Ortega clausura 1.500 ONGs en Nicaragua, incluyendo la Cruz Roja y entidades religiosas

El gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, ha ordenado la clausura de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONGs), en su mayoría de carácter religioso, en una medida que representa el mayor cierre masivo de organizaciones civiles desde las protestas antigubernamentales de 2018. La decisión fue anunciada a través de una resolución del Ministerio del Interior y publicada en el diario oficial La Gaceta.

Según la resolución, estas organizaciones fueron cerradas por no haber presentado sus estados financieros durante períodos que varían de uno a 35 años. Los bienes de estas entidades serán confiscados por el Estado, según se detalla en el documento oficial. Entre las organizaciones afectadas se encuentran clubes rotarios, asociaciones deportivas, grupos de pequeños comerciantes, entidades rurales, asociaciones de jubilados, y notablemente, la Cruz Roja Nicaragüense.

Este cierre eleva a más de 5.100 el número total de ONGs clausuradas por el gobierno nicaragüense desde 2018, año en que las protestas masivas contra el gobierno de Ortega dejaron más de 300 muertos, según datos de las Naciones Unidas. Las organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de creciente represión en el país, con el endurecimiento de las leyes que regulan su funcionamiento, especialmente tras la crisis política de 2018.

Además de las entidades religiosas, el gobierno también ha clausurado numerosas organizaciones indígenas y asociaciones de excombatientes de la guerra civil de los años 80 entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras. La reciente medida incluye la implementación de una nueva ley que obliga a las ONGs a operar únicamente en alianzas con entidades estatales, una normativa que limita drásticamente la autonomía de estas organizaciones y su capacidad para ejecutar proyectos independientes.

La clausura masiva de ONGs ha generado críticas por parte de medios opositores nicaragüenses, muchos de los cuales operan desde el exilio, que señalan que el gobierno de Ortega busca controlar los recursos que estas organizaciones reciben y eliminar cualquier forma de disidencia. Este movimiento también se produce en un contexto de crecientes sanciones internacionales contra el gobierno de Ortega, particularmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que acusan al mandatario de implementar medidas autoritarias.

La situación se agrava con la represión religiosa en el país. Desde agosto, más de una decena de sacerdotes han sido detenidos, la mayoría de ellos expulsados al Vaticano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al gobierno nicaragüense que cese la represión y la persecución religiosa, además de denunciar la detención arbitraria de al menos 141 personas, que se encuentran en condiciones precarias en las cárceles del país.