CSS denuncia el desvío de más de dos mil millones de dólares sin autorización legal

En una acción sin precedentes, la Caja de Seguro Social (CSS) presentó este jueves 15 de mayo una serie de denuncias formales ante el Ministerio Público, señalando la existencia de millonarias transferencias ilegales de fondos realizadas durante más de una década, tanto entre programas internos de la institución como hacia el Gobierno central. Las querellas fueron introducidas por el director nacional de Asesoría Legal de la CSS, el abogado Franklin Castrejón Aguilera, quien brindó detalles preocupantes sobre la magnitud y naturaleza de estas transacciones.

Según lo revelado por Castrejón, entre los años 2010 y 2023 se efectuaron traspasos sistemáticos de recursos desde los programas de Enfermedad y Maternidad, así como desde el programa de Riesgos Profesionales, hacia el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), acumulando un total aproximado de 2,000 millones de dólares transferidos sin el consentimiento de la junta directiva, como exige la ley.

“El traslado de fondos entre programas de la Caja está expresamente prohibido por la legislación vigente”, advirtió Castrejón, quien explicó que ni la antigua Ley 51 ni la actual Ley 462 contemplan facultades para realizar estos movimientos financieros sin la aprobación expresa de los órganos colegiados de la CSS.

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Además, la administración actual ha detectado otra práctica igualmente grave: la transferencia directa de recursos al Gobierno central. Esta operación, también ejecutada sin autorización de la junta directiva, habría ocurrido entre 2023 y 2024 por un monto estimado en 400 millones de dólares. “Estamos hablando de fondos que pertenecen a programas específicos y que fueron desviados sin sustento legal alguno. La ley es clara al prohibir este tipo de movimientos. Es una desviación de fondos públicos en toda regla”, sentenció Castrejón.

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Pero los señalamientos no se detienen allí. En otro frente de irregularidades, la CSS identificó la retención ilegal de cuotas obrero-patronales. De acuerdo con el director legal, en octubre de 2023 se encontraron más de 7,000 expedientes pendientes relacionados con el incumplimiento del pago de estas obligaciones, tanto por parte de empresas privadas como de entidades públicas.

“Estamos hablando de al menos 120 municipios y alcaldías que figuran como morosos, acumulando una deuda conjunta cercana a los 21 millones de dólares”, detalló Castrejón. A la fecha, la institución ha presentado 350 denuncias formales contra empleadores por un monto total aproximado de 8.5 millones de dólares en cuotas no pagadas.

El funcionario no especificó los nombres de las personas naturales o jurídicas incluidas en las querellas, argumentando que será el Ministerio Público quien deba realizar las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales o administrativas derivadas de estos hechos.

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La presentación de estas denuncias se suma a otras investigaciones que actualmente enfrenta la CSS. Uno de los casos más delicados tiene que ver con la desaparición de viales de fentanilo, un opioide de alta potencia y uso controlado. “Hace apenas dos días, el Ministerio Público estuvo realizando diligencias en una de nuestras unidades ejecutoras, específicamente en un hospital, revisando la trazabilidad de estos medicamentos”, indicó Castrejón. La CSS ha colaborado abiertamente con las autoridades judiciales para facilitar la recolección de pruebas.

También se encuentra en proceso una investigación relacionada con medicamentos vencidos, cuyo valor total asciende a aproximadamente 2.5 millones de dólares. “Ya se han realizado interrogatorios y otras actuaciones judiciales, por lo que esperamos tener pronto respuestas más concretas respecto al destino y manejo de estos productos farmacéuticos”, agregó.