Corte Suprema avala proyecto para pago de prima de antigüedad a servidores públicos

La Corte Suprema de Justicia ha declarado que el proyecto de Ley 726 de 2021, que establece la creación de un Certificado Negociable para el Pago de Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos (Ceppan), no es inconstitucional. Esta decisión permite que la propuesta, previamente vetada por el expresidente Laurentino Cortizo, continúe su curso legal.

Bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, la Corte determinó que la norma no contraviene la Constitución, desestimando así los argumentos presentados en su contra. Entre las principales objeciones del veto presidencial se encontraba la supuesta falta de claridad sobre el mecanismo de pago de la prima de antigüedad mediante estos certificados. Además, se alegaba que el proyecto vulneraba la Constitución al disponer la creación de una oficina temporal dentro de la Contraloría General de la República, lo que se consideraba una intromisión en sus funciones establecidas en los artículos 279 y 280 de la Carta Magna.

Otro punto de preocupación expresado en el veto fue la falta de estudios que permitieran evaluar el impacto financiero de la medida en el Presupuesto General del Estado y en el cumplimiento de los límites de endeudamiento y déficit fiscal. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema despeja el camino para que el proyecto de Ley 726 pueda ser debatido nuevamente y potencialmente aprobado para su implementación.

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El edicto No.123, publicado el 29 de enero, oficializa la resolución del Pleno de la Corte y notifica a las partes involucradas sobre el fallo, lo que representa un avance en la discusión de este mecanismo de pago para los servidores públicos.