Auditoría revela millonarias pérdidas del Estado en concesión a Panama Ports Company

El Estado panameño ha dejado de recibir más de 1,300 millones de dólares como consecuencia de un contrato de concesión que, según la Contraloría General de la República, fue negociado de forma desfavorable con la empresa Panama Ports Company (PPC), responsable de operar los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del Canal de Panamá.

El anuncio fue hecho por el contralor general, Anel Bolo Flores, en una conferencia de prensa en la sede de la Contraloría, donde dio a conocer los resultados de una exhaustiva auditoría legal y financiera a la empresa portuaria. Rodeado por su equipo de auditores y altos directivos, Flores no solo habló de pérdidas millonarias, sino también de irregularidades contractuales, manipulación contable y posibles actos de corrupción que ahora serán objeto de investigación penal.

Un contrato que favoreció a la empresa y no al país

Según Flores, entre 1997 y 2023 PPC generó ingresos por 3,780 millones de dólares, pero entregó al Estado solo 236 millones, lo que representa apenas una fracción mínima de lo que Panamá debía haber recibido si se hubiesen respetado los términos originales del contrato. En palabras del contralor: “Nos dieron una propina”.

De acuerdo con el análisis de la Contraloría, de haberse mantenido las condiciones iniciales del contrato —que incluía un pago fijo anual de 20 millones de dólares y un incremento del 5%—, el país habría recibido 1,337 millones de dólares. En cambio, lo percibido asciende a apenas 483 millones, lo que deja un saldo negativo de 853 millones de dólares para las finanzas públicas.

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Este desbalance, señaló Flores, se originó en parte por una resolución ministerial firmada en 2002 por el entonces ministro de Comercio, Jaime Jácome, que modificó de forma sustancial las cláusulas del contrato, reduciendo significativamente los ingresos estatales.

Manipulación contable y empresas fantasma

Flores fue más allá en sus declaraciones. Aseguró que PPC incurrió en “incumplimientos” del contrato y que habría alterado su contabilidad a través de transacciones con empresas relacionadas —posiblemente ficticias— para reducir artificialmente las ganancias sujetas a pago al Estado.

Este esquema, explicó, generó una pérdida adicional de 300 millones de dólares, que ahora también se reclaman como parte de la deuda que la empresa mantiene con Panamá.

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“Panamá tiene que manifestar su voz como lo está haciendo hoy”, dijo el contralor, visiblemente indignado. “Vamos hacia una renovación del contrato que no cumplió con la ley, ni siquiera fue refrendada por la Contraloría. Y eso es inaceptable.”

Camino a la acción penal

Flores adelantó que en los próximos días la Contraloría presentará denuncias ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la actuación de los funcionarios que autorizaron la modificación y renovación del contrato, así como de los responsables dentro de PPC. También fue enfático al aclarar que los puertos panameños no están en venta.

Durante la pandemia de COVID-19, dijo, se realizó una primera auditoría virtual a la empresa, pero esta nueva revisión —ya presencial— se encontró con una clara falta de cooperación por parte de PPC, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento.

Finalmente, el contralor dejó claro que su investigación es independiente de cualquier declaración o evento político reciente, incluyendo las relacionadas con la nueva administración de Donald Trump. “Ingresamos a PPC el 20 de enero, el día de la toma de posesión, y esto no tiene nada que ver con eso”, puntualizó.