Avanza el caso FCC y defensas niegan sobreprecios y piden sobreseimiento

El juicio por presunto peculado agravado en torno a contratos adjudicados a la constructora española FCC entre 2009 y 2014 avanzó este martes 2 de septiembre con la participación de las defensas de varios imputados, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Federico José “Pepe” Suárez.

La juez Águeda Rentería escuchó los alegatos de los abogados, quienes coincidieron en solicitar el archivo de las causas bajo el argumento de que no existieron sobrecostos en las obras públicas. Rosendo Miranda, representante de Suárez, insistió en que los proyectos fueron ejecutados conforme a la ley y pidió el sobreseimiento definitivo de su cliente.

La audiencia, que se extenderá hasta el 5 de septiembre, mantiene en el banquillo a 14 personas naturales y una persona jurídica vinculadas con la adjudicación de proyectos emblemáticos como los corredores de Vía Brasil, la remodelación de la vía Domingo Díaz y la rehabilitación del Casco Antiguo, todos desarrollados durante la administración de Ricardo Martinelli.

Entre los imputados figuran exdirectivos de FCC, funcionarios del MOP y miembros de la comisión evaluadora que avaló las propuestas de la empresa. La fiscal Ruth Morcillo ha solicitado el llamamiento a juicio para 14 de los 15 acusados y el sobreseimiento provisional de Crecencio Pomares, mencionado en un solo contrato.

Previo al inicio de esta fase, la juez Rentería desestimó cuatro incidentes de prescripción presentados por las defensas. No obstante, declaró prescrita la acción penal por corrupción de servidores públicos en el caso de dos procesados.

El expediente se nutre de una auditoría de la Contraloría General que detectó presuntos sobrecostos en las obras y de declaraciones de exejecutivos de FCC, quienes relataron que Suárez habría exigido un “10% de comisión” como condición para liberar pagos estatales.

Cabe recordar que el exministro ya cumple una condena de 14 años de prisión y enfrenta una multa millonaria por otro proceso de blanqueo de capitales en el caso conocido como Blue Apple.

El desenlace de esta nueva causa podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en la contratación pública en Panamá.