Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprueba créditos para el Miviot en medio de controversia

Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprueba créditos para el Miviot en medio de controversia

Este martes 19 de junio, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retomó sus sesiones para aprobar diversos traslados de partidas y créditos adicionales, incluyendo uno de $110,038 solicitado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). La solicitud generó un acalorado debate entre los funcionarios del Miviot y el diputado independiente Juan Diego Vásquez.

El diputado Vásquez cuestionó la claridad de la solicitud, señalando que gran parte del monto solicitado, un 60%, estaba destinado a gastos de representación fijo. Esto llevó a un intercambio de explicaciones entre Vásquez y los representantes del Miviot, quienes intentaban justificar el uso de los fondos para cubrir las vacaciones de funcionarios que no las habían tomado en años.

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José Batista, viceministro encargado, explicó que los fondos cubrirían las vacaciones de algunos funcionarios. Sin embargo, Vásquez insistió en que el desglose de los fondos no era claro y pidió más detalles. Ofilio Acosta, del departamento de finanzas del Miviot, mencionó que el gasto de representación correspondía a vacaciones pendientes, pero esta respuesta no satisfizo al diputado.

Vásquez continuó presionando por detalles, cuestionando si el Estado estaba incurriendo en un doble gasto al pagar tanto los salarios como las vacaciones no tomadas. El funcionario del Miviot detalló que a algunos altos funcionarios, como la viceministra Daniela Martínez y él mismo, se les adeudaban montos significativos por vacaciones no tomadas durante cinco años.

La discusión se centró en si la Contraloría General de la República estaba adecuadamente fiscalizando estos pagos, y si el Miviot estaba siguiendo las normativas correspondientes. A pesar de las preocupaciones expresadas, la Comisión aprobó el traslado de fondos.

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Este debate pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y fiscalización en el manejo de los recursos públicos, especialmente en lo que respecta a los beneficios y compensaciones de los funcionarios del Estado.