Ley seca anticipada en Bogotá genera rechazo de comerciantes antes de las elecciones presidenciales

Bogotá aplicó una ley seca más extensa que la prevista para el resto del país con motivo de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo, una decisión que, aunque busca garantizar el orden público durante la jornada electoral, provocó molestia entre comerciantes, bares y trabajadores del sector nocturno.

La Alcaldía Mayor de Bogotá decretó la restricción desde las 6:00 p.m. del viernes 29 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio. Durante ese periodo queda prohibida la venta, comercialización y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales y espacios públicos.

La medida fue adoptada mediante el Decreto 191 de 2026 y, según el Distrito, forma parte del dispositivo de seguridad para garantizar la convivencia y el normal desarrollo de las elecciones. Las autoridades anunciaron controles de inspección, vigilancia y control con apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y las alcaldías locales.

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La decisión de Bogotá se diferencia de la disposición nacional. Para el resto del país, la ley seca está prevista desde las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio, de acuerdo con el Decreto 188 de 2026. En la capital, por tanto, la restricción comenzó 24 horas antes y se extenderá durante 66 horas continuas.

El anuncio generó rechazo entre gremios y comerciantes, especialmente del sector de bares, restaurantes, discotecas y entretenimiento nocturno. La Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia, Asobares, cuestionó que la medida se aplicara desde el viernes, día clave para la actividad económica del sector, y advirtió que la restricción afecta empleos, ventas y proveedores.

Según el gremio, los viernes y sábados concentran una parte importante de los ingresos semanales de estos negocios. Por ello, consideran que adelantar la ley seca golpea de manera directa al comercio formal, mientras podría incentivar el consumo informal o la venta ilegal de alcohol.

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Asobares también hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá para buscar alternativas que permitan garantizar la seguridad sin afectar de forma tan fuerte la economía nocturna. Entre las propuestas del sector están reforzar la presencia institucional, activar redes de apoyo con la Policía y trabajar con los establecimientos formales en medidas de autocuidado y control.

A la inconformidad se sumó Bares Unidos de Colombia, organización que convocó a comerciantes, trabajadores, artistas, proveedores y empresarios del sector nocturno a manifestarse en rechazo al decreto. El argumento central de los comerciantes es que la seguridad electoral no debería lograrse a costa de paralizar una actividad económica que genera miles de empleos en la ciudad.

Aunque la ley seca no ordena el cierre obligatorio de bares, restaurantes o discotecas, en la práctica muchos de estos establecimientos reducen o suspenden su operación debido a que una parte esencial de sus ingresos depende de la venta de licor.

Las autoridades, por su parte, insisten en que la restricción busca prevenir alteraciones del orden público antes, durante y después de la jornada electoral. Quienes incumplan la medida se exponen a sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

Con más de seis millones de ciudadanos habilitados para votar en Bogotá, la capital tendrá un amplio despliegue institucional durante las elecciones. Sin embargo, la polémica por la ley seca anticipada abrió de nuevo el debate entre seguridad, convivencia ciudadana y protección de la actividad económica formal.