Condena ratificada contra Magallón por la desaparición de Héctor Gallego

Eugenio Magallón deberá cumplir 15 años de prisión por su rol en la desaparición del padre Héctor Gallego, confirma tribunal panameño

Después de más de tres décadas prófugo y tras años de lucha por justicia en uno de los casos más emblemáticos de la represión durante la dictadura militar en Panamá, Eugenio Magallón enfrentará finalmente la pena de prisión impuesta por su implicación en la desaparición forzada del sacerdote colombiano Héctor Gallego.

La tarde del martes 13 de mayo, el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, que abarca las provincias de Coclé y Veraguas, resolvió de manera unánime ratificar la condena de 15 años de prisión dictada contra Magallón en 1994. La decisión confirma que el delito que se le imputa —la desaparición y muerte de Gallego en 1971— constituye un crimen de lesa humanidad, y por tanto es imprescriptible bajo el derecho panameño e internacional.

Durante la audiencia, la defensa del ahora nonagenario exfuncionario, de 94 años, argumentó que el delito ya debía considerarse prescrito. Sostuvieron que habían pasado más de 30 años desde que se dictó la sentencia y que, según el Código Penal vigente en la época de los hechos, la pena máxima para homicidio era de 20 años. No obstante, los magistrados rechazaron esa tesis al recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, aun cuando se basen en normas penales de décadas atrás.

Por su parte, la fiscal Tania Sterling fue enfática al señalar que Magallón eludió de forma deliberada y prolongada el accionar de la justicia, permaneciendo en condición de prófugo durante 30 años. Esta conducta, sostuvo, no podía ser premiada con impunidad, y solicitó al tribunal que se ordenara el cumplimiento inmediato de la pena pendiente.

Los jueces coincidieron con el Ministerio Público y reiteraron la vigencia de la condena impuesta el 29 de abril de 1994. Sin embargo, la defensa legal de Magallón presentó una solicitud adicional: que su cliente, debido a su edad avanzada y estado de salud «muy precario», pueda cumplir la pena bajo arresto domiciliario. Esta solicitud no fue resuelta en la audiencia y deberá ser evaluada en una futura vista ante un juez de cumplimiento.

Magallón fue finalmente detenido el pasado 4 de mayo, tras haber sido buscado por las autoridades durante tres décadas. Su captura marcó un giro crucial en un caso que por años ha simbolizado la lucha contra la impunidad en Panamá. Al día siguiente de su detención, un juez de cumplimiento ordenó ejecutar la condena, pero la defensa apeló esa decisión, lo que motivó la audiencia de este 13 de mayo.

El sacerdote Héctor Gallego desapareció la noche del 9 de junio de 1971, cuando se encontraba en su residencia en Santa Fe, Veraguas. Según testimonios y documentos recopilados por la Comisión de la Verdad, una entidad que investigó crímenes cometidos durante el régimen militar (1968–1989), Gallego fue interceptado esa noche por agentes estatales. Fue herido durante la captura y trasladado posteriormente al cuartel conocido como Los Pumas, en Tocumen, donde se le perdió todo rastro.

En 2002, la Comisión de la Verdad halló restos óseos enterrados en el antiguo taller de mecánica del cuartel de Tocumen. Uno de los esqueletos fue identificado como el de Heliodoro Portugal, también desaparecido en 1971. Aunque se sospecha que entre los restos pudiera encontrarse el cuerpo de Gallego, aún no se ha podido confirmar de forma concluyente. Expertos han sugerido nuevos análisis forenses, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene previsto realizar pruebas adicionales en busca de una identificación definitiva.

Además de Magallón, otros dos militares fueron condenados por su participación en la desaparición del sacerdote: Melbourne Walker y Nivaldo Madriñán, ambos ya fallecidos. La condena contra Magallón representa la única aún pendiente de cumplimiento y su ejecución marca un hito en el reconocimiento oficial de los crímenes cometidos durante la dictadura.

La historia de Héctor Gallego, un sacerdote comprometido con los sectores campesinos y marginados, se ha convertido en un símbolo de resistencia y dignidad en la memoria colectiva panameña. Su desaparición, y la larga búsqueda de justicia, continúa interpelando a una sociedad que aún enfrenta las heridas abiertas de su pasado autoritario.