Audiencia del caso Odebrecht se centra en transferencias y financiamiento político

La audiencia del viernes 6 de febrero de 2026 continuó con la presentación de testigos periciales dentro del proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht. La sesión inició con el protocolo habitual de verificación de las partes presentes: representantes del Ministerio Público, abogados defensores, querellantes, defensores públicos e imputados.

El abogado Basilio Henríquez González, defensor de Carlos Dubois Sierra, retomó el interrogatorio al perito Manuel Erasmo Moreno, quien explicó que su informe complementario se basó en la indagatoria de Olivio Rodríguez Jr., así como en declaraciones relacionadas con aportes a campañas políticas y testimonios de Andrés Campo Ravelo.

Según Moreno, Rodríguez Jr. manifestó desconocer la procedencia de los fondos investigados y, tras revisar las empresas vinculadas, no encontró irregularidades. El perito sostuvo que, si Rodríguez Jr. no tenía conocimiento del origen de los recursos, “menos podría tenerlo el señor Carlos Dubois Sierra”. También indicó que transferencias señaladas en informes de autoridades estadounidenses ocurrieron entre 2010 y 2014, período posterior a los hechos atribuidos al imputado.

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Durante el contrainterrogatorio, la fiscal Tania Palacios cuestionó al perito sobre depósitos en cuentas de la empresa Strategic Management, reconociendo este que no profundizó en el origen de dichos fondos ni pudo confirmar la procedencia del dinero ingresado a empresas vinculadas a Dubois. Asimismo, señaló no poder asegurar si los informes de financiamiento de campaña del candidato aforado fueron entregados al Tribunal Electoral con el detalle completo de las donaciones.

Posteriormente, declaró el economista Edulo Castillo, presentado por la defensa de Rodrigo Díaz. Castillo explicó un análisis financiero realizado entre 2007 y 2008 y se refirió a operaciones relacionadas con la casa de valores Mundial de Valores, la cual —según indicó— debía cumplir con las normas establecidas en la Ley 42 de 2000 sobre prevención de blanqueo de capitales.

El perito señaló que parte de los fondos manejados por esa empresa fueron transferidos a la sociedad Villa Loly, y mencionó que, de acuerdo con la indagatoria de Campo Ravelo, se habría entregado 1.36 millones de dólares al fallecido político y empresario Hugo Torrijos Richard. Añadió que la participación de Torrijos Richard como socio en operaciones empresariales era considerada normal dentro del ámbito financiero en ese momento.

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En el interrogatorio de la fiscal Jenisbeth Malek, se intentó establecer si Rodrigo Díaz, directivo de Mundial de Valores, tenía conocimiento del ingreso de fondos a cuentas vinculadas a sus empresas. Entre los movimientos mencionados figuró un pago de 2.5 millones de dólares por la venta de un terreno turístico.

La jornada continuó con el testimonio de la perito contable Tatiana Chérigo García, presentada por la defensa de Carlos Carrillo. La especialista, con formación en auditoría forense y funcionaria del Ministerio de Comercio e Industrias, describió la relación financiera entre la empresa Ricamar y el partido Cambio Democrático, señalando que esta compañía gestionaba pagos de publicidad política en medios de comunicación, posteriormente cubiertos con donaciones al partido.

Chérigo indicó que estas operaciones fueron auditadas por la firma KPMG. Sin embargo, durante el interrogatorio fiscal reconoció que no investigó a profundidad el origen de los fondos manejados por Caribbean Holding, empresa desde la cual se habrían efectuado pagos por aproximadamente dos millones de dólares. También admitió dificultades para precisar montos de ITBMS en documentos examinados debido a información ilegible.

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