Bajo la lupa contrato de Panama Ports la fiscalía abre investigación por irregularidades

El procurador Luis Carlos Gómez Rudy, confirmó este martes que el Ministerio Público ha abierto una investigación de oficio para determinar si existieron irregularidades en la renovación del contrato entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports Company (PPC), en un caso que podría revelar un millonario perjuicio al patrimonio público.

La investigación, que se centra en la posible comisión de delitos contra la administración pública, fue comunicada formalmente al contralor general de la República, Anel Bolo Flores, mediante una nota enviada el 8 de abril. En dicho documento, Gómez Rudy solicita con carácter urgente una copia autenticada del informe de auditoría que la Contraloría General de la República realizó recientemente sobre este contrato.

Este movimiento del Ministerio Público se produce apenas un día después de que el contralor Flores ofreciera una conferencia de prensa en la que hizo públicas las principales observaciones del informe. En sus declaraciones, Flores aseguró que la renovación automática del contrato con PPC, realizada en junio de 2021, no contó con el debido refrendo de la Contraloría, un requisito indispensable según la legislación vigente para validar cualquier contrato que comprometa recursos del Estado.

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Pero eso no es todo. En lo que constituye una de las afirmaciones más alarmantes del caso, el contralor indicó que, según las estimaciones de su despacho, el país ha dejado de recibir aproximadamente 1,337 millones de dólares como consecuencia de este contrato, producto —según dijo— de una negociación desventajosa que no protegió adecuadamente los intereses nacionales.

Panamá Ports Company, que administra parte clave de la infraestructura portuaria del país, mantiene una presencia estratégica en el comercio marítimo de la región. El contrato original fue suscrito hace más de dos décadas, y su renovación ha sido motivo de múltiples cuestionamientos en los últimos años por parte de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil.

Con este nuevo paso dado por la Procuraduría, el caso entra ahora en una fase decisiva. Las autoridades deberán determinar si se vulneraron los procedimientos legales establecidos y si existieron responsabilidades penales en la renovación del contrato. La ciudadanía, mientras tanto, sigue esperando explicaciones claras sobre cómo se gestiona uno de los activos económicos más relevantes de la nación.

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