Crece la tensión entre México y E. U. tras el acuerdo secreto con el hijo del Chapo Guzmán

La reciente entrega voluntaria de 17 miembros del entorno familiar de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, a agentes del FBI en territorio estadounidense, ha encendido alarmas tanto dentro del gobierno mexicano como entre la opinión pública. La situación ha adquirido tintes de escándalo diplomático, pues según distintas fuentes, esta acción estaría vinculada a un acuerdo judicial que el propio Ovidio habría negociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El ministro de Seguridad federal, Omar García Harfuch, expresó con firmeza su malestar al considerar que cualquier beneficio que reciba Ovidio Guzmán por parte de Estados Unidos sería “lamentable”, en vista del enorme sacrificio que representó su captura. En declaraciones para el programa de Radio Fórmula, Harfuch recordó que la operación para detener al capo —conocido como “El Ratón”— fue ejecutada íntegramente por fuerzas mexicanas, principalmente el Ejército, y que en ella perdieron la vida agentes del orden. “Ovidio está en Estados Unidos. Es importante que la gente recuerde quién lo detuvo. Lo detuvieron cien por ciento autoridades mexicanas”, subrayó el funcionario.

La operación a la que se refiere Harfuch tuvo lugar en enero de 2023, en medio de intensos enfrentamientos con el brazo armado del Cártel de Sinaloa. La captura de Guzmán fue presentada por el gobierno como un símbolo de soberanía y determinación en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, la narrativa se ha visto alterada tras conocerse que, el pasado 6 de mayo, Ovidio llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para declararse culpable de múltiples cargos de narcotráfico. Este acuerdo incluye su disposición a evitar un juicio público a cambio de una posible reducción de condena, y —según informes extraoficiales— fue condicionado a la presencia de su núcleo familiar más cercano en Estados Unidos.

La prensa mexicana reportó que entre los 17 familiares que cruzaron la frontera en Tijuana y se entregaron voluntariamente al FBI, se encuentra Griselda López Pérez, madre de Ovidio y exesposa de “El Chapo”. La llegada del grupo a territorio estadounidense ha causado molestia en la Presidencia mexicana, que asegura no haber sido informada formalmente sobre los términos del pacto ni sobre el ingreso de los familiares del narcotraficante.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó públicamente su descontento con la actuación de Washington. “No tenemos información oficial. Que digan por qué entró esta familia”, declaró ante medios de comunicación. La mandataria hizo un llamado al respeto y a la colaboración entre países vecinos, recordando que la lucha contra el crimen organizado debe ser una causa compartida y basada en la confianza mutua.

La polémica no termina ahí. La periodista de investigación Anabel Hernández ha revelado posibles vínculos entre los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la familia Guzmán. En declaraciones recientes, Hernández sostuvo que las autoridades estadounidenses ya estarían al tanto de estos presuntos lazos, basándose en testimonios de informantes cercanos a las investigaciones. La periodista mencionó que durante los primeros meses del mandato de AMLO, el paradero de sus hijos Andrés y José Ramón fue motivo de inquietud presidencial, y que habrían sido localizados en Sinaloa, específicamente en compañía de Iván Archivaldo Guzmán, uno de los principales cabecillas de “Los Chapitos”.

Estas revelaciones, aún no confirmadas oficialmente, han añadido un nuevo nivel de complejidad al caso. En México, algunos sectores de la prensa y la política exigen transparencia tanto en torno al acuerdo judicial con Ovidio Guzmán como sobre la presunta cercanía entre figuras del poder político y los cárteles de la droga.

Por ahora, las autoridades mexicanas enfrentan un dilema: por un lado, reafirmar su papel como protagonistas en la lucha contra el crimen transnacional; por otro, contener una posible crisis de confianza con su principal socio en materia de seguridad regional. Mientras tanto, la opinión pública sigue esperando respuestas claras y un enfoque coordinado que no diluya los esfuerzos realizados en los últimos años para desmantelar a una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio.