Publio de Gracia enfrenta medidas cautelares: la batalla entre la Contraloría, la DGI y Martinelli

Publio de Gracia explica por qué la Contraloría ordenó cautelar bienes suyos. Un conflicto entre administraciones tributarias, auditoría y acusaciones políticas que divide a Panamá.
Publio de Gracia enfrenta medidas cautelares: la batalla entre la Contraloría, la DGI y Martinelli

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | mayo 20, 2026 07:11 UTC-5
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La Contraloría General de la República ordenó cautelar bienes de Publio de Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), por un monto aproximado de 16 millones de dólares. La medida incluye cuentas bancarias, propiedades y vehículos. Pero detrás de esta acción administrativa hay un conflicto más profundo: una batalla entre instituciones sobre quién tiene competencia para determinar si un proceso tributario fue legal o no.

Gracia compareció en un programa de radio para explicar su versión. Lo que emergió fue una historia compleja de resoluciones revocadas, contribuyentes en litigio, y acusaciones cruzadas que involucran al expresidente Ricardo Martinelli. Todo comenzó hace casi un año, cuando Gracia otorgó un acuerdo de pago extraordinario a un contribuyente bajo la Ley de Regularización Tributaria de 2022. Ahora, la nueva administración de la DGI anuló esa resolución. Y la Contraloría, a través de una auditoría, determinó que hubo irregularidades. El resultado: cautelar bienes publio gracia por lo que considera una exoneración indebida de obligaciones tributarias.

El caso del contribuyente: FCC y los 4 millones recuperados

El contribuyente en cuestión es FCC, una empresa constructora que llevaba años en litigio con la DGI desde 2017. Según Gracia, la empresa presentó una reconsideración que fue rechazada inicialmente. Luego, en 2022-2023, bajo la Ley de Regularización Tributaria, FCC solicitó un acuerdo de pago extraordinario.

Gracia sostiene que cumplieron todos los requisitos legales. «El contribuyente presentó la documentación válida para demostrar que no existía tal alcance», explicó. Pero hay un detalle crucial: la DGI logró recaudar aproximadamente 4 millones de dólares de FCC a través de este acuerdo. No fue una exoneración total. Fue un arreglo.

El problema surgió en julio de 2024, cuando la nueva administración de la DGI consideró que la resolución de Gracia no reunía los requisitos legales y procedió a anularla. Gracia presentó una reconsideración. La DGI la rechazó. Entonces apeló ante el Tribunal Administrativo Tributario, donde el caso sigue en proceso.

Pero en octubre de 2024, la DGI presentó una denuncia ante el Ministerio Público pidiendo investigar si se cumplieron las formalidades. Y en septiembre de 2025, la Contraloría notificó a Gracia sobre un proceso de auditoría donde señalaba que la DGI, «por conducto» de Gracia, había exonerado un pago al contribuyente. Eso fue el detonante para las medidas cautelares.

¿Quién tiene competencia: la Contraloría o la DGI?

Aquí está el nudo del conflicto. Gracia argumenta que la Contraloría no es la autoridad competente para determinar si un proceso tributario fue legal o ilegal. Esa competencia, sostiene, corresponde a la DGI, al Tribunal Administrativo Tributario y, en última instancia, a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

«La Contraloría, desde mi punto de vista y con mucho respeto, no tiene esa facultad porque entonces estaría cumpliendo una función que es de la administración tributaria», argumentó Gracia. Presentó peritajes en los procesos administrativos donde cuatro o cinco personas que participaron en la resolución coincidieron en que se cumplieron todas las formalidades.

Pero la Contraloría mantuvo su posición. Y el Contralor, ejerciendo facultades que han sido debatidas, solicitó a la Fiscalía de Cuentas y al Tribunal de Cuentas que tomaran acciones cautelares sobre los bienes de Gracia.

