Exvicepresidente José Gabriel Carrizo enfrenta audiencia judicial tras su detención

La situación legal del exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén entra este miércoles en una nueva fase al enfrentar una primera audiencia en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo fue detenido a su llegada al país, luego de regresar desde Guatemala, donde buscaba concretar su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). El exvicepresidente arribó en el primer vuelo disponible y quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción.

A su llegada, Carrizo afirmó que optó por retornar voluntariamente para enfrentar el proceso. “Decidí venir a Panamá y dar la cara. Soy inocente y esto es una persecución política”, manifestó ante medios de comunicación.

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El intento de juramentación en el Parlacen no llegó a materializarse. Ese acto era clave, ya que de haberse concretado le habría permitido adquirir la investidura parlamentaria y, con ella, las prerrogativas asociadas al cargo, incluida la inmunidad. En ese escenario, cualquier investigación penal habría debido tramitarse mediante un procedimiento especial ante la Corte Suprema de Justicia, y no en la jurisdicción penal ordinaria.

Según su equipo legal, Carrizo decidió regresar al país luego de conocer, a través de informaciones públicas, que existía una orden de aprehensión en su contra. Su abogado Víctor Orobio aseguró que el exvicepresidente renunció a un derecho constitucional para someterse al proceso judicial. “No tiene nada que ocultar y por eso vuelve al país”, sostuvo.

La orden de aprehensión fue emitida el 26 de enero de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, mediante un oficio firmado por la fiscal superior Adela Cedeño, dentro de una investigación por delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

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La defensa cuestiona tanto la legalidad como la necesidad de la medida. Orobio calificó la aprehensión como desproporcionada y afirmó que su cliente no representaba riesgo de fuga ni obstaculización del proceso. Además, denunció la apertura de una nueva carpeta de investigación en reserva, sin notificación previa a la defensa, pese a que —según indicó— existen otras investigaciones activas sobre los mismos hechos en las que ya se habían presentado pruebas.

En la misma línea, el abogado Adecio Mojica señaló que se trata de múltiples investigaciones por un supuesto hecho único y recordó que se han realizado verificaciones patrimoniales en diversas entidades bancarias del país.

De manera paralela al proceso penal, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto superior a 1.3 millones de dólares, como parte de una auditoría patrimonial. La institución informó que se trata de un trámite administrativo y que el expediente es confidencial.

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La defensa sostiene que un señalamiento inicial cercano a los tres millones de dólares fue sustentado con documentación contable y peritajes financieros, y cuestiona que esas justificaciones no se reflejen en los informes oficiales.

Antes de su aprehensión, Carrizo presentó un recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia para frenar las medidas administrativas de la Contraloría, al considerar que vulneran derechos fundamentales.

La audiencia programada para este miércoles definirá los próximos pasos del proceso, mientras el equipo legal anunció que solicitará que la aprehensión sea declarada ilegal.