El silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia en los casos de alto perfil

PRIMERA ENTREGA

Antecedentes, investigación y presentación de la hipótesis

El silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia en los casos de alto perfil

PANAMÁ, JUSTICIA A LA CARTA

“La información que se relaciona con los diputados es confidencial”,

Manuel José Calvo, secretario general de la CSJ

LEONARDO GRINSPAN | Panamá en Directo

En Panamá, la justicia es ciega, pero no quienes la imparten, fijos sus ojos en el vaivén de la política y sus intereses. Las denuncias presentadas hace más de cuatro años  contra un grupo de diputados por el supuesto despilfarro de fondos públicos están estancadas en el Órgano Judicial.

Una simple solicitud de información a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer el estatus de las denuncias interpuestas en el 2019 por la Contraloría General de la República (CGR) ha bastado para comprobar la discrecionalidad con que este órgano del Estado trata los temas que tienen que ver con la Asamblea Nacional. Los diputados fueron denunciados  por la supuesta mala utilización de las planillas de contratos especiales donde nombraron a allegados y familiares.

La petición de información, dirigida en principio a la presidente de la CSJ, Maria Eugenia López,  no pudo ser entregada porque un asesor de alto rango indicó a los funcionarios del departamento de correspondencia que no podían recibir el documento porque “se trataba de temas de la Asamblea” y que debía ser cursada a través  la secretaría general. Esa sección, que no atiende cartas a a la presidencia de la CSJ, pero sí al secretario general, la aceptó y respondió en primera instancia.

Su contestación, tras una larga espera, confirmó lo que titula esta investigación, hay un silencio cómplice y protector a la declarada “información de naturaleza confidencial” cuando se relaciona con los diputados.

Manuel José Calvo, secretario general de la CSJ, sí respondió a este periodista dentro del plazo de 30 días calendario establecido por la Ley 6 de Acceso a la Información, pero no resolvió las dudas planteadas y se negó a recibir una segunda carta inquiriendo mayores detalles. En su escueta explicación, indicó que solo las autoridades judiciales y las partes del proceso de nuestro interés (por su alta importancia para la sociedad), pueden conocerlo.

MANUEL JOSÉ CALVO

“La nota dirigida a usted, con la respuesta a su solicitud ha sido clara y fundamentada en Derecho, por lo que no tengo más nada que agregar”, espetó por correo electrónico el funcionario.

El Ministerio Público (MP), también consultado mediante carta dirigida al procurador general de la nación encargado, Javier Caraballo,  solicitó una extensión de tiempo para contestar, luego de 30 días de tener la carta en su poder, argumentando que el proceso se encontraba en la etapa de “recopilación de datos”, ya que la información requerida espera respuesta de todos los despachos del país. La nota firmada por el secretario general del MP, José Antonio Candanedo Chiam, se quedó en esa instancia. Pasados los segundos 30 días solicitados y amparados en la Ley de Transparencia, a pesar de haber realizado los esfuerzos por recibir la información requerida, no hubo respuestas.

Fue la denuncia periodística del diario La Prensa contra el uso irregular de las planillas de contrato discrecional de la Asamblea Nacional lo que despertó en 2018 las alarmas del entonces contralor Federico Humbert, quien quiso abrir una investigación de oficio con la colaboración de la junta directiva del órgano legislativo, que rotundamente se negó.

La CGR inició entonces una revisión concomitante -que se desarrolla durante el mismo período de tiempo- con la que encontraron “irregularidades significativas”, motivo por el cual decidieron auditar las planillas cuestionadas, la 080 y 172, dedicadas a contratos de servicios “personales” y “especiales”, respectivamente.

Humbert anunció en una rueda de prensa, la cual generó gran expectativa, que se encontraron múltiples irregularidades, como posibles delitos contra la administración pública, contra la fé pública y el orden económico, por parte de diputados que habrían contratado a familiares, o a empleados de sus empresas particulares con las partidas de la Asamblea.

Ante este escenario preocupante y sin el apoyo de la Asamblea para aclararlo, Humbert suspendió las retribuciones salariales a 3,200 funcionarios contratados en las planillas 080 y 172.

