Estado pacta indemnización millonaria por cancelación del proyecto del Oncológico

El Consejo de Gabinete dio luz verde a un acuerdo entre el Estado panameño y el Consorcio Nuevo ION de Panamá, con el objetivo de resolver una disputa derivada de la cancelación anticipada del contrato para la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional.

La decisión se formalizó mediante la Resolución N.° 36-26, que autoriza al Ministerio de Salud (Minsa) a suscribir un acuerdo transaccional para compensar los daños y perjuicios reclamados por el consorcio, tras la terminación unilateral del proyecto.

El grupo empresarial involucrado está integrado por Acciona Construcción, S.A. —antes conocida como Acciona Infraestructuras— y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH). Según lo aprobado, el Estado pagará un total de B/.14,979,484.37, monto que será desembolsado en dos partes iguales: la mitad en 2026 y el resto en 2027.

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El origen del conflicto se remonta a 2013, cuando se licitó la obra del nuevo hospital oncológico. Un año después, el 4 de abril de 2014, el contrato fue adjudicado al consorcio, y la orden de proceder se emitió el 30 de junio de ese mismo año. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2014, el Minsa solicitó al Consejo de Gabinete la cancelación del contrato, decisión que fue respaldada mediante la Resolución de Gabinete N.° 184 en esa misma fecha.

Tras varios años sin resolución definitiva, el consorcio presentó el 28 de junio de 2024 una demanda arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), en la que reclamaba una indemnización superior a los B/.70 millones.

Como parte de los intentos por evitar un proceso prolongado, ambas partes acordaron establecer una mesa técnica para analizar la reclamación y buscar una salida negociada. En ese contexto, el 9 de agosto de 2024, el contratista solicitó la suspensión del arbitraje, petición que fue aceptada por la ICC y que se mantiene vigente mientras se formaliza el acuerdo.

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El arreglo cuenta con el aval de la Procuraduría General de la Nación, que consideró viable la vía transaccional dentro del proceso arbitral internacional, dejando en manos del Consejo de Gabinete la decisión final sobre su aprobación tanto en términos legales como financieros.