REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | agosto 23, 2024La condena de 60 meses de prisión impuesta al neonatólogo Iván Sierra Robles, por su presunta responsabilidad en la muerte de varios recién nacidos en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), ha desatado una ola de renuncias entre los jefes de servicios médicos en diversas instituciones de salud del país.
Los médicos argumentan que sus cargos actuales representan un riesgo para su integridad personal y profesional, además de comprometer su honor y el libre ejercicio de la medicina.
Entre los primeros en presentar su renuncia se encuentra Ricardo Sandoval, jefe del Servicio de Medicina Interna del mismo complejo hospitalario, quien expresó en su carta dirigida al subdirector médico, Alberto Mattatal, que su decisión se debe a la falta de respaldo jurídico por parte de la CSS, lo que dificulta una gestión segura y diligente en sus funciones. Sandoval mostró su solidaridad con Sierra Robles, calificando la condena como un “nefasto antecedente” para los profesionales de la salud.
Irina Caballero, jefa del Servicio de Paidopsiquiatría del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, también renunció en apoyo a su colega Sierra Robles, destacando en su misiva que el neonatólogo ha sido condenado injustamente por un hecho fuera de su control, sin el respaldo institucional necesario.
El Colegio Médico de Panamá y otras asociaciones gremiales han expresado su preocupación por el impacto que esta condena podría tener en la comunidad médica, señalando que la misma establece un precedente peligroso que podría afectar la confianza de los médicos en la gestión de sus responsabilidades. En un comunicado conjunto, los gremios han solicitado una revisión del caso y han instado a las autoridades judiciales a reflexionar sobre las consecuencias de esta decisión.
La indignación también se ha manifestado en redes sociales, donde médicos de diferentes especialidades han expresado su respaldo a Sierra Robles, argumentando que la condena es un error judicial que no toma en cuenta las circunstancias específicas del caso ni la falta de pruebas concluyentes. Xavier Sáez-Llorens, destacado infectólogo, calificó la sentencia como una “aberración jurídica” y resaltó que Sierra fue quien primero identificó la posible causa del problema, lo que permitió evitar más muertes.
Por su parte, Sandra López Vergès, investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, subrayó la importancia de realizar una investigación exhaustiva con la participación de expertos antes de emitir un juicio, advirtiendo que Sierra podría estar siendo utilizado como chivo expiatorio de un fallo sistémico.
Ante la creciente presión por parte de la comunidad médica y de la opinión pública, se ha solicitado que el proceso judicial sea revisado, dado que las evidencias científicas y las causas exactas de la muerte de los bebés no han sido plenamente aclaradas.