El pronunciamiento, dado a conocer mediante el Edicto 560 este 22 de abril, resuelve tres demandas de inconstitucionalidad que buscaban invalidar tanto la orden de indagatoria como el fallo condenatorio. El magistrado Olmedo Arrocha fue el encargado de sustentar la decisión como ponente.

Dos de los recursos fueron promovidos por el abogado Ángel Álvarez, uno de ellos en representación de la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, mientras que la tercera acción fue presentada por la abogada Nadia Castillo. Las impugnaciones pretendían dejar sin efecto actuaciones clave del proceso penal.

La investigación contra el exmandatario se formalizó con una orden de indagatoria emitida el 30 de junio de 2020 por el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez. Posteriormente, el 17 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales —instancia que ya no está en funcionamiento— dictó la sentencia condenatoria bajo la dirección de la jueza Baloisa Marquínez.

Ese fallo estableció una pena de 128 meses de prisión, una multa de 19.2 millones de dólares y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. En el mismo expediente también fueron condenadas otras cuatro personas: Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Valentín Martínez e Iván Arrocha.

Con esta decisión, el máximo tribunal cierra la vía constitucional intentada por la defensa para revertir la condena, al confirmar la validez de las actuaciones cuestionadas dentro del proceso.

El exgobernante permanece fuera del país desde mayo de 2025, cuando viajó a Colombia tras abandonar la embajada de Panamá en Nicaragua, donde se había mantenido desde febrero de 2024.

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La decisión fija una compensación de 25 mil dólares para cada uno de los demandantes: Yackeline del Carmen Reyes Anderson, Cindy del Carmen Guillén Casiano y Juan Antonio Cisneros Morán, quienes resultaron perjudicados tras ingerir medicamentos contaminados, Este fallo está sustentado en la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola.

Como parte de la sentencia, la Caja de Seguro Social (CSS) deberá publicar disculpas formales por escrito en sus plataformas digitales, tanto en su sitio web como en redes sociales, durante un periodo continuo de un mes.

Acciones para memoria y seguimiento de los casos

La sentencia también introduce medidas de carácter simbólico y de acceso a la información. Entre ellas, se ordena levantar un monumento en la sede de la CSS, acompañado de una placa conmemorativa que incluya los nombres de todas las víctimas reconocidas.

A su vez, la institución tendrá que habilitar en su portal web un espacio dedicado exclusivamente a los casos vinculados al dietilenglicol. Este incluirá un mapa interactivo por provincias y permitirá a los afectados consultar el estado de sus procesos, incluyendo la etapa en que se encuentran, las decisiones adoptadas y la ejecución de las sentencias.

El tribunal considera que estas disposiciones contribuyen a fortalecer la transparencia y a brindar herramientas a los pacientes para dar seguimiento a sus reclamaciones.

Criterio del tribunal sobre el daño causado

En su análisis, la Sala sostiene que la sola ingestión de un producto farmacéutico defectuoso, no apto para el consumo humano, es suficiente para presumir la existencia de un daño moral, bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y justicia material.

Un caso con cientos de demandas en trámite

El proceso por el envenenamiento con dietilenglicol sigue generando litigios. Actualmente, la Sala Tercera tramita 472 demandas, muchas de ellas con pretensiones de indemnización que oscilan entre los 5 y 6 millones de dólares.

Hasta marzo de este año, 387 expedientes —equivalentes al 82% del total— han alcanzado la etapa de fondo, es decir, han superado las fases procesales necesarias para una decisión definitiva.

Cabe recordar que la primera sentencia favorable a una víctima se emitió en 2017, cuando se fijó una indemnización de 188 mil 897 dólares.

La decisión, sustentada en la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, establece una compensación individual de 25 mil dólares para Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline del Carmen Reyes Anderson y Cindy del Carmen Guillén Casiano, quienes resultaron perjudicados tras consumir medicamentos contaminados con la sustancia tóxica.

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El sospechoso fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecerá detenido mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes.

Las autoridades panameñas deberán ahora ponerlo a disposición del Órgano Judicial, instancia que definirá la fecha de audiencia en la que se debatirá su presunta participación en el atentado contra el vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas.

Un caso reabierto tras años sin resolver

La investigación, que durante años permaneció cerrada, fue reactivada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga, lo que permitió retomar las diligencias y ubicar al sospechoso, quien fue finalmente detenido en noviembre de 2025 en Isla Margarita, Venezuela, tras una alerta internacional.

Además de Ali Zaki Hage Jalil, el Ministerio Público mantiene cargos abiertos contra otras personas vinculadas al caso, en el marco de una investigación que busca esclarecer completamente los hechos.

