Dana Castañeda congela movimientos de personal en medio de auditorías por corrupción

En medio de una tormenta institucional provocada por denuncias de corrupción y manejos opacos de fondos públicos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, ha tomado la medida de suspender de manera inmediata todos los movimientos de personal, modificaciones en la estructura organizativa, traslados y trámites de vacaciones dentro del órgano legislativo. La decisión quedó formalizada a través de una circular interna emitida el 15 de mayo, en respuesta directa a las auditorías que actualmente adelanta la Contraloría General de la República en la Asamblea.

La orden emitida por Castañeda detalla que quedan suspendidos los traslados internos, préstamos de personal entre dependencias, licencias, así como cualquier ajuste en la estructura laboral vigente. Esta disposición se mantendrá en efecto hasta nuevo aviso, mientras se desarrolla el proceso de fiscalización. Además, se ha recalcado que los jefes inmediatos serán directamente responsables de hacer cumplir el reglamento interno de la Dirección de Recursos Humanos y de aplicar sanciones administrativas en caso de incumplimiento.

Aunque el comunicado no especifica la duración ni el alcance completo de la auditoría, queda claro que la medida busca facilitar las tareas del equipo fiscalizador y evitar movimientos que puedan interferir con la verificación de información o dificultar la trazabilidad de las contrataciones realizadas en los últimos años.

Esta intervención ocurre apenas días después de que la Contraloría publicara, por primera vez, el detalle completo de la planilla que administra cada uno de los 71 diputados, una revelación que desató un nuevo capítulo en el ya prolongado debate sobre la transparencia y el uso del dinero público en la Asamblea. De acuerdo con esos datos, actualmente hay aproximadamente 4,000 funcionarios registrados en la planilla del órgano legislativo, con un costo mensual cercano a los 7 millones de dólares para el Estado panameño.

Los números han puesto bajo la lupa, especialmente, a la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), compuesta por apenas 12 diputados, pero responsable de la planilla más costosa de todas las agrupaciones políticas. Este grupo reporta más de 700 colaboradores, con un gasto mensual superior a 1.2 millones de dólares.

Dentro de ese grupo, el caso más llamativo es el del propio presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson, quien registra en su despacho a 145 personas, lo que representa una erogación mensual de $261,225. Le siguen, también dentro del PRD, Marcos Castillero con 150 funcionarios a su cargo y un gasto de $226,282; Jaime Vargas con 82 empleados y $164,120; y Crispiano Adames con 63 personas y un costo de $122,850.

El análisis de estas cifras no solo ha puesto el foco en el gasto desproporcionado, sino que ha revivido cuestionamientos sobre la cultura institucional de opacidad y discrecionalidad que por años ha rodeado al Parlamento panameño. Numerosos sectores han denunciado la escasa fiscalización del uso de fondos públicos dentro de la Asamblea, una situación que ahora se ve amplificada por hallazgos concretos de la Contraloría.

El propio contralor de la República, Anel Flores, reveló recientemente que más de 400 personas serán remitidas al Ministerio Público tras ser señaladas por cobrar salarios sin asistir a trabajar, una práctica conocida popularmente como la de los “botellas”. De acuerdo con Flores, estos hallazgos no solo comprometen a funcionarios activos, sino también a exdiputados, trabajadores administrativos e incluso familiares de legisladores que han sido incorporados a las planillas.

«Todo el mundo se conoce. En ese edificio no caben 1,500 personas. Y el día que llegamos había casi 3,000», declaró Flores, señalando la magnitud de la red de irregularidades detectadas. Según indicó, ya han obtenido testimonios de testigos internos que han identificado con nombre y apellido a personas que figuran en la nómina pero no se presentan a laborar.

Como parte del proceso de verificación, durante las últimas dos quincenas, los pagos de salarios se han realizado a través de cheques —en lugar de los tradicionales depósitos bancarios— con el propósito específico de obligar a los supuestos trabajadores a presentarse físicamente a recibir sus remuneraciones y así contrastar la información de la planilla.

En este contexto, la medida adoptada por la presidenta de la Asamblea se perfila como un intento por contener la presión institucional y alinear el funcionamiento interno del Parlamento con los requerimientos de la auditoría en curso. No obstante, la profundidad de las revelaciones y el impacto político que podrían tener los hallazgos de la Contraloría apenas comienzan a manifestarse.