Demanda presentada por el Mitradel para disolver al Suntracs por desviarse de sus fines

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) presentó el 17 de julio una demanda ante la Primera Sección del Juzgado de Trabajo en Plaza Edison para que se declare judicialmente la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). La acción se fundamenta en el artículo 392 del Código de Trabajo, que permite disolver una organización social cuando ésta se aparta de manera evidente y permanente de los fines para los que fue constituida, y se respalda en 45 piezas de prueba, desde certificaciones oficiales hasta recortes de prensa, que documentan paros, bloqueos, enfrentamientos con la policía y amenazas a autoridades públicas.

Los argumentos de la demanda

El escrito, firmado por la abogada María Fábrega en representación del Mitradel, sostiene que Suntracs ha dejado de cumplir los objetivos estatutarios de defender los derechos de sus afiliados y promover mejores condiciones laborales para dedicarse a “actos de vandalismo, caos y anarquismo” como bloqueos de carreteras, cierre de obras públicas y paralizaciones sin los requisitos que exige la ley. Entre los hechos descritos se enumeran movilizaciones que degeneraron en enfrentamientos violentos, daños a infraestructuras y amenazas de tomar por la fuerza oficinas estatales.

El ministerio subraya que estas conductas constituyen una desviación permanente de los fines sindicales y alteran el orden público. Cita como precedentes el artículo 68 de la Constitución, que obliga a la disolución judicial y no administrativa de un sindicato cuando éste se aparta de sus fines, y decisiones del Tribunal Superior de Trabajo según las cuales la pérdida de legitimidad de actuación de un sindicato ocurre cuando sus acciones reiteradas transgreden el marco legal que justifica su reconocimiento.

Además, la demanda incluye el sonado caso del proyecto turístico Red Frog, en Bocas del Toro. Según el documento, Suntracs paralizó el proyecto sin causa laboral legítima, provocó la quiebra de la empresa y luego se apoderó de los terrenos otorgados a los trabajadores para utilizarlos como garantía de un préstamo de 3 millones de dólares que nunca se pagó. Los dirigentes, acusados de estafa agravada, blanqueo de capitales y otros delitos, son parte de las causas penales que figuran como pruebas.

Postura del Gobierno

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, afirmó en rueda de prensa que la organización ha incurrido en extorsión, abuso de poder y uso indebido de recursos. “Los directivos del Suntracs manejaron la organización con vicios mafiosos para beneficio económico de sus líderes, usando como pantalla la defensa de los derechos laborales” declaró. Aseguró que Panamá necesita “sindicatos fuertes, no estructuras de poder paralelas disfrazadas de lucha social”

Muñoz defendió que la petición se sustenta en un análisis jurídico y técnico y que no persigue al sindicalismo: “El Código de Trabajo establece que cuando una organización social se aparta constantemente de los fines por los que fue creada es causal para solicitar su disolución. Bajo la fachada de una organización sindical se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos”nodal.am. Según la ministra, la decisión de disolver el sindicato estará en manos de la justicianodal.am.

Respuesta del sindicato

Suntracs, rechazó la acusación. A través de un comunicado, el gremio afirmó que todavía no conoce el contenido de la demanda, pero adelantó que se defenderá “en el plano legal, mediático y político”. Su abogado, Antonio Vargas, sostuvo que la Constitución y el Código de Trabajo establecen que no se puede disolver un sindicato administrativamente; el Gobierno tendrá que probar sus señalamientos ante el juez. “Siempre hemos defendido a los trabajadores, con la mejor convención colectiva del país”, añadió Vargas. Para Suntracs, la demanda es un acto de persecución política del presidente José Raúl Mulino, y advierte que en Panamá “no hay democracia sin libertad sindical”.

En una grabación difundida en redes sociales, un miembro de la organización señaló que la disolución no se logra “traqueando los dedos” y que los obreros darán la batalla porque la demanda implicará un largo proceso judicials.

Próximos pasos

Marlon Del Cid, subdirector de Empleo del Mitradel, explicó que el proceso se tramita por la vía abreviada y que cualquier fallo del Juzgado Seccional de Trabajo puede apelarse ante el Tribunal Superior de Trabajo. Si las partes recurren, se podrá presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Del Cid aclaró que, de aprobarse la disolución, no se desconocerán las convenciones colectivas ni las conquistas laborales ya pactadas.

El caso se desarrolla en un contexto de tensión social marcado por las masivas protestas contra la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) que protagonizaron docentes y obreros entre abril y mayo. Tras la fuga del secretario general Saúl Méndez —asilado desde mayo en la embajada de Bolivia— y la detención de otros dirigentes, las movilizaciones se desinflaron y hoy el sector construcción ha retomado labores. Sin embargo, la solicitud de disolución promete avivar el debate sobre el futuro del movimiento obrero y la relación del gobierno con las organizaciones sindicales.