Indagatoria y cargos

La fiscalía procederá a tomar declaración indagatoria al imputado, quien enfrenta cargos por homicidio y delitos contra la seguridad de los medios de transporte. Las autoridades buscan determinar con precisión su rol dentro de la operación que culminó con la destrucción de la aeronave.

Las pesquisas han señalado que el sospechoso se encontraba en Panamá en los días previos al atentado, lo que refuerza las sospechas sobre su posible implicación directa en los hechos.

El atentado más grave en la historia del país

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de Alas Chiricanas explotó pocos minutos después de despegar, provocando la muerte de sus 21 ocupantes, sin sobrevivientes. Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses y miembros de la comunidad judía.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue ejecutado mediante la colocación de un artefacto explosivo dentro de la aeronave, lo que permitió destruirla en pleno vuelo. El hecho ha sido vinculado a redes terroristas internacionales, lo que elevó su complejidad y repercusión.

Esperanza de justicia para las víctimas

Familiares de quienes perdieron la vida han manifestado su expectativa de que la llegada del sospechoso permita finalmente esclarecer el caso, luego de más de tres décadas de incertidumbre.

Confían en que el proceso judicial avance con rigor y que se determinen responsabilidades, en un expediente que marcó profundamente al país y que sigue siendo considerado el atentado más grave ocurrido en territorio panameño.

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El equipo permitía intervenir llamadas telefónicas y monitorear conversaciones digitales, incluidos chats, sin autorización judicial, afectando a múltiples personas vinculadas a la vida política y social del país, durante el periodo presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal.

El juicio, que se desarrolla en el Juzgado Primero Liquidador, está relacionado con el presunto delito de peculado por la pérdida de estos dispositivos, valorados en 13.4 millones de dólares, que habrían sido utilizados para realizar escuchas ilegales.

Sobre ambos acusados pesaba una orden de captura emitida en diciembre de 2014 por el Ministerio Público. No fue sino hasta el pasado 26 de marzo cuando se entregaron a las autoridades y formalizaron su disposición a enfrentar el proceso judicial.

Como parte del trámite, el juzgado emitió el edicto No. 278 el pasado 26 de marzo, mediante el cual se notificó a las personas que figuran como víctimas dentro del proceso, con el fin de que participen en la audiencia y presenten las pruebas correspondientes junto a sus abogados.

Entre quienes han sido reconocidos en el expediente figuran el expresidente Ernesto Pérez Balladares; el dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens; el asesor presidencial Miguel Antonio Bernal; la dirigente magisterial Yadira Pino; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el diputado panameñista José Luis Varela; la exdiputada Zulay Rodríguez junto a su esposo Álvaro Testa; la secretaria general del PRD, Balbina Herrera; el también perredista Francisco Sánchez Cárdenas; el exdirector del CSN, Rolando López; el abogado Rosendo Rivera; Bernabé Pérez y el periodista Rubén Polanco, entre otros.

La investigación señala que los equipos fueron adquiridos a la empresa MLM Protección con fondos del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), entidad que en ese momento dirigía Giacomo Tamburelli (q.e.p.d), quien posteriormente fue condenado a 10 años de prisión por este caso.

Según las pesquisas del Ministerio Público, los dispositivos eran operados por Rodríguez y Pittí en un área del edificio 150 del CSN, ubicado en Quarry Heights. Sin embargo, tras iniciarse las investigaciones, los equipos desaparecieron y nunca han sido recuperados.

En el expediente, un testigo protegido afirmó que los acusados habrían recibido instrucciones para eliminar los equipos utilizados en la vigilancia de aproximadamente 150 personas consideradas adversarias del gobierno de la época.

Asimismo, los agentes Júbilo Graell y Javier Quiroz relataron que participaron en el traslado del equipo desde la sede del CSN en Ancón hasta oficinas del supermercado Super 99 en Monte Oscuro, siendo esta la última ubicación conocida de los dispositivos.

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El hecho, reportado la noche del jueves 9 de abril, fue puesto en conocimiento del Ministerio Público por una fiscal superior Anticorrupción. Según la denuncia, funcionarios de la Contraloría General de la República habrían ingresado de forma inesperada a un despacho donde se desarrollaban entrevistas a auditores, lo que habría provocado la interrupción del procedimiento.

De acuerdo con la información oficial, los auditores estaban siendo entrevistados en calidad de testigos dentro de una investigación en curso. La diligencia formaba parte de las actuaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción en torno al presunto incremento patrimonial no justificado del exvicepresidente.

La intervención denunciada, según el comunicado, impidió que las entrevistas pudieran completarse. Hasta ahora, no se han dado detalles sobre el nivel o cargo de los funcionarios de la Contraloría señalados en este episodio.

