La medida se mantendrá mientras la Procuraduría de la Administración determina si los funcionarios que participan en juntas directivas con derecho a voz, pero sin voto, deben ser clasificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Contraloría suspende temporalmente participación de sus representantes en juntas directivas
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | octubre 7, 2026Escucha este artículo
Panamá en Directo | Contraloría suspende temporalmente participación de sus representantes en juntas directivas
La institución solicitó un pronunciamiento jurídico a la Procuraduría de la Administración para aclarar si sus funcionarios deben ser clasificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP), conforme a las disposiciones vigentes.
La Contraloría General de la República anunció este miércoles 7 de octubre la suspensión temporal de la participación de sus representantes en distintas juntas directivas, mientras espera una respuesta de la Procuraduría de la Administración sobre la aplicación de las normas que regulan la clasificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La decisión surge ante la necesidad de establecer si los funcionarios que integran estos organismos únicamente en representación institucional, con derecho a voz, pero sin voto, deben quedar comprendidos dentro de esta categoría.
Según explicó la entidad mediante un comunicado, el Acuerdo N.° 1-2025 de la Superintendencia de Bancos establece una guía de cargos considerados políticamente expuestos, entre los que figuran integrantes de juntas directivas de instituciones gubernamentales, empresas estatales y determinadas sociedades de capital mixto.
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Sin embargo, la Contraloría plantea una particularidad respecto a sus representantes, quienes participan en algunas de estas instancias sin intervenir directamente en la toma de decisiones, debido a que no tienen derecho a voto.
Ante esta situación, y tomando en cuenta las disposiciones regulatorias introducidas durante 2026, la institución elevó una consulta formal a la Procuraduría de la Administración para determinar el alcance de la normativa y su aplicación específica a estos funcionarios.
La suspensión se mantendrá mientras se recibe el criterio jurídico correspondiente. La Contraloría precisó que se trata de una medida preventiva destinada a garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el cumplimiento de las disposiciones legales.
La entidad sostuvo que sus actuaciones continuarán sujetas a los principios de prudencia institucional y al marco normativo que regula el ejercicio de la función pública.
Por el momento, el comunicado no precisa cuántos funcionarios están afectados por la suspensión ni identifica las juntas directivas en las que participan.
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