Controversia por solicitud de anulación de informe de perito en caso Odebrecht-Tocumen

Controversia por solicitud de anulación de informe de perito en caso Odebrecht-Tocumen

En el último capítulo de la larga disputa entre Odebrecht y Tocumen, una nueva controversia ha surgido en torno a la solicitud de anulación presentada por la empresa brasileña al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TAPC). Odebrecht busca invalidar el informe presentado por el perito José Ramón Icaza, designado por Tocumen para investigar las razones que llevaron a la resolución del contrato de construcción de la terminal aérea, valorado en 917 millones de dólares, cuando el proyecto ya estaba en un 99% de avance.

Según Odebrecht, Icaza no entregó su informe en la fecha establecida por el TAPC, el 14 de junio. Para respaldar su acusación, la empresa presentó un testigo que afirmó que el informe del perito no había sido recibido hasta un mes después de la fecha límite. Odebrecht también solicitó revisar las cámaras de seguridad del TAPC, una solicitud que fue aceptada por el magistrado Luis Mariscal.

Tras verificar el archivo de vigilancia correspondiente al 14 de junio, los técnicos determinaron que el testigo presentado por Odebrecht abandonó las oficinas del TAPC a las 2:41 p.m. y no regresó a las 4:00 p.m., como había afirmado. Si bien en el acta de inspección se constató que Icaza no entregó personalmente el informe, se verificó que este fue entregado por un tercero.

Ante estos resultados, la firma Morgan & Morgan, representante legal de Tocumen en el caso, acusó a Odebrecht de presentar argumentos falsos para sembrar dudas en el proceso. La firma solicitó al tribunal que remita copias al Ministerio Público para investigar posibles delitos derivados de esta conducta y continuar con el recurso de apelación con la debida celeridad.

En su informe, el perito Icaza determinó que los retrasos en el proyecto comenzaron desde la tercera adenda en 2018, cuando Odebrecht empezó a enfrentar problemas de liquidez. Según Icaza, los retrasos se volvieron constantes a partir de entonces, lo que requirió la firma de nuevas adendas debido a los pocos avances. La falta de liquidez llevó a la empresa brasileña a enfrentar demandas de proveedores y subcontratistas, además de ocasionar la pérdida de personal técnico necesario para continuar con la ejecución del proyecto.

Aunque Odebrecht argumenta que la pandemia impidió la finalización de los trabajos pendientes, Icaza advierte que, al momento de declararse la emergencia sanitaria, el proyecto ya tenía un avance físico superior al 99.8%. Por lo tanto, el perito sostiene que no se justifica el incumplimiento de los plazos acordados en la octava adenda.

A pesar de aceptar realizar las pruebas solicitadas por Odebrecht para determinar si Icaza entregó su informe, el magistrado Mariscal dejó en claro que estas pruebas no impedirán que el informe de Icaza sea considerado como parte de las pruebas que permitirán determinar si Tocumen tenía la facultad administrativa de anular el contrato o si los retrasos en la construcción no fueron responsabilidad del contratista brasileño.

La disputa entre Odebrecht y Tocumen continúa y se espera que el tribunal tome una decisión fundamentada en las pruebas presentadas por ambas partes. Mientras tanto, el futuro de la construcción de la nueva terminal de pasajeros y los recursos involucrados en el proyecto siguen en el aire, generando incertidumbre sobre su conclusión y las posibles repercusiones legales.