“Mientras no se pueda verificar el manejo correcto de los mismos, procederemos a suspender los pagos en los que no se permita la acción de la CGR”, puntualizó en aquel momento el ahora excontralor sobre los contratos cuestionados.

La Contraloría interpuso entonces varias denuncias por las apuntadas irregularidades  de los diputados ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

La negativa de la presidenta de la Asamblea Nacional en ese momento (2018), Yanibel Ábrego, para permitir el acceso de los auditores enviados por Humbert a las oficinas parlamentarias para revisar los documentos de las millonarias planillas denunciadas desató una inédita confrontación con la Corte Suprema de Justicia.

Ábrego interpuso diferentes recursos ante la Corte, incluido un amparo de garantías, para intentar que se desestimase la orden del contralor, y no fue hasta que se dio a conocer la resolución, en mayo del año 2019, que la CGR pudo acelerar sus trámites y publicar, a finales de ese año en su sitio web , las planillas y las donaciones que habían recibido los diputados.

En medio del litigio judicial, el contralor empezaba a dar indicios a la ciudadanía de lo que se había detectado en las investigaciones preliminares, determinando que los fondos de todos los panameños se estaban manejando  en muchos casos de forma “irregular y dudosa” y declaró que se había identificado un “modus operandi” o patrón claramente delictivo.

Pero, ¿qué pasó con estas investigaciones?

¿Están archivados los casos contra aquellos que todavía son diputados?

¿Cuál ha sido el proceso que se ha llevado a cabo en cada caso? ¿Se demostró el delito? ¿Se han aplicado sanciones?

Después de cuatro años, desde que las denuncias fueron presentadas por el ente fiscalizador del Estado, estas preguntas siguen sin ser respondidas.

Los casos que se encuentran en la CSJ no han avanzado, y la sospecha de esta investigación es que hayan archivado, mientras que las pesquisas del MP avanzan sólo contra aquellos que ya no cuentan con un fuero penal.

Se ponen sobre la mesa en este punto, los artículos 155, 160 y 206 de la Constitución Política de Panamá.

Si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son responsables de  investigar y procesar a los diputados y sus suplentes (también del Parlamento Centroamericano), Y las denuncias que pesan sobre los miembros  de la CSJ, solo pueden ser conocidas y atendidas y juzgadas, si a ello diere lugar, por la Asamblea Nacional, ¿cómo desestimar el potencial conflicto de intereses y la falta de independencia en sus funciones fiscalizadoras y de investigación mutua?

La Oficina Antifraude de Cataluña (España), institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público, una referencia entre varias de su tipo, identifica  tres tipos de conflictos de interés: el real, el potencial y el aparente

Para el abogado litigante y docente universitario Juan Antonio Kuan Guerrero, las competencias existentes en Panamá, mediante las cuales  los diputados investigan y juzgan a los magistrados por mandato constitucional, deberían ser garantía de máxima independencia y objetividad institucional y democrática. “A la postre no es lo que se percibe que ocurre, más bien la percepción ciudadana es de una actitud pasiva recíproca” entre ambos órganos del Estado.

Kuan resalta que en el país, desde el momento en que un magistrado accede a la Corte, o un diputado a la Asamblea Nacional, la posibilidad de que exista un conflicto de interés se torna potencial. “Es natural que quieran permanecer en el cargo el tiempo por el cual han sido designados, sin ser removidos del mismo por investigaciones en su contra. Esto puede conllevar a que consideren que una actitud pasiva recíproca entre Órganos del Estado, sobre sus competencias de investigación y juzgamiento, evite mutuamente que se vean afectados en cuanto a mantenerse en sus cargos”.

Esto, asegura, se refleja con mayor evidencia, cuando existe un caso concreto de investigaciòn en la CSJ, contra miembros de la Asamblea Nacional, y a la vez, en éste órgano, se mantenga una investigación contra magistrados de la CSJ; “ello acentúa el conflicto de intereses, y se puede considerar que se trata de uno de naturaleza real.

Con ese análisis  por delante, en un sistema en el que dos  órganos del Estado se investigan, juzgan y sancionan uno al otro, es válido cuestionar su eficacia e independencia, porque, como dice el dicho, bien panameño: lagarto no come lagarto.

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