Confirmada condena de 8 años de prisión para exdefensora del pueblo por peculado agravado En una audiencia de apelación, la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público logró que se ratificara la
Confirmada condena de 8 años de prisión para exdefensora del pueblo por peculado agravado
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | junio 26, 2023Confirmada condena de 8 años de prisión para exdefensora del pueblo por peculado agravado
En una audiencia de apelación, la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público logró que se ratificara la sentencia condenatoria de 8 años, equivalentes a 96 meses de prisión, contra la exdefensora del pueblo, Patria Portugal, por el delito de peculado agravado.
El pasado 20 de junio, Portugal fue detenida por las autoridades judiciales luego de la solicitud de la Fiscalía y la posterior ejecución de la sentencia condenatoria en su contra. La exfuncionaria ocupó el cargo de Defensora del Pueblo entre los años 2011 y 2013 y fue declarada culpable en agosto de 2020 por el desvío de fondos en perjuicio de la Administración Pública y la Defensoría del Pueblo.
Durante la audiencia de apelación, celebrada este lunes 26 de junio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Anticorrupción Johaira González Castillo, mientras que la imputada contó con la defensa de la abogada Dixiana Lorena Acosta.
Los hechos del caso revelan que Portugal fue destituida por la Asamblea Nacional en agosto de 2013, luego de ser acusada de sobrecostos e irregularidades en la contratación directa de dos empresas relacionadas con el rediseño de la página web de la institución y una consultoría de cambio de imagen.
La investigación determinó que en abril de 2011, la exdefensora firmó un contrato por un valor de 249,845 dólares con la empresa Imaginarium Studio, S.A., para el rediseño de la página web. Además, en julio de 2013, se realizó otra contratación con la empresa En Avant, S.A., por un monto de 199,983 dólares para capacitaciones del personal.
La Fiscalía demostró que Portugal llevó a cabo estas contrataciones sin una justificación válida, alegando una «urgencia evidente», lo que permitió el desvío de fondos de la entidad y la contratación de una empresa sin experiencia comprobada, a pesar de contar con personal capacitado y con experiencia en la institución.
Tras un prolongado proceso penal, la exfuncionaria fue declarada culpable de peculado en agosto de 2020. En septiembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 96 meses de prisión. En diciembre de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de aclaración de la sentencia, manteniendo así la condena emitida por el Juzgado Liquidador Octavo Penal.
Con la confirmación de la condena, Portugal deberá cumplir una pena de 8 años de prisión por su participación en el delito de peculado agravado en perjuicio de la Defensoría del Pueblo.
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