Gabinete aprueba recorte presupuestario de B/.1,900 millones para preservar la estabilidad fiscal

Con el objetivo de estabilizar las finanzas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas sociales del Estado, el Consejo de Gabinete aprobó este martes un paquete de medidas fiscales y administrativas que contempla un recorte de hasta B/.1,900 millones en el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2025.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en una conferencia de prensa en la que detalló que la Resolución 57-25, aprobada por el Gabinete, busca contener el gasto público ante un escenario de ingresos insuficientes frente al volumen de gasto autorizado.

Según explicó Chapman, del total del ajuste, B/.426.5 millones corresponden a gastos de funcionamiento y B/.1,473.5 millones a inversión. El mayor impacto recaerá sobre el Gobierno Central, con una reducción de B/.1,536 millones. También se verán afectados las instituciones descentralizadas (B/.298.8 millones), los intermediarios financieros (B/.36.5 millones) y las empresas públicas (B/.28.7 millones).

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“El objetivo es garantizar una política fiscal prudente y sostenible, respetando el límite de déficit fiscal permitido para este año, que es del 4% del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero”, afirmó el titular del MEF.

Las medidas se implementarán en coordinación con las distintas entidades públicas, que deberán efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes. El documento será remitido a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la Contraloría General de la República y a otras entidades competentes.

Chapman subrayó que el ajuste es una respuesta necesaria frente a una disminución proyectada de los ingresos estatales y al creciente peso de gastos inflexibles, como los aumentos salariales automáticos. En el último año, estos aumentos han representado un costo fiscal de US$324 millones, mientras que otros gastos rígidos sumaron US$1,282 millones.

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En los últimos cinco años, los aumentos automáticos han tenido un impacto acumulado de US$1,381 millones, y de no corregirse la normativa vigente, el costo podría superar los US$10,000 millones para 2030, advirtió el ministro.

A pesar de la magnitud del recorte, el Gobierno ha decidido no tocar los programas sociales que benefician a los sectores más vulnerables, incluyendo subsidios al consumo eléctrico, gas para cocinar, el programa 120 a los 65, becas, transporte, y subsidios a la vivienda, entre otros.

Chapman reiteró el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal, destacando que la meta es proteger la sostenibilidad financiera sin comprometer el desarrollo económico ni los derechos de los sectores más necesitados.

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