Críticas por debilidades en transparencia en el proceso de selección de procuradores

El proceso de selección del Procurador General de la Nación, realizado en octubre pasado, cumplió con los requerimientos legales pero dejó en evidencia serias debilidades en transparencia y en la percepción de independencia, según un informe de veeduría presentado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI).

Luis Carlos Gómez Rudy, abogado designado por el presidente José Raúl Mulino, fue ratificado por unanimidad en la Asamblea Nacional, pero su estrecha relación con el mandatario generó cuestionamientos. Gómez Rudy, quien previamente fue asesor en la Presidencia y abogado defensor de Mulino en casos judiciales, fue señalado por su posible falta de imparcialidad.

El informe, presentado el 10 de diciembre, resaltó la limitada participación ciudadana como uno de los mayores problemas del mecanismo de selección. Simón Tejeira, coordinador de proyectos de FDLC-TI, describió esta situación como «la pata floja» del proceso, señalando que no se consultó a la sociedad civil ni se empleó el mecanismo ideado por el Pacto de Estado por la Justicia. Este modelo buscaba incorporar la participación de actores diversos para garantizar procesos más transparentes e independientes.

Además, el informe destacó que la discrecionalidad presidencial en estos nombramientos afecta la confianza pública y genera la percepción de falta de independencia institucional. A pesar de que los nombramientos cumplieron con las formalidades legales, los expertos subrayan la necesidad de reformas profundas para fortalecer el proceso.

El evento de presentación del informe incluyó la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes reflexionaron sobre la necesidad de garantizar instituciones fuertes e independientes. Farah Urrutia, exsecretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, destacó la inestabilidad histórica en el cargo de Procurador en Panamá, donde desde 1906 ha habido 30 titulares con un promedio de menos de cuatro años por mandato.

El panel final, titulado «Nombramientos e Independencia: Impactos en la justicia y en los derechos humanos», reunió a figuras como la exprocuradora Ana Matilde Gómez y el periodista Rolando Rodríguez, quienes coincidieron en la urgencia de establecer mecanismos que reduzcan la discrecionalidad y fortalezcan la institucionalidad democrática.