Panamá en Directo: El dilema de la infiltración policial y los proyectos que generan empleo

El gobierno panamá infiltracion policial genera debate sobre seguridad vs. derechos. Análisis de la torpeza comunicacional y proyectos de empleo estancados en la Corte.
Panamá en Directo: El dilema de la infiltración policial y los proyectos que generan empleo

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | septiembre 14, 2026 07:40 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - Panamá en Directo: El dilema de la infiltración policial y los proyectos que generan empleo

Son las 6:34 de la mañana en Panamá. En el estudio de Panamá en Directo, Gonzalo Lázaro, Nica Reyes y Poncho Ramos abren el lunes 14 de septiembre de 2026 con un tema que ha generado grietas profundas en la conversación pública: la infiltración policial en movimientos sociales y la torpeza comunicacional del gobierno para explicarla.

Hace exactamente 40 años, el 13 de septiembre de 1986, Hugo Espadafora fue decapitado. Ese crimen marcó un antes y un después en la historia reciente de Panamá, dejando claro hasta dónde estaba dispuesta a llegar la dictadura. Pero mientras se conmemora ese hito oscuro, el país enfrenta hoy una pregunta incómoda: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar un gobierno democrático en nombre de la seguridad?

La infiltración que nadie quería confirmar

El viernes pasado, la Conferencia Episcopal Panameña emitió un comunicado sobre la mina de Donoso. Pero lo que realmente sacudió la semana fue un documento de 121 páginas presentado por organizaciones sindicales y sociales —Alianza Pueblo Unido por la Vida, Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otras— que denunciaba la existencia de una estructura de vigilancia dentro de la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNIP).

El gobierno panamá infiltracion policial no era un secreto guardado en las sombras. Era un secreto que el gobierno decidió confirmar públicamente, de la peor manera posible.

Según el documento, un mayor de la policía estaría a cargo de una estructura que no aparece en el organigrama oficial, operando desde las oficinas del cuartel central de Ancón sin autorización legal. Los responsabilizados: el presidente Mulino, el ministro de Seguridad Frank Abrego, el director de la policía Jaime Fernández, el director de la DNIP Julio Cereño, y el mayor Carlos Carvajal.

Pero aquí viene lo verdaderamente grave: la red de vigilancia alcanzaba a sindicalistas, indígenas, ambientalistas, defensores de derechos humanos. Y Soundtrack —la central sindical que ha protagonizado las protestas más visibles del país— fue uno de los objetivos.

La torpeza de un comunicado que no debió existir

Lo que distingue este caso no es que exista infiltración. Eso ocurre en todos los países del mundo, desde las democracias más consolidadas hasta los regímenes más autoritarios. Lo que distingue este caso es que el gobierno decidió confirmar públicamente que existe infiltración, emitiendo un comunicado que, en lugar de aclarar, sembró más dudas.

«Hace 65 años que no veía un comunicado de un gobierno de la magnitud de la metida de pata», dice Nica Reyes en el análisis. «Un comunicado de la policía diciendo que no son espías, que son infiltrados. Válgame Dios».

El comunicado fue un error de comunicación estratégica. No porque la infiltración sea ilegítima —los sistemas de seguridad de todos los estados tienen operaciones encubiertas—, sino porque el gobierno entregó municiones al adversario sin necesidad. Confirmó lo que se sospechaba, sin explicar por qué, sin contextualizar, sin una estrategia clara.

«Si tú le dices al país la decisión del órgano ejecutivo es cerrar esa mina, tienes un escenario. Si tú le dices al país la decisión de este órgano ejecutivo es abrir la mina, tienes otro escenario. Pero al día de hoy el Ejecutivo no dice ni lo uno ni lo otro»

Esa falta de claridad no es exclusiva del tema de la infiltración. Es un patrón. El gobierno Mulino lleva 26 meses sin tomar una decisión pública sobre la mina de Donoso. Sin tomar una posición clara sobre Puerto Barú. Sin comunicar una estrategia coherente sobre nada.

