Blue Apple, «Manzana Azul», ¿El Odebrecht Criollo?

Blue Apple, «Manzana Azul», ¿El Odebrecht Criollo?

El caso Blue Apple Services surgió como otro escándalo de corrupción de la administración 2009-2014 que involucra a por lo menos siete empresas constructoras panameñas que pagaron sobornos a exfuncionarios a cambio de que los exfuncionarios  le agilizaran los trámites administrativos para desarrollar las obras.

El caso describe en su totalidad, como desde 2009 al 2014, se constituyeron sociedades en Panamá, y se utilizó el sistema bancario del país, para el blanqueo de capitales, según lo describe la vista fiscal del caso, con fecha del 1 de septiembre de 2019. Esta investigación se inició formalmente  el 11 de septiembre de 2017 por el despacho de la Procuraduría General de la Nación.

Según el documento, que contiene 437 páginas, se creó la sociedad Blue Apple Services, que funcionaba como la receptora  donde se depositaban los dineros de los sobornos, que las empresas constructoras del país involucradas pagaban, para la supuesta agilización de los proyectos asignados.

Dentro del sistema descrito en la vista fiscal por blanqueo de capitales, se encontró que las empresas que se prestaron para llevar a cabo este mecanismo ilícito, fueron Constructora Rodsa S.A., Constructora Meco S.A., Bagatrac S.A., GS Contractors – Grupo Corporativo GS, Conalvías, S.A. – Conalvías Construcciones S.A.S. Sucursal Panamá, Conceptos y Espacios S.A, e Ingeniería R.E.C., S.A.

Los hechos investigados han demostrado, que ex funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda le exigieron a estos empresarios del sector de la construcción que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011-2012, el pago de un porcentaje relacionado con el valor de la obra a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de las obras. Si el contratista no lo hacía, se le dificultaría las gestiones de cobro por los avances de obra, entre otras afectaciones, según las declaraciones recogidas en el expediente que consta de 369 tomos.

 Todos los titulares de las empresas contratistas mencionadas, según la vista fiscal, dijeron que el ingeniero  Jorge Ruiz alias “Churro”, el cual para esos años fungía como director Nacional de Contratos, del Ministerio de Obras Públicas, era la persona con quien se reunieron y quien les presentó el plan de operaciones de Blue Apple Services.

“…durante la administración pasada, realizó el pacto verbal ilícito consistente en la entrega de dineros indebidos a cambio de la realización de actos propios de su cargo, relacionados con la agilización de trámites en el Ministerio de Obras Públicas, tales como: órdenes de cambio, pagos, planos, etc.”, señala la vista fiscal al referirse a “Churro” Ruíz.  Los contratistas del Estado señalaron que Churro Ruíz, era quien solicitaba los pagos de sobornos que eran de entre 5% y 10% del valor de los contratos.

Las investigaciones apuntan que además de “Churro” Ruiz, también tienen responsabilidad el ex vicepresidente de Factoring de Global Bank, Joaquín Rodríguez Salcedo, el abogado de Blue Apple Services, Federico Barrios, y Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Estos dos últimos, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, también  llamados a juicio en el caso Odebrecht, en el cual la empresa brasileña reconoció el pago de coimas para adjudicarse contratos de proyectos gubernamentales.

El documento del Ministerio Público agrega que dentro de la investigación por el caso de Blue Apple, también se han tenido que librar asistencias judiciales a distintos países, como Hong Kong, Estados Unidos, China y otros, para poder obtener información respecto a la creación de sociedades y cuentas bancarias vinculados a las investigaciones.

Es decir, que los fondos que se recaudaban por los sobornos en las cuentas de Blue Apple Services, se destinaban a otras cuentas en otras jurisdicciones. Los dineros de los supuestos sobornos  se manejaron a través de 5 cuentas bancarias en 3 distintos bancos de la plaza panameña. Posteriormente, estos 3 bancos ordenaron el cierre de estas cuentas bancarias, luego de considerar que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional.

Además de la cuenta denominada Blue Apple Services, creada por el señor Federico Barrios, según lo revela la vista fiscal, éste también generó otras cuentas de empresas, que cumplian el trabajo de canasta, como lo eran Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Corporación Libuma, S.A. , y Nightmare Overseas S.A.   Añade que estas fueron utilizadas únicamente  para recibir y transferir dinero y recurso proveniente de delitos contra la administración pública, específicamente corrupción de servidores públicos, en otras palabras se dedicaban a blanquear capitales provenientes de corrupción de servidores públicos.

Se trata de  millones de dólares que se movieron a través de distintas cuentas y que tras la supuesta gestión de cobro, una parte del dinero se redireccionaba a Blue Apple Services como parte del pago de sobornos.

Las empresas constructoras involucradas  depositaron en las cuentas de Blue Apple Services y sus asociados, un aproximado de 24 millones de dólares en sobornos, según las investigaciones.

El caso lo instruye  la Fiscalía Sexta Anticorrupción por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, contra el orden económico, y contra la seguridad colectiva, en perjuicio del Estado panameño.

El Ministerio Público tiene programada una audiencia del 10 al 28 de julio de 2023 contra 24 personas por el delito de blanqueo de capitales, 11 de estas también por asociación ilícita y 2 por corrupción de funcionarios públicos.

Participación de Adolfo “Chichi” de Obarrio

Entre los llamados a juicio en el caso Blue Apple aparecía el señor Adolfo “Chichi”  de Obarrio Manzini, secretario privado del expresidente  Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), sin embargo, éste fue juzgado por separado luego de una ruptura de la unidad procesal en el expediente 138-17 mediante Auto N. 344 de 30 de julio de 2021. Esta decisión obedece, según el Ministerio Público, “por la situación procesal que difiere en demasía y no permite que pueda ser sometido al proceso al mismo tiempo que los demás imputados”.

En este caso, en lo  que se refiere al señor Adolfo de Obarrio, se realizó audiencia ordinaria en ausencia el 28 de febrero de 2023 y se emitió sentencia condenatoria de 120 meses o 10 años de prisión en su contra por el delito de blanqueo de capitales y como pena accesoria el pago de $5 millones 91 mil 486 dólares con 92 centavos al Tesoro Nacional, en el término de 24 meses, una vez cumplida la pena principal. De Obarrio tampoco participó de la diligencia de manera virtual, pese a que había sido notificado, según señaló el Ministerio Público. De Obarrio salió de Panamá en diciembre de 2014 con rumbo a Italia, donde se encuentra actualmente, y no ha podido ser entregado a Panamá por las autoridades debido a que el acuerdo bilateral de extradición no ha sido ratificado.