Este nuevo capítulo se suma al proceso judicial que enfrenta Carrizo desde finales de enero, cuando una juez de garantías le imputó cargos y le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario.

Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que, durante su gestión entre 2019 y 2024, el exvicepresidente habría reportado ingresos por 7.1 millones de dólares. No obstante, al cierre de su mandato, sus bienes declarados superaban los 9 millones, lo que representa una diferencia de 1.9 millones que no ha sido justificada.

Este señalamiento se sustenta en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, documento que constituye una de las principales piezas dentro del expediente que lleva la Fiscalía.

La nueva investigación busca ahora determinar si hubo interferencia indebida en el desarrollo de las diligencias y establecer las responsabilidades correspondientes.

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La detención se produjo en cumplimiento de la Notificación Roja No. A-4724/4-2025, emitida el 4 de abril de 2025 por Interpol Panamá, a solicitud de la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga del Área Metropolitana. Hage Jalil es requerido por los delitos de homicidio doloso y contra la seguridad colectiva.

Según fuentes consultadas por ARCA Media, el detenido es solicitado por su presunta vinculación con el atentado contra el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994 en Colón, Panamá, tragedia que dejó 21 muertos, entre ellos 12 empresarios de la comunidad judía panameña.

El caso, ampliamente documentado por medios nacionales e internacionales, sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Panamá. De acuerdo con investigaciones el atentado fue atribuido inicialmente a grupos vinculados al extremismo islámico, entre ellos Hezbolá y la organización autodenominada Ansar Allah, aunque nunca se concretó una acusación judicial definitiva.

La detención de Hage Jalil en Venezuela representa un nuevo giro en una causa que, durante tres décadas, ha permanecido abierta en la jurisdicción panameña y bajo seguimiento de organismos internacionales. Una vez completadas las diligencias de identificación, se espera que se formalice la extradición a través de los canales diplomáticos correspondientes.

La Fiscalía panameña no ha emitido, hasta el momento, un comunicado oficial sobre los próximos pasos procesales.

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El documento oficial, señala que han pasado más de cuatro meses desde que Panamá solicitó a Colombia ayuda para localizar a Martinelli, asilado en ese país desde mayo. La asistencia judicial internacional enviada el 4 de junio sigue sin respuesta.
El exmandatario, que gobernó entre 2009 y 2014, salió de la Embajada de Nicaragua en Panamá rumbo a Bogotá el 10 de mayo, dejando atrás un año de refugio diplomático y una larga sombra judicial.

Mientras tanto, la jueza Marquínez aguarda también noticias de Brasil y Perú, países a los que se pidió tomar declaración a testigos clave del escándalo de las coimas. La falta de esas diligencias no es nueva: ya en enero de 2025 se había suspendido otra audiencia por la misma razón. Entonces, tanto los abogados defensores como la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo coincidieron en que era imposible avanzar sin la presencia —aunque fuese virtual— de nueve testigos que viven en el extranjero.

El expediente del caso es un espejo de aplazamientos. Tres veces ha fijado Marquínez fecha de inicio: primero en julio de 2024, luego en noviembre de ese año, y después en noviembre de 2025, que debía celebrarse en pocos días. Cada intento ha terminado en papeles, autos y nuevas esperas.
La fiscalía, que remitió su vista fiscal en abril de 2021 con 50 imputados, logró llevar a juicio a 35; para esta audiencia comparecerían 26, ya que otros permanecen prófugos o amparados por fueros, como el expresidente Juan Carlos Varela, actual diputado del Parlacen.

Uno de los nombres que sigue orbitando en el expediente es Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli. Aunque un tribunal superior anuló los cargos de blanqueo en su contra, la fiscalía apeló. Según los fiscales, Mizrachi habría sido beneficiario final de Caribbean Holding Services Ltd., sociedad usada para recibir millones en sobornos de la constructora. En su defensa, alegó que el dinero eran “donaciones” de campaña en 2009.

La trama de Odebrecht, reconocida por la propia empresa ante la justicia de Estados Unidos, tejió una red continental de corrupción: 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de doce países. En Panamá, la constructora se comprometió a pagar 220 millones de multa, pero hasta hoy solo ha entregado 76 millones.
En diciembre, la compañía deberá comparecer ante un juez de cumplimiento para justificar su morosidad. En febrero, el juez James Corro ya había ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas retener los pagos del Estado a la empresa. Odebrecht insiste en que no tiene fondos; el Estado, en que no tiene más paciencia.

Así, entre papeles que cruzan fronteras y notificaciones que nunca llegan, el juicio más emblemático de corrupción en Panamá sigue suspendido en el aire. Cada aplazamiento alimenta la sensación de que el caso Odebrecht —símbolo del poder y la impunidad— es también una historia de tiempo detenido.

