La Corte de Apelaciones ordena al abogado de Trump entregar registros sobre la investigación de documentos clasificados

La Corte de Apelaciones ordena al abogado de Trump entregar registros sobre la investigación de documentos clasificados

Un tribunal de apelaciones federales dictaminó el miércoles que un abogado que representa al ex presidente Donald J. Trump en la investigación sobre su manejo de material clasificado debe responder las preguntas del gran jurado y entregar a los fiscales documentos relacionados con su trabajo legal.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia fue una victoria para el fiscal especial que supervisa la investigación y siguió al esfuerzo de Trump por evitar que el abogado, M. Evan Corcoran, entregara lo que probablemente serían docenas de documentos a los investigadores.

La lucha entre bastidores arrojó nueva luz sobre los esfuerzos de los fiscales para reunir pruebas sobre si Trump cometió un delito al desafiar los esfuerzos del gobierno para recuperar materiales clasificados que tomó después de dejar la Casa Blanca.

La litigación, la cual ha tenido lugar a puerta cerrada, se centra en si los fiscales pueden obligar Corcoran a proporcionar información sobre quién sabía qué sobre la presencia continua de material clasificado en Mar-a-Lago, la residencia y el club privado Trump en Florida, después de que el gobierno exigiera su devolución la primavera pasada.

En particular, los fiscales se han centrado en un documento que Corcoran redactó la primavera pasada en el que se afirmaba que se había llevado a cabo una «búsqueda diligente» en Mar-a-Lago y que no quedaba más material clasificado allí, lo que resultó ser falso. Los fiscales han estado tratando de averiguar qué sabía Trump sobre esa declaración.

El caso involucra un acto de equilibrio entre el privilegio de abogado-cliente, que generalmente protege a los abogados de divulgar comunicaciones privadas con sus clientes al gobierno, y una disposición especial de la ley conocida como la excepción de crimen-fraude. Esa excepción permite a los fiscales romper el privilegio de abogado-cliente cuando tienen motivos para creer que el asesoramiento o los servicios legales se han utilizado para cometer un delito, típicamente por parte del cliente.