ni para ingresar a los Estados Unidos. Las visas existentes serán revocadas de inmediato y se cancelará cualquier otra visa válida o documentación de ingreso.

El Salvador

José Miguel «Mecafe» Antonio Menéndez Avelar, ex presidente del Centro de Ferias y Convenciones, participó en corrupción significativa al direccionar un contrato de $8.4 millones del Ministerio de Obras Públicas para la construcción de un puente en el Departamento de Chalatenango, El Salvador, a un empresario guatemalteco. A cambio, Menéndez recibió ilegalmente un avión pequeño, un Beechcraft King Air 90, como regalo.

Carlos Alberto Ortiz, ex presidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, participó en corrupción significativa al lavar $97 millones a cambio de $72,000 en sobornos.

Carlos Enrique Cruz Arana, ex vicepresidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, participó en corrupción significativa al lavar $94.5 millones a cambio de $64,500 en sobornos.

Jolman Alexander Ayala, ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, un banco estatal, participó en corrupción significativa al lavar $177 millones a cambio de $78,000 en sobornos.

Carlos Mauricio Funes Cartagena, ex presidente de El Salvador, participó en corrupción significativa al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación de fondos y lavado de dinero durante su presidencia, apropiándose de cientos de millones de dólares de las arcas del Estado.

Salvador Sánchez Cerén, ex presidente y vicepresidente de El Salvador, participó en corrupción significativa al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de $1.3 millones de fondos públicos a cambio, y participó en un esquema para desviar $183 millones de fondos públicos de cuentas y supervisión públicas hacia cuentas personales mientras ejercía como presidente.

Guatemala

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal, socavó los procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.

Edgar Humberto Navarro Castro, ex presidente de la administradora del mercado mayorista de energía de Guatemala, participó en corrupción significativa al proporcionar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones, en detrimento de la eficiencia energética y la acción efectiva contra el cambio climático.

Fredy Raúl Orellana Letona, juez actual, socavó los procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.

Gendri Rocael Reyes Mazariegos, ex ministro de Interior, participó en corrupción significativa.

Joviel Acevedo Ayala, actual jefe del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), participó en corrupción significativa al proporcionar apoyo político del STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez actual, socavó los procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales políticamente motivados contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.

Lesther Castellanos Rodas, ex juez y actual Relator contra la Tortura de Guatemala, socavó los procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas relacionadas con el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.

Melvin Quijivix Vega, actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, participó en corrupción significativa al utilizar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos gubernamentales de adquisiciones a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.

Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la junta directiva de la Comisión Portuaria Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y acosar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.

Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos, socavó los procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 después de un proceso de selección fraudulento.

Honduras

Alex Alberto Moraes Girón, ex gerente administrativo de la Inversión Estratégica de Honduras, participó en corrupción significativa al malversar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluyendo el fraude al gobierno hondureño de aproximadamente $1.6 millones destinados a mascarillas faciales para uso del personal médico.

Alexander López Orellana, alcalde actual de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, participó en corrupción significativa al otorgar de manera indebida contratos municipales de varios millones de dólares a sus aliados políticos.

Edna Yolany Batres Cruz, ex ministra de Salud, participó en corrupción significativa al defraudar al gobierno hondureño en más de $300,000 al coludirse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida.

Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), participó en corrupción significativa al otorgar contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de ENEE a cambio de sobornos.

Marcelo Antonio Chimirri Castro, ex director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, participó en corrupción significativa al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstaculizó las investigaciones sobre sus actos corruptos intimidando a periodistas.

Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ex director de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en corrupción significativa al lavar dinero en nombre de la organización de narcotráfico Los Cachiros, otorgando $2.76 millones en contratos gubernamentales hondureños a una empresa de construcción controlada por los Cachiros.

Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich, ex ministro de infraestructura y servicios públicos, ex ministro de energía y ex asesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, participó en corrupción significativa al malversar fondos estatales mediante la sobrevaloración de proyectos de obras públicas.

Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal, socavó los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.

Víctor Elías Bendeck Ramírez, empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, participó en corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y utilizando su influencia con funcionarios gubernamentales en su beneficio personal.

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Partido Liberal de Honduras, socavó los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también utilizó su influencia con funcionarios gubernamentales para evadir responsabilidad por aparentes violaciones a la ley hondureña por parte de la empresa de cable de su familia.

Nicaragua

Wendy Carolina Morales Urbina, actual fiscal general de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la Fiscalía General para facilitar una campaña coordinada de represión de la disidencia, confiscando propiedades de opositores políticos del gobierno sin fundamento legal. Urbina también ha confiscado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales en virtud de leyes diseñadas explícitamente para reprimir la libertad de asociación.

Arling Patricia Alonso Gómez, actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para privar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

Gladis de los Ángeles Báez, actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para privar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

Loria Raquel Dixon Brautigam, actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para privar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

Alejandro Mejía Ferreti, actual tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó los procesos e instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para privar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

Rosa Argentina Solís Dávila, jueza de la Corte de Apelaciones en la Corte de Apelaciones Penales de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada de represalia contra críticos del régimen de Ortega-Murillo y de supresión de la disidencia, privando de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

Angela Dávila Navarrete, actual jueza de la Corte de Apelaciones en la Corte de Apelaciones Penales de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada de represalia contra críticos del régimen de Ortega-Murillo y de supresión de la disidencia, privando de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno nicaragüense, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada de represión, utilizando su posición para facilitar la confiscación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ningún fundamento legal.

Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada de represalia contra críticos del régimen de Ortega-Murillo y de supresión de la disidencia, utilizando su posición para facilitar la confiscación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ningún fundamento legal.

Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección Nacional de Registros de Bienes (DNR), socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar las propiedades de opositores políticos.

Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar las propiedades de opositores políticos.

Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vice-superintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para suprimir la disidencia mediante la confiscación de los activos de adversarios políticos sin fundamento legal.

Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, vice directora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para rescindir y confiscar pensiones de adversarios políticos sin fundamento legal.