Aseguradoras panameñas enfrentan reclamaciones injustas y millonarias por parte del Estado

Aseguradoras panameñas enfrentan reclamaciones injustas y millonarias por parte del Estado

La Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA), encabezada por su Presidente, la Licenciada Gina Herrero, ha confirmado que desde el año 2019 ha estado denunciando la actuación de varias instituciones estatales que reclaman la Ejecución Extemporánea de Fianzas emitidas desde el año 2016. Estas reclamaciones debieron presentarse dentro del periodo establecido en la Fianza, es decir, poco después de que se conociera el incumplimiento y no años más tarde. Esta práctica es considerada perjudicial para el ordenamiento jurídico y afecta de manera injusta a las asociadas de APADEA, quienes han visto cómo su patrimonio se ve afectado al enfrentar reclamaciones a través de órdenes de secuestro de cuentas bancarias por parte del Estado, así como subrogaciones en negociaciones donde el Estado ha hecho valer su jurisdicción coactiva como medida coercitiva.

Estas medidas han ocasionado pérdidas millonarias, afectando la reputación y la capacidad de defensa de las asociadas de APADEA. Además, son contrarias al debido proceso establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, según la modificación realizada en el año 2020, específicamente en su artículo 131.

Cabe destacar que las empresas asociadas han concluido cientos de proyectos de contratistas que incumplieron con el Estado, presentando oportunamente los reclamos de acuerdo con las leyes que regulan la contratación pública. Por lo tanto, las reclamaciones presentadas por algunos funcionarios públicos fuera de los plazos establecidos por la Ley solo empañan los esfuerzos del país por salir de las listas grises y generan una marca irreversible en las Empresas Reaseguradoras Internacionales, quienes observan con preocupación el mercado asegurador panameño.

La Asociación Panameña de Aseguradores confirma que una de sus empresas asociadas ha recurrido a un arbitraje internacional, lo cual solo resalta la percepción deficiente de seguridad jurídica tanto dentro como fuera del país. Por esta razón, se espera que esta lamentable situación se resuelva antes de incurrir en gastos significativos para el Gobierno de Panamá y el sector privado. Es fundamental restaurar la percepción del debido proceso y el respeto a las leyes, lo que resulta de suma importancia para todos los involucrados.