El timing es sospechoso, según Gracia. La resolución de auditoría es de octubre de 2025, pero se hizo noticia pública ayer. Y no fue sola: la Contraloría publicó simultáneamente alcances contra otras tres personas (Nadia, Arauz y Enrique Lao), creando la impresión de una operación coordinada, aunque Gracia asegura que son casos totalmente diferentes.

El segundo cañón: Martinelli entra en escena

Mientras la Contraloría actuaba, el expresidente Ricardo Martinelli salió públicamente a atacar a Gracia. Martinelli dijo que haría «lo que tenga que hacer» para que «le caiga todo el peso de la ley» a Gracia. El conductor del programa lo cuestionó: ¿Qué puede hacer Martinelli para influir en decisiones de la Contraloría o el Tribunal de Cuentas?

Gracia respondió que Martinelli es «una persona que se ha declarado enemiga pública» de él. Explicó que en 2021, Martinelli le escribió un mensaje que Gracia no contestó. Desde entonces, dice, Martinelli ha buscado venganza.

Pero hay más. Gracia mencionó que recibió notificaciones de Apple sobre intentos de acceso a su teléfono a través de Pegasus (un software de espionaje). Estos intentos, según Gracia, ocurrían regularmente cuando pasaban cosas relacionadas con Martinelli. Informó al Consejo de Seguridad y a las autoridades.

El caso de Martinelli no está relacionado con FCC. Gracia aclaró que Martinelli participó en empresas que fueron auditadas, pero su hermano, su sobrino y su esposa colaboraron en los procesos. Gracia enfatizó que no hubo persecución contra Martinelli, sino cumplimiento de notificaciones.

Sin embargo, Martinelli ha vinculado públicamente a Gracia con un caso que involucró colaboración internacional con Estados Unidos. Gracia no entró en detalles por confidencialidad, pero negó que haya habido persecución política contra Martinelli.

Las medidas cautelares no son condena

Un punto importante que aclaró el conductor: una medida cautelar no constituye una condena definitiva. Es una medida preventiva. El hecho de que congelen los bienes de alguien no significa que sea culpable. Es como cuando un juez de garantía cambia una medida cautelar: el Ministerio Público puede apelar.

Gracia está participando activamente en el proceso. Ha rendido declaración en la Fiscalía de Cuentas, presentado expertos, entregado documentación. El caso sigue en el Tribunal Administrativo Tributario, donde se debate si la resolución de 2023 fue legal o no.

Mientras tanto, Gracia aguarda. No le queda de otra. Pero insiste en que el silencio no es correcto. «Nosotros fuimos funcionarios públicos y todos los que fuimos tenemos la obligación de contestar a los medios de comunicación», dijo. «Esa es mi posición. Atendimos durante cinco años muy difíciles y la gente espera de nosotros siempre rendición de cuenta y transparencia».

¿Persecución política o auditoría legítima?

La pregunta que flota en el aire es si esto es persecución política o auditoría legítima. Gracia reconoce que hay «puntos políticos» en el caso. Pero también sostiene que como funcionario público, tomó decisiones basadas en la ley, no en caprichos. Rechazó solicitudes de muchas personas que hoy ostentan puestos de poder. Espera que no hayan tomado esas decisiones como algo personal.

Lo cierto es que cautelar bienes publio gracia es solo el primer paso en un proceso administrativo que podría llegar hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, sus cuentas bancarias están congeladas, sus propiedades bajo medidas cautelares, y su nombre está en los titulares de los medios. Gracia dice que respeta los procedimientos, aunque no esté de acuerdo con el fondo. Es parte del riesgo de ser funcionario público en Panamá.

Lo que queda claro es que este caso no es solo sobre un acuerdo de pago tributario. Es un choque entre instituciones sobre competencias, un enfrentamiento político entre Gracia y Martinelli, y una pregunta más amplia sobre cómo se auditan las decisiones de los funcionarios públicos en Panamá. Las respuestas vendrán en los tribunales. Mientras tanto, Gracia aguarda callado, como le queda.


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