Pese a devoluciones y recuperaciones previas, el tribunal determinó que aún existe un saldo pendiente con intereses.
Caso Cobranzas del Istmo: ordenan pago de $4.4 millones por daño patrimonial
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | marzo 17, 2026Escucha este artículo
Panamá en Directo | Caso Cobranzas del Istmo: ordenan pago de $4.4 millones por daño patrimonial
El Tribunal de Cuentas determinó que el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Enrique Cucalón, el empresario Cristóbal Salerno y la empresa Cobranzas del Istmo deberán resarcir al Estado panameño con un pago total de 4.4 millones de dólares, tras comprobarse un perjuicio económico derivado de la gestión irregular de fondos públicos.
La decisión, fue suscrita por los magistrados Álvaro Visuetti, Pablo Chen Vallarino y Rainier del Rosario Franco, establece la responsabilidad patrimonial de los involucrados por la ejecución deficiente y negligente de un contrato firmado en agosto de 2010 entre la DGI, el Ministerio de Economía y Finanzas y la empresa Cobranzas del Istmo, que tenía como objetivo la recuperación de impuestos morosos.
De acuerdo con las investigaciones, la compañía —propiedad de Salerno— fue contratada por un monto de 29.5 millones de dólares para gestionar estos cobros. Sin embargo, una auditoría realizada por la Contraloría General de la República evidenció múltiples irregularidades, entre ellas la retención de fondos recaudados que no fueron transferidos al Estado, pagos realizados por montos inferiores a los correspondientes y el cobro de comisiones indebidas.
El informe también concluyó que la empresa percibió comisiones por gestiones que no realizó, aplicó porcentajes distintos a los acordados contractualmente y recibió pagos duplicados por los mismos conceptos, lo que agravó el daño económico ocasionado.
Como parte del proceso, Salerno acordó devolver 20.6 millones de dólares. Posteriormente, mediante el decomiso de cuentas vinculadas a Cucalón, se recuperaron otros 6.6 millones. No obstante, estos montos no cubrieron completamente la afectación patrimonial, por lo que quedó un saldo pendiente de 2.2 millones, al cual se añadieron intereses hasta alcanzar la cifra final de 4.4 millones establecida por el tribunal.
La resolución también ordena la imposición de medidas cautelares sobre bienes de los sancionados, con el fin de garantizar el cumplimiento del pago.
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