Dirigente de Suntracs Jaime Caballero es imputado por blanqueo y enviado a detención preventiva en medio de acusciones de persecución política

Investigación revela transferencias por más de 600 mil dólares sin sustento legal

El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, fue imputado este viernes por los delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros, durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio. La jueza de garantías Meylin Jaén también ordenó la medida cautelar de detención preventiva, tras considerar que existía riesgo de fuga, posible destrucción de pruebas y la gravedad de los delitos investigados.

Caballero fue aprehendido el pasado miércoles 14 de mayo en la provincia de Chiriquí, en el marco de las protestas ciudadanas contra la nueva ley de la Caja de Seguro Social. Su detención se dio luego de que el Sistema de Verificación Ciudadana revelara la existencia de una orden de aprehensión pendiente.

Durante la audiencia, que inició a las 10:30 a.m., la fiscalía especializada contra la delincuencia organizada, representada por el fiscal Emeldo Márquez, presentó una serie de elementos que, según su criterio, evidencian la comisión de un hecho punible. Márquez detalló que Caballero habría utilizado cuentas bancarias para canalizar fondos del Suntracs con el propósito de cubrir pagos personales, incluyendo un préstamo de $39,000 con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), correspondiente a una deuda por la compra de cuatro fincas.

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El fiscal señaló que el pago fue realizado el 30 de abril de 2025 con dinero presuntamente destinado a los fines sindicales, y que Caballero intentó justificar el origen de los fondos asegurando que provenían de la venta de ganado y productos agrícolas. No obstante, informes de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) indican que Caballero no figura como productor ni mantiene actividad ganadera registrada.

Además, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) aportó un informe financiero que revela el manejo de grandes sumas de dinero por parte del dirigente, incompatibles con sus fuentes de ingresos declaradas. De acuerdo con Márquez, Caballero habría recibido más de $600,000 en transferencias bancarias, muchas de ellas sin justificación clara.

Otro de los hallazgos presentados por la fiscalía incluye el uso de una contadora pública sin idoneidad legal para ejercer. María Esther Aispurúa, quien habría manejado parte de los registros contables, utilizó una credencial de idoneidad que, según la Junta Técnica de Contadores Públicos, pertenece a Feliciano Tayler, fallecido en 1990.

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Los fondos también habrían sido usados para pagos personales, compras en comercios locales y la cancelación de un vehículo a nombre de Kathia Elena Caballero, hija del dirigente sindical. Algunas de estas transacciones habrían sido autorizadas por miembros de la junta directiva del Suntracs, entre ellos Saúl Méndez, secretario general del gremio.

En respuesta, el abogado defensor de Caballero, César Ruiloba, rechazó la presentación de cargos por parte de la fiscalía, asegurando que no existe un delito precedente que justifique una imputación por blanqueo de capitales. Señaló que el préstamo con el BDA no presenta reclamos ni perjuicios por parte de la entidad financiera, y argumentó que el dinero transferido a las cuentas del dirigente obedecía al bloqueo de las cuentas del sindicato.

Ruiloba también denunció que la fiscalía no ha permitido acceso completo al expediente, alegando reserva del sumario, y solicitó la aplicación de una medida menos severa, como la notificación periódica los días 15 y 30 de cada mes. Recordó que en Chiriquí ya existe una medida cautelar previa que vincula a Caballero con otro proceso judicial.

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En su intervención ante el tribunal, Caballero afirmó sentirse “muy afectado” por las acusaciones en su contra. Aseguró que ha sido productor por más de 30 años, cultivando tierras heredadas de su madre, y que los terrenos señalados por la fiscalía fueron adquiridos a través de financiamiento bancario. El sindicalista calificó el proceso como una persecución política y denunció que “nos han cerrado las cuentas, y el presidente José Raúl Mulino dijo que reduciría al Suntracs a su mínima expresión”.

A pesar de la oposición de la defensa, la jueza Jaén sostuvo que los elementos presentados por el Ministerio Público son suficientes para continuar con la investigación y mantener a Caballero bajo detención preventiva mientras avanza el proceso. La decisión fue apelada por el abogado defensor.