Combatir la corrupción, ¿por qué el rechazo?

OPINÓN | Olga Paulette Thomas Horly

En un país donde la corrupción se ha convertido en una herida abierta que refleja impunidad, la Asamblea Nacional volvió a darle la espalda a una de las principales preocupaciones de nuestro pueblo. Con 13 votos en contra, los diputados rechazaron el proyecto de ley que buscaba proteger a los informantes de actos de corrupción, un paso inicial —pero fundamental— para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Los panameños estamos cansados de que nos vean la cara, mientras un grupo de exfuncionarios, cómplices, socios y amigos se enriquecen con el dinero de todos. Este proyecto no era una ley simbólica ni mucho menos un capricho político. Era una herramienta concreta para amparar a quienes, desde dentro del sistema público o privado, se atreven a denunciar las irregularidades que tanto daño hacen al país. Personas que hoy, sin esa protección, enfrentan despidos, amenazas y persecuciones por el simple hecho de hacer lo correcto.

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Pero una vez más, nuestra Asamblea ha quedado en deuda. Rechazar una ley que protege al denunciante no es un acto técnico ni jurídico: es un mensaje político. Es decirle al país que la transparencia no es prioridad y que el sistema seguirá cuidando a los suyos.

Algunos diputados intentaron justificar su voto alegando “problemas legales” en el proyecto. Un argumento que suena más a excusa que a razón. Si existían aspectos por corregir, el camino era enmendar, proponer, no rechazar. Lo que vimos fue un reflejo claro de cómo ciertos sectores del poder político aún temen la fiscalización y la voz ciudadana.

La corrupción es, según todas las encuestas, uno de los principales problemas que angustia a nuestro pueblo. No hay reforma económica, ni programa social, ni discurso patriótico que resista cuando la gente percibe que el sistema está hecho para proteger a los corruptos y castigar a los honestos.

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En una analogía médica, lo ocurrido en el pleno no fue un simple episodio legislativo: fue un síntoma. Un síntoma de la grave enfermedad que hoy consume a nuestra sociedad, que es la corrupción. Y lo más doloroso es que quienes podrían contribuir a extirparla, prefieren recetar calmantes, aliviar el dolor momentáneo, en lugar de enfrentar la cirugía profunda que el país necesita para sanar de verdad.

Mientras la ciudadanía clamma por justicia, integridad y transparencia, los representantes del poder legislativo, que deberían liderar ese cambio, se atrincheran en la comodidad del hemiciclo y prefieren mantener las mismas condiciones que tantos rechazan.

Proteger a los informantes no es una concesión política. Nuestra Asamblea debería estar del lado de los valientes que se atreven a hablar, no de quienes se esconden detrás de tecnicismos para sostener el silencio cómplice.

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Este rechazo no detendrá el anhelo ciudadano de luchar contra la corrupción. Invito a mis colegas diputados a reflexionar sobre este tema y a retomar las mejoras que el proyecto, y muchos panameños, exigen.

Porque, al final, no hay democracia posible sin verdad, ni verdad posible sin quienes se atreven a contarla.