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La audiencia, que se inició a las 2:00 p.m. en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, se desarrolló en medio de la presencia de decenas de miembros del Suntracs que protestaban afuera del edificio exigiendo la liberación de los acusados.

Según expuso el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, Palacios y Bethancourt, en su calidad de directivos sindicales, habrían autorizado y firmado cheques que permitieron transferir fondos del sindicato a Jaime Caballero, quien los habría utilizado para fines personales, incluyendo el pago de un préstamo de 800 mil dólares con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). Márquez indicó que el BDA presentó una denuncia formal por este caso el mismo día de la audiencia.

La investigación detalla que los recursos entregados a Caballero —al menos 39 mil dólares según la fiscalía— fueron depositados posteriormente en cuentas de su esposa e hija, con parte de los fondos destinados a la construcción de un invernadero que nunca se completó. Entre las pruebas presentadas figuran un informe financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) sobre la trazabilidad del dinero, y el testimonio del conductor del sindicato, Luis Valencia, quien habría entregado personalmente los cheques a Caballero.

Por su parte, los abogados defensores Rubén Castrejo y Miguel Ángel Rodríguez alegaron que no se ha demostrado el origen ilícito de los fondos y que estos pertenecían al Suntracs, organización que no ha presentado denuncia alguna por el supuesto desvío. También señalaron presuntas irregularidades en las aprehensiones, asegurando que se vulneraron las garantías de los procesados.

El caso tuvo su origen en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que alertó al Ministerio Público sobre movimientos sospechosos superiores a 10 mil dólares vinculados a las cuentas de Caballero. Este permanece bajo detención preventiva en el centro penitenciario La Nueva Joya, mientras la investigación continúa y el Ministerio Público evalúa posibles ampliaciones del proceso hacia otros miembros de la dirigencia sindical.

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Según fuentes, las autoridades estadounidenses le negaron el ingreso al país, por lo que fue inmediatamente reembarcado en un vuelo de retorno a Panamá. La decisión habría estado relacionada con los procesos de investigación en curso que enfrenta en territorio panameño por presunto enriquecimiento injustificado y movimientos financieros irregulares detectados durante su gestión en Pandeportes.

Brands, quien dirigió la institución entre abril de 2021 y febrero de 2023, es señalado en informes del Ministerio Público por depósitos y transferencias por más de 27 millones de dólares en cuentas personales y de sociedades vinculadas, entre ellas Multi Servicios Modernos S.A., Services Solutions S.A. y MSM Production & Consulting Corp.

Su isalida del país se había producido apenas un mes después de que el Ministerio Público confirmara la apertura de un proceso de oficio para determinar el origen de los fondos.

Fuentes cercanas al caso no descartan que, tras su retorno, las autoridades panameñas soliciten medidas cautelares adicionales, incluyendo restricciones de viaje o detención preventiva.

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Su salida del país ocurre poco más de un mes después de que el Ministerio Público abriera de oficio una investigación contra Brands, tras detectarse depósitos por el orden de 27.9 millones de dólares en cuentas personales y en sociedades vinculadas al exfuncionario.

Entre los hallazgos figuran movimientos financieros por aproximadamente 28.3 millones de dólares en cuentas asociadas a las empresas Multi Servicios Modernos S.A., Services Solutions S.A. y MSM Production & Consulting Corp., sociedades que, según los reportes, lo señalan como beneficiario final.

Durante su gestión al frente de Pandeportes (abril de 2021 a febrero de 2023), la institución realizó adjudicaciones y adendas por un monto estimado de 601.5 millones de dólares.

De forma paralela, se conoció que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) remitió al Ministerio Público 39 reportes de operaciones sospechosas que abarcan 38 cuentas bancarias y más de 28 mil transacciones relacionadas con el exdirector.

Relevancia de la salida del país

La salida de Brands hacia Estados Unidos se produce en un momento de alta exposición mediática y judicial del caso.
Aunque no se ha confirmado la existencia de una orden de captura o restricción migratoria, su viaje genera interrogantes sobre la posición que asumirá frente a las investigaciones en curso.

• En el plano legal, su permanencia fuera del país podría complicar citaciones, notificaciones o diligencias fiscales si no existe una medida cautelar de prohibición de salida.
• En el plano político, el hecho profundiza el impacto reputacional sobre la gestión deportiva y las instituciones públicas relacionadas con el deporte nacional.
• Ante la opinión pública, la coincidencia entre la investigación por depósitos millonarios y su viaje al exterior refuerza cuestionamientos sobre transparencia, rendición de cuentas y el respeto al Estado de derecho.

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