Abogado de Carrizo: informe de Contralor es «forzado» y viola debido proceso

Adecio Mojica, abogado defensor de José Gabriel Carrizo, cuestiona la validez del informe de auditoría de la Contralor por inconsistencias en cifras y denuncia violación al debido proceso tras irrupción en diligencia fiscal.
Abogado de Carrizo: informe de Contralor es «forzado» y viola debido proceso

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | abril 13, 2026 08:41 UTC-5
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Adecio Mojica, abogado defensor de José Gabriel Carrizo, fue contundente en su análisis: el informe de auditoría que sustenta la investigación en su contra no es un documento confiable, sino un «informe forzado» plagado de inconsistencias que vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa.

En una entrevista radial, Mojica —ex fiscal anticorrupción con 19 años de experiencia en la Fiscalía— cuestionó la validez de las cifras que la Contralor ha presentado como base de la investigación por presunto enriquecimiento injustificado. Según su análisis, los números no cuadran: la Contralor ha manejado tres montos diferentes (1.3 millones, 3.9 millones y 1.9 millones de dólares) sin explicar cómo llegó a cada cifra.

«Cuando uno ve un informe de contraloría con esas inconsistencias, uno dice: esto es la piedra angular del caso. Pero el fiscal también tiene que investigar a profundidad», señaló Mojica. El abogado presentó un informe pericial que demuestra, según su criterio, que hay renglones duplicados y errores que superan el 30 por ciento, lo que va más allá de un simple error administrativo.

La irrupción del jueves: el punto de quiebre

El punto de inflexión ocurrió el jueves pasado, cuando el Contralor irrumpió en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción donde se estaban cuestionando a dos auditoras sobre el informe. Mojica fue categórico: en sus 19 años como fiscal anticorrupción, nunca presenció algo similar.

«Jamás lo vi. Yo trabajé 19 años en la Fiscalía Anticorrupción y nunca vi un contralor llegar a un ministerio público a interrumpir una diligencia. Eso es inédito», afirmó.

Lo que agravó la situación fue que las auditoras no firmaron las actas de las entrevistas realizadas durante esa diligencia de más de ocho horas. Mojica explicó que esto es un procedimiento obligatorio: quien rinde una declaración debe firmar el acta para dar fe de lo que dijo. Sin esa firma, el documento carece de validez legal.

«Las funcionarias tienen la obligación de firmar. No es un tema de temor reverencial. Ellas son peritos llamados por la Fiscalía, no están bajo el mando del Contralor en ese acto en particular», aclaró el abogado defensor.

¿Beneficia o perjudica a Carrizo?

Cuando se le preguntó directamente si la irrupción del Contralor beneficiaba a su cliente, Mojica rechazó enmarcar el problema en esos términos. Para él, el asunto trasciende a Carrizo: es una cuestión de principios constitucionales.

«No debemos decir beneficio, porque eso tergiversa la situación. Lo que se está violando es el debido proceso. Hoy es nuestro defendido, pero mañana puede ser cualquier otra persona», explicó.

Según Mojica, la verdadera afectación no es solo para Carrizo, sino para el sistema de justicia en general. Si un funcionario público puede interrumpir una investigación fiscal argumentando que sus auditoras estaban cansadas o tenían hambre, se abre un precedente peligroso: cualquier funcionario investigado podría presionar a sus superiores para que detengan diligencias incómodas.

Imprecisiones que generan dudas

Mojica insistió en que el problema central no es político, sino técnico y legal. El informe de la Contralor, que supera los ocho tomos, presenta cifras que varían sin justificación clara. Cuando la defensa presentó su propio informe pericial, las cifras cambiaron nuevamente.

«El papel lo aguanta todo. 1.3, 3.9, 1.9. Eso se repite en varias ocasiones. ¿Cómo pasa de una cifra a otra? La Contralor no toma ni el menor tiempo para explicar cómo llegan a ese 1.9 millones», cuestionó.

El abogado aclaró que no está negando la existencia de los 1.9 millones, sino señalando que la metodología utilizada para llegar a esa cifra es cuestionable. Hay dineros que, según su análisis, están plenamente justificados en las transacciones que realizaba Carrizo en su calidad de vicepresidente.

La denuncia penal ya está en marcha

La Fiscalía Anticorrupción ya interpuso una denuncia penal por la irrupción del Contralor, acusando posibles delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia. Mojica confirmó que también se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación el mismo día de los hechos.

«Eso está siendo investigado por la Fiscalía. Quedará que las autoridades definan cuál va a ser el curso de esto», señaló, aunque reconoció que desconoce el contenido exacto de la carpeta de investigación.

Un precedente preocupante

Mojica advirtió sobre las implicaciones más amplias de lo ocurrido. Si se permite que un ente fiscalizador interrumpa investigaciones penales, se sienta un precedente que podría afectar futuras investigaciones contra otros funcionarios públicos o instituciones de seguridad.

«Mañana pasado, cualquier otra institución que esté siendo investigada o algún funcionario de seguridad podría simplemente decir: ‘No, nosotros no interrumpimos porque ustedes no pueden hacer esto’. Ese es el desbeneficio real», advirtió.

El abogado también hizo una observación sobre el sistema penal acusatorio que rige en Panamá desde 2011. A diferencia del antiguo sistema inquisitivo, donde el juez leía todo el expediente antes de la audiencia, en el sistema actual el fiscal expone su investigación en diferentes etapas. Esto significa que el juez no tiene «inmediación» hasta la fase de juicio oral.

¿Qué viene ahora?

Carrizo permanece detenido bajo una medida cautelar. Mojica confirmó que la Fiscalía tiene seis meses para perfeccionar la investigación, según lo ordenado por la juez en audiencias anteriores. Durante ese tiempo, la defensa seguirá presentando elementos de convicción y cuestionando la validez del informe de la Contralor.

Sobre la posibilidad de que el caso termine en una negociación política, Mojica fue cauteloso pero realista: «Los abogados defensores van a procurar que pase algo en el escenario legal. Pero lo ocurrido crea el escenario posible para que, fuera de ese escenario del Ministerio Público, los tribunales y la Contralor, se busque una solución en otro escenario: el político».

Lo que está claro es que el caso Carrizo se ha convertido en un punto de tensión entre instituciones. La irrupción del Contralor no solo cuestionó la investigación fiscal, sino que también expuso las grietas en los mecanismos de coordinación interinstitucional en Panamá. Y mientras eso se resuelve, la pregunta de fondo permanece: ¿son válidas las cifras que sustentan la acusación?


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