¿Infiltración o represión? La línea delgada

Aquí es donde el debate se vuelve complejo. Porque hay una diferencia —una línea muy delgada, pero una diferencia— entre infiltrar a grupos terroristas vinculados al narcotráfico y infiltrar a movimientos sindicales que, aunque sean conflictivos, operan dentro del marco de la protesta social.

Cristi, uno de los analistas del programa, lo plantea así: «Una cosa es cuando estamos investigando a grupos criminales. Pero hay maneras de judicializar este tipo de investigaciones. Yo soy la última persona que va a defender aquí a Soundtrack, ni mucho menos. Pero a mí sí me llama la atención. Si me preocupa ese tipo actuar de parte de los estamentos de seguridad».

El profesor agrega un contexto histórico: «En la época de Thatcher en Reino Unido, los gobiernos posteriores entraron y por 20, 30 años investigaron qué fue lo que hizo Thatcher para infiltrar a los grupos de los mineros durante la crisis. Hay que tener cierto nivel de responsabilidad y accountability frente a cómo actúa en un estado de derecho los estamentos de seguridad».

El riesgo es real. El ejemplo de El Salvador es instructivo: Nayib Bukele llegó al poder prometiendo acabar con los «narcoterroristas». Hoy, esa categoría se ha expandido para incluir a periodistas críticos, activistas políticos, y cualquiera que se oponga al gobierno. La línea entre seguridad legítima y represión política es más delgada de lo que parece.

Mientras tanto, los empleos no llegan

Pero mientras el país se debate sobre infiltración y seguridad, hay otro problema más urgente: el desempleo. Y aquí es donde la falta de decisión del gobierno se vuelve económicamente destructiva.

Panamá crece al 4.8% anual. Pero ese crecimiento no se traduce en empleos. Un economista financiero le dijo a Gonzalo Lázaro este fin de semana: «Esa es la pregunta del millón que nadie todavía puede responder».

Hay proyectos sobre la mesa. El cuarto puente. La línea 3 del Metro con túnel. El oleoducto. Tres puertos. Todos con potencial de generar miles de empleos. Pero hay uno que lleva años estancado: Puerto Barú.

Puerto Barú es un proyecto de capital privado extranjero. Los inversionistas están ahí, con el «vet time» esperando que Panamá ponga la luz verde. Pero la Corte Suprema de Justicia tiene una demanda contra el proyecto. Y los tres magistrados de la Sala Tercera no se pronuncian.

«Cuánto tiempo necesitan 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para analizar un caso?», pregunta Gonzalo. «Un mes, un año, 10 años, 20 años? Porque si el proyecto es inconstitucional, digan que no. Si es constitucional, digan que sí. Pero la Sala Tercera está sentada encima del proyecto de Puerto Barú mirando para el cielo».

El precedente es preocupante. El fallo sobre Panamá Ports y Hutchinson tomó años. El fallo sobre matrimonio igualitario tomó 5, 6, 7 años. Mientras tanto, inversiones se paralizan. Empleos no se crean. La gente sigue desempleada.

La obsesión que falta

Gonzalo plantea una pregunta fundamental: «Si yo fuera miembro del órgano ejecutivo de este país, para mí sería una obsesión generar empleos. Porque cuando hay mucho desempleo, hay inestabilidad social. Cuando hay mucho desempleo, hay incremento en la delincuencia».

Eso es lo que falta. No es solo una estrategia de comunicación. Es una obsesión institucional por resolver el desempleo. Porque mientras el gobierno se debate sobre infiltración, mientras la Corte Suprema se toma años para fallar, mientras Puerto Barú espera, hay gente en Chiriquí sin trabajo. Hay gente en todo el país sin oportunidades.

Y eso, al final, es lo que genera la inestabilidad que justifica la infiltración. Es lo que genera la desesperación que alimenta la protesta. Es lo que crea el ciclo que ningún comunicado de la policía puede resolver.

Panamá crece al 4.8%. Pero sus instituciones no crecen con él. Su justicia es lenta. Su comunicación es torpe. Su estrategia económica es difusa. Y mientras eso ocurre, 40 años después de la decapitación de Hugo Espadafora, el país sigue preguntándose hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno en nombre de la seguridad, cuando lo que realmente necesita es seguridad económica.


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