Admiten demanda de la Fiscalía para declarar al Estado peruano como propietario de propiedades del expresidente Toledo

Admiten demanda de la Fiscalía para declarar al Estado peruano como propietario de propiedades del expresidente Toledo

El Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio de Lima ha admitido a trámite la demanda de la Fiscalía para declarar al Estado como propietario de ocho inmuebles que se presume fueron comprados con dinero proveniente de presuntas coimas de Odebrecht. Los inmuebles en cuestión pertenecen al expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug. La demanda fue presentada contra las propiedades de la pareja Toledo-Karp en Punta Sal (Tumbes) y en la urbanización Camacho, La Molina. Este último inmueble acreditó el exmandatario como su domicilio en la audiencia de control de identidad del último domingo, pese a que se encuentra incautada y en poder provisional del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Además de estas propiedades, la demanda también alcanza a las propiedades en la calle Cascajal en la urbanización Las Casuarinas, San Borja, y las unidades inmobiliarias de la torre Omega, en la avenida Manuel Olguín, en Surco, que se encuentran a nombre de Eva Fernenbug y fueron adquiridas por la suma de USD 5,126.716,14 de las cuentas de la offshore Ecoteva. La Fiscalía también busca que el Estado tenga control definitivo de una cuenta bancaria de Fernenbug, que posee US$ 42 237.70 más intereses.

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La magistrada Flor Acero Ramos, a cargo del caso, ha emplazado a Alejandro Toledo, Eliane Karp y Eva Fernenbug para que sus respectivos abogados se apersonen al proceso y ejerzan sus defensas técnicas ante el requerimiento de la Fiscalía. Toledo Manrique será notificado en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde el último domingo tras ser extraditado desde Estados Unidos. En tanto, Karp y Fernenbug serán notificadas en sus domicilios en el extranjero.

Durante la audiencia de control de identidad, Toledo Manrique acreditó el inmueble incautado por la Fiscalía como su domicilio en el Perú, ubicado en Camacho, en el distrito de La Molina. No obstante, dichos bienes se encuentran bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) desde diciembre de 2021 por la Policía de Investigación de Lavado de Activos en el marco del caso Ecoteva.