Contraloría demanda ante la Corte contrato con Panama Ports por daños millonarios al Estado

La Contraloría General de la República presentó este miércoles dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato que desde 1997 rige la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal por parte de la empresa Panama Ports Company (PPC). Una de las acciones es por inconstitucionalidad y la otra por nulidad.

El contralor Anel Flores anunció la decisión, sustentada en los hallazgos de una auditoría que —según explicó— evidenció múltiples irregularidades contractuales y una relación lesiva para los intereses nacionales. “No solamente era un contrato malo, sino leonino, abusivo contra los intereses del país”, afirmó de manera tajante.

Flores agregó que su despacho tiene el deber de proteger los fondos públicos y actuar con firmeza ante posibles perjuicios económicos. El informe de auditoría, publicado en abril, estima que el Estado ha dejado de percibir al menos 1,337 millones de dólares debido a condiciones contractuales desfavorables y falta de transparencia.

El contrato original, firmado en 1997 bajo la administración de Ernesto Pérez Balladares, concedió a PPC la operación de los principales puertos del país por 25 años, con opción de renovación automática. Esta renovación se concretó en 2021, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, sin renegociación formal ni revisión de términos, pese a las críticas de diversos sectores.

“La relación con Panama Ports ha sido perjudicial”, sentenció el contralor. También advirtió sobre reportes internacionales que apuntan a transacciones multimillonarias con activos vinculados a PPC en las que Panamá no figura, pese a ser la propietaria de los puertos concesionados.

El anuncio se produce mientras se especula sobre la posible incorporación de la naviera estatal china Cosco al conglomerado liderado por BlackRock que busca adquirir 43 puertos de CK Hutchison, una movida que ha encendido alarmas geopolíticas y comerciales en la región.

La Contraloría espera que la Corte Suprema de Justicia admita ambas demandas en el corto plazo, con el objetivo de “corregir un daño histórico” y responder al clamor de la ciudadanía. “Los panameños no estamos de acuerdo ni complacidos con lo que ha vivido el país”, concluyó Flores.