Auditoría a Panama Ports y proyecto de amnistía: dos caminos opuestos para la institucionalidad panameña

Panamá ha vivido una semana de intensos contrastes en el plano institucional. Por un lado, la Contraloría General dLa Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha fijado una postura contundente ante dos hechos institucionales que marcaron la agenda nacional esta semana. A través de su tradicional comunicado dominical “La Cámara Opina”, la organización empresarial celebró el avance en materia de rendición de cuentas con la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a Panama Ports Company (PPC) y la apertura inmediata de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, al mismo tiempo, denunció con firmeza un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional que busca otorgar amnistía a personas involucradas en graves casos de corrupción.

Según detalla el comunicado, la culminación de la auditoría a PPC y la reacción inmediata del Ministerio Público representan una acción coordinada en favor de la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional. “Es lo que los ciudadanos exigen y el país necesita: transparencia, legalidad y compromiso con la verdad”, señaló la CCIAP.

El informe de la Contraloría —cuyos hallazgos no han sido divulgados en detalle— motivó la intervención del Ministerio Público, que ya adelanta diligencias basadas en posibles irregularidades detectadas en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, concesionados a PPC desde hace más de dos décadas.

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No obstante, mientras estas señales positivas emanan desde las instituciones fiscalizadoras, la Cámara alertó sobre una propuesta legislativa que, de ser aprobada, enviaría un mensaje contrario. Se trata de un proyecto de ley que busca conceder amnistía a personas ya condenadas —o que pudieran serlo próximamente— por su participación en sonados casos de corrupción como New Business, Odebrecht y Blue Apple. La Cámara califica esta propuesta como un intento de “socavar el Estado de Derecho”.

“La Constitución es clara: la amnistía aplica exclusivamente a delitos políticos. Extender esa figura a delitos comunes, y peor aún, a casos de corrupción, es un grave atropello legal y moral”, sentenció el gremio empresarial. En su comunicado, exigió al Órgano Legislativo que rechace de plano esta iniciativa y al Ejecutivo que se mantenga alejado de cualquier respaldo a la misma.

La Cámara advirtió que este tipo de maniobras erosiona la confianza ciudadana, debilita la institucionalidad y envía señales de impunidad tanto a nivel nacional como internacional. Recordó que Panamá se encuentra en una coyuntura delicada en su relación con socios estratégicos como Estados Unidos, y que en este contexto resulta aún más urgente actuar con claridad, madurez y compromiso institucional.

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“Panamá es un país pequeño, pero con gran valor estratégico. Nuestra fortaleza no está en la confrontación ni en el ruido político, sino en la defensa de nuestras instituciones y nuestra soberanía”, expresó el comunicado, apelando a la unidad nacional basada en principios y objetivos comunes.

La CCIAP cerró su pronunciamiento con un llamado a rechazar agendas ocultas y a priorizar el interés nacional por encima de intereses personales o partidistas. “Lo que está en juego va más allá: está en juego la credibilidad de nuestras instituciones, la estabilidad de nuestra democracia y la confianza de los ciudadanos en